El Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP) del gobierno de EEUU está lleno de deudas. El NFIP debe al Tesoro unos 25.000 millones de dólares. Según la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), el NFIP pagará 280 millones de dólares en intereses en 2022. «El programa nunca se concibió para generar beneficios. Se creó porque, debido a la naturaleza de los riesgos de inundación, en general no se disponía de seguros comerciales».
El Congreso creó el NFIP en 1968 para poner seguros contra inundaciones a precios razonables a disposición de propietarios de negocios, viviendas e inquilinos. Cada autorización del programa tiene una fecha de caducidad que obliga al Congreso a reautorizarlo con fondos de los pagadores de impuestos federales y reformas.
El NFIP ofrece seguros contra inundaciones con respaldo federal a los estados, ciudades y pueblos que se comprometen a adoptar y aplicar normas de gestión de llanuras aluviales para reducir futuros daños. El programa, administrado por la FEMA, ayuda a los propietarios de viviendas y empresas y a las administraciones locales a recuperarse más rápidamente tras una catástrofe por inundaciones. Se trata de una asociación entre el gobierno federal, las autoridades locales, los estados, el sector de los seguros de bienes y accidentes, las instituciones de crédito y los propietarios.
El NFIP pidió prestado dinero a los pagadores de impuestos federales a través del Tesoro para cubrir los gastos ocasionados por los huracanes Sandy (2012), Katrina (2005) e Ike (2008). Es poco probable que se reembolse. Algunos legisladores de los estados del Golfo y de la costa atlántica pidieron al Congreso que condonara esta deuda como única forma de que el atribulado programa recuperara su equilibrio financiero, pero la próxima tormenta, grande o pequeña, no hará sino vaciar de nuevo las arcas del NFIP.
El NFIP carece de un fondo de reserva para ayudar a cubrir las pérdidas por tormentas catastróficas como el huracán Sandy. En lugar de cobrar un poco más y reservar dinero como hacen las aseguradoras privadas, el NFIP depende del Tesoro —y por tanto de los pagadores de impuestos— como respaldo financiero o reasegurador. En 2013, el programa añadió una tasa del 15% a sus pólizas contra inundaciones y fue acumulando unos 1.000 millones de dólares en reservas, pero una inundación que hizo época en 2016 en Luisiana agotó ese dinero.
Años de grandes inundaciones a partir de 2005 han dejado al NFIP en números rojos. Los costes anuales han fluctuado ampliamente desde 2012, desde 380 millones de dólares en 2014 a más de 10.000 millones en 2017, el año de los huracanes Harvey, María e Irma.
He aquí algunas opciones prácticas para sustituir al NFIP.
- Admitir públicamente que el NFIP está en quiebra y debe ser retirado como programa con respaldo federal.
- Legislar incentivos a nivel estatal y local para animar a las compañías de seguros privadas a emitir pólizas de seguro contra inundaciones a los propietarios y organismos públicos expuestos a las crecidas de los ríos.
- Promulgar leyes que impidan construir y residir en llanuras aluviales conocidas.
- Rediseñar los diques fluviales existentes para permitir que se produzcan inundaciones naturales de modo que los sedimentos se depositen en la llanura de inundación y no en el fondo del río.
- Delegar en los Estados la supervisión federal de la gestión de las inundaciones.
La autorización del NFIP por parte del gobierno federal en 1968, una época en la que no era fácil suscribir seguros privados contra inundaciones, fue bienintencionada. Pero en 2022 el NFIP estaba utilizando los pagos de las primas de seguros para cubrir los intereses de su deuda, y había quedado claro que el programa sólo había dado lugar a otra quiebra respaldada por el gobierno federal y financiada por los pagadores de impuestos.
