Un amigo mío trabaja para el sector público, concretamente en el transporte público. Cuando le pedí que me dijera qué valor veía en el «transporte público» para la sociedad, me contestó,
Debes de ser de la Edad de Piedra. El transporte público cumple una función importante. Proporciona transporte a la gente que no puede permitirse las soluciones privadas, y también resuelve el problema de la congestión y la contaminación en las ciudades abarrotadas. Y puede hacer algunas de estas cosas mejor que la empresa privada, sobre todo en lo que respecta a los pobres alejados de los puestos de trabajo.
Pero, ¿cómo funciona exactamente el sector privado? Mucha gente piensa que el beneficio es una palabra sucia, algo explotador. Atribuyen juicios morales a las empresas que buscan beneficios. Sin embargo, el concepto de beneficio, especialmente cuando se combina con su corolario (pérdida), tiene un valor social.
Como dijo Ludwig von Mises: «En el sistema capitalista de organización económica de la sociedad, los empresarios determinan el curso de la producción. En el desempeño de esta función, están incondicional y totalmente sometidos a la soberanía del público comprador, los consumidores.»
Además, el libre mercado es la forma más pura de democracia:
Los consumidores, con sus compras y su abstención de comprar, eligen a los empresarios en un plebiscito que se repite a diario, por así decirlo. Determinan quién debe ser propietario y quién no, y cuánto debe poseer cada propietario. . . . La elección no es inalterable y puede corregirse diariamente. . . . Cada voto de los consumidores añade sólo un poco a la esfera de acción del elegido. Para alcanzar los niveles superiores del empresariado necesita un gran número de votos, repetidos una y otra vez durante un largo período de tiempo, una prolongada serie de golpes exitosos. Debe someterse cada día a una nueva prueba, debe someterse de nuevo a la reelección, por así decirlo.
En la economía moderna, el cálculo monetario permite a los participantes saber si están produciendo valor y cuál puede ser el valor de su «capital» porque les permite calcular los beneficios y las pérdidas. Así, en el sector privado, las decisiones que afectan a los recursos limitados (escasos) de la economía, como los que se utilizan para el transporte público, se toman aplicando esta prueba de pérdidas y ganancias a los planes empresariales. De este modo se garantiza que los consumidores obtengan efectivamente las cosas que necesitan con mayor urgencia, que es lo que Mises denomina el principal problema económico.
También garantiza que el capital esté en las mejores manos, es decir, en las de quienes saben cómo suministrar esos bienes que se necesitan con mayor urgencia con el mayor beneficio. Así, los empresarios de éxito se convierten cada vez más en los administradores de ese capital para que se destine a sus fines más valiosos.
Y lo que es más importante, el capital debe ser valorado por el consumidor: «El beneficio y la pérdida se generan por el éxito o el fracaso en ajustar el curso de las actividades de producción a la demanda más urgente de los consumidores».
Los departamentos públicos, al eludir la prueba de pérdidas y ganancias, pueden no satisfacer eficazmente las necesidades de los consumidores. Esto puede llevar a una mala asignación de recursos y al despilfarro de capital.
Pero ¿qué estructura de incentivos, se pregunta Mises, existe en el sector público que apunte al problema económico primario? «Ningún bien debe quedar sin producir por el hecho de que los factores necesarios para su producción se hayan utilizado —desperdiciado— para la producción de otro bien cuya demanda por parte del público sea menos intensa».
Verás, el problema no es simplemente si el gobierno está proporcionando cosas que la gente necesita, sino si está proporcionando esas cosas sin sacrificar algo que la gente necesita más.
Esencialmente, como el gobierno ignora los beneficios y las pérdidas, «están, dentro de los límites trazados por la cantidad de capital a su disposición, en posición de desafiar los deseos del público».
El sistema de precios del sector privado permite calcular el valor de un servicio en comparación con otros bienes de la sociedad. Pero al prescindir de este sistema, los servicios públicos eliminan una herramienta fundamental que ayuda a priorizar los recursos escasos y a comprender las necesidades de los consumidores en la sociedad.
Además, la empresa privada es responsable ante sus consumidores y accionistas.
Los servicios prestados por el gobierno, como monopolios, suelen conducir al estancamiento y a una menor productividad debido a la falta de competencia. Los monopolios estatales también corren el riesgo de distorsionar los beneficios al incentivar comportamientos de búsqueda de rentas y otros posibles abusos debido a la desconexión en la rendición de cuentas a consumidores e inversores. Y un monopolio del sector público, dado que ignora los beneficios y las pérdidas y, por tanto, no puede calcular si los recursos que ha cooptado se están utilizando para sus fines más valiosos, siempre va a ver la necesidad de más gastos, sobre todo cuando ofrece servicios gratis o con descuento.
Como resultado, se subvenciona y fomenta la demanda de transporte público, pero el proveedor no tiene forma de saber si los recursos que está desviando de otras áreas de producción potencial no servirían mejor a los consumidores en esa área que en ésta.
A menudo parece que los servicios públicos carecen de recursos debido a una demanda artificialmente elevada.
Además, es esencial cuestionar la suposición de que la escasez de carreteras es un problema que se produce de forma natural y no una consecuencia de la interferencia gubernamental. La forma en que se organizan las ciudades, y por tanto la disposición de sus sistemas de tránsito, también puede atribuirse a la intervención gubernamental. El libro de Walter Block The Privatization of Roads and Highways explora muchas formas en que el sector público hace que las carreteras y autopistas sean peores de lo que serían en manos privadas. La «tragedia de los comunes» es un problema en todos los «bienes» públicos.
La ausencia de un sistema de precios «que funcione» no permite a las personas racionar el bien o el servicio entre ellas. Es importante darse cuenta de que toda intervención desplaza el poder económico de las manos de los consumidores a las de los productores, ya sea una entidad gubernamental o un oligarca protegido. Como dijo Mises, «El resultado de [cualquier intervención] es aflojar el control que los consumidores tienen sobre el curso de la producción». Así, si diriges una empresa del sector público estás anulando el valor que los consumidores otorgan a la cosa.
La idea de que el transporte público está ofreciendo algo que el sistema de mercado no puede hacer o ha fracasado en hacer es siempre dudosa, ya que hay muchos ejemplos empíricos en los que los sistemas de mercado han ofrecido mejores soluciones en tiempo real incluso en este sector.
En un mercado libre, los consumidores tienen una amplia gama de opciones, cada una adaptada a sus necesidades únicas. Contrasta con un sistema controlado por el Estado en el que las opciones estándar son la norma y la falta de opciones puede resultar frustrante e ineficaz para los consumidores.
Así pues, aunque el transporte público parece una buena idea, pisotea las necesidades más urgentes de los consumidores, reduce sus posibilidades de elección e introduce las trampas de los monopolios: menos por más, amiguismo y despilfarro. La función del empresario en un sistema de mercado es «tomar decisiones» («actuar») respecto al empleo del escaso capital disponible hacia su uso más rentable. El desarrollo de los precios y el libre intercambio permiten calcular los costes y los beneficios con este fin expreso. Cuanto más intensa sea la demanda de los consumidores, más rentable será la producción del bien.
Tales incentivos llevan a los empresarios a alinear la producción con las demandas más urgentes de los consumidores (sus preferencias). La aparición del beneficio señala un desajuste en esa alineación. Surge porque el cambio es una constante en la vida, que brinda infinitas oportunidades a los empresarios que observan los problemas que necesitan solución. Y «los beneficios elevados son la prueba de que han cumplido bien su tarea de eliminar los desajustes de la producción».
Los beneficios fomentan una mayor producción de la cosa hasta que se llega a un punto en el que los costes de oportunidad del capital eliminan la oportunidad de beneficio y empiezan a indicar otros fines de mayor valor para las unidades adicionales de ese bien de capital. Pero ninguno de estos cálculos es posible sin la fijación de precios de mercado de los bienes de capital y de consumo.
Nadie estaría en condiciones de calcular los rendimientos de capital utilizados para evaluar el uso que produce más beneficios, ya que eso es lo que los consumidores deben estar demandando con más urgencia.
¿Consigue el transporte público su objetivo de ofrecer soluciones de transporte a los necesitados?
Pues claro. Pero no podemos saber a qué coste. Sólo podemos saber que crea y subvenciona las demandas sobre la infraestructura existente y la disponibilidad de capital.
No podemos saber si los burócratas están prestando el servicio de forma económica, si el mejor burócrata está a cargo de la operación o si el capital se está utilizando al servicio del problema económico primario.
Pero si estos argumentos son tan claros, ¿por qué tenemos bienes públicos y el sector público que los proporciona? Es muy probable que se esté malgastando capital en bienes que los burócratas valoran más que el consumidor en el esquema de las cosas.
¿Son los burócratas bienintencionados como mi amigo o se deleitan en no rendir cuentas y ser poderosos, en posición de repartir favores a sus proveedores amiguetes? No cabe duda de que también es un robo de dinero y de impuestos para todos los usuarios gratuitos del sistema. En economía, a menudo lo que no se ve es lo que no se entiende. En el caso del capital malgastado, lo que no se ve es lo que podría haber sido si ese capital se hubiera desviado hacia donde los consumidores lo necesitaban con más urgencia.
