Las facturas de servicios —electricidad, gas natural, agua y basura— se basan tradicionalmente en el consumo del cliente, medido en kilovatios-hora de electricidad, termias o BTU de gas natural, cien pies cúbicos de agua o número de cubos de basura. Toda residencia y negocio tiene contadores de electricidad, gas y agua que miden el uso del servicio.
Pero se avecinan cambios en el sector de los servicios públicos, ya que los gobiernos federal y estadual instan a los americanos a pasar de los combustibles fósiles a la electricidad para la calefacción doméstica, los electrodomésticos y el transporte. A esta transición seguirán, sin duda, cambios en los modelos de fijación de tasas.
Cuotas fijas y tarifas eléctricas basadas en el uso
En la actualidad, algunas compañías eléctricas cobran a sus clientes una cuota fija y otra basada en el consumo, ambas en la misma factura mensual. Las tarifas fijas, a menudo denominadas «tarifas de cliente» o «tarifas de lectura de contador», se imponen con independencia del consumo de energía. Estas tarifas garantizan la estabilidad de los ingresos y compensan los gastos generales de funcionamiento de los servicios eléctricos. Las tarifas basadas en el uso de la energía, que pueden variar estacionalmente, están diseñadas (y reguladas) para recuperar el coste de la electricidad vendida.
Los economistas se refieren a esta estrategia de precios como una tarifa en dos partes en la que el consumidor debe pagar una cuota fija por el derecho a comprar un producto o servicio (energía en el caso de las eléctricas). Este modelo de fijación de precios maximiza los ingresos de los vendedores que tienen cierto poder monopolístico de fijación de precios en sus respectivos mercados debido a la forma en que han estructurado sus negocios. Los servicios eléctricos son, por supuesto, monopolios regulados que prestan servicio en determinadas zonas geográficas.
Otros ejemplos de estrategia de precios con dos tarifas
- Disneyland cobra un elevado precio de entrada a sus parques temáticos, pero los precios de las atracciones individuales son lo suficientemente altos como para cubrir el coste marginal de funcionamiento de las atracciones. Una familia que haya viajado desde Kansas a los parques Disney de California o Florida probablemente no se resistirá a pagar un elevado precio de entrada combinado con un bajo precio por atracción.
- El popular minorista Costco cobra cuotas anuales de afiliación que permiten a los clientes comprar grandes paquetes de productos a precios unitarios relativamente bajos. Aunque Costco no se considera estrictamente un monopolio entre los almacenes, sus exclusivos métodos de afiliación y comercialización le confieren un estatus de monopolio con gran caché.
- Los clubes de campo suelen cobrar elevadas cuotas de afiliación que ofrecen a los socios el derecho a comprar greens y participar en actividades sociales con otros socios afines e igualmente acaudalados.
- Los bares cobran una entrada combinada con tasas por bebida una vez que los clientes están dentro.
La estrategia funciona cuando los vendedores pueden identificar fácilmente los distintos grupos de compradores y prohibir a los compradores individuales que vendan a compradores que no sean socios. Por ejemplo, los socios de un club de campo no pueden revender los greens o las actividades sociales a quienes no son socios. Los visitantes de Disneylandia no pueden revender las entradas de las atracciones a quienes no hayan pagado la entrada. Y los pagadores de tasas de los servicios de electricidad no pueden revender a quienes no tengan cuenta en la compañía.
Cargos fijos basados en los ingresos
Pero, ¿qué pasaría si los servicios públicos basaran su cuota fija en los niveles de ingresos de los clientes en lugar de una cuota uniforme para cada cliente?
California, donde vive el 10% de la población total de EEUU y a menudo se considera un laboratorio estadual donde se inician las políticas antes de su adopción en todo el país, ofrece una visión del futuro de la fijación de tarifas de servicios públicos, ya que el modelo de fijación de tarifas en dos partes ha adquirido ahora un nuevo cariz.
En 2022, la legislatura estadual, de mayoría Demócrata, aprobó y el gobernador firmó la Ley de la Asamblea 205 (AB 205), que ordenaba a la Comisión de Servicios Públicos de California autorizar un «cargo fijo» en las facturas eléctricas residenciales para julio de 2024. Los clientes de los tres grandes servicios públicos propiedad de inversores (IOU) —Pacific Gas and Electric Company, Southern California Edison y San Diego Gas and Electric— pagarían este cargo independientemente de su consumo de electricidad y además de dicho consumo. La Comisión de Servicios Públicos de California deberá aprobar la base de cálculo del servicio IOU.
La legislación también exigía a los servicios públicos que redujeran sus tarifas de consumo eléctrico para ayudar a los clientes con rentas bajas, ya que los precios de la electricidad siguen subiendo. Esto representa no sólo un cambio importante en el modelo estándar de fijación de tarifas, que pasa de la orientación al uso a los cargos fijos, sino también un nuevo énfasis en la redistribución de la renta y la riqueza de los clientes con ingresos altos a los clientes con ingresos bajos, algo parecido a un impuesto progresivo sobre la renta. No hay precedentes de tal redistribución en la regulación de las tarifas de los servicios públicos.
La AB 205 pretendía garantizar que la nueva estrategia de precios en dos partes de las IOU fuera neutra desde el punto de vista de los ingresos, es decir, que siguiera generando ingresos suficientes para invertir en las infraestructuras necesarias para el transporte a larga distancia (grandes torres de alta tensión que atraviesan el paisaje) y la distribución (líneas eléctricas locales que suministran electricidad a los clientes minoristas). Las tres IOU son propietarias de la gran mayoría de las infraestructuras energéticas de California (postes y cables), cuya construcción y mantenimiento son vitales para una mayor electrificación de los hogares y el transporte a medida que California se centra en la transición de los combustibles fósiles a las energías renovables.
Otra de las intenciones de la ley era recaudar ingresos adicionales para pagar el soterramiento de líneas eléctricas que, de otro modo, podrían provocar incendios forestales, y la construcción de instalaciones para transportar la energía solar y eólica a las grandes zonas urbanas. Los clientes con mayores ingresos pagarían una parte desproporcionadamente alta de estos costes de construcción y mantenimiento, aunque no consumieran más energía.
Todo sonaba a victoria para los progresistas: los ricos pagan más por la energía, los pobres pagan menos y todos avanzan en la lucha contra el calentamiento global. Hasta que surgieron dudas sobre las posibles consecuencias de este nuevo modelo de fijación de tarifas: ¿Cómo determinar el nivel de ingresos de los pagadores de tasas sin invadir su intimidad?
¿Cómo pueden reducir los incentivos financieros para ahorrar energía unas tarifas fijas más elevadas basadas en los ingresos, junto con unas tarifas de consumo de kilovatios-hora más bajas? ¿Cómo podría afectar la reducción de las tarifas de uso a las ventas futuras de instalaciones solares en tejados?
Debido a estos imponderables y a que la Comisión de Servicios Públicos de California no ha aprobado ninguna de las diversas metodologías posibles para aplicar la AB 205, un legislador ha presentado ahora el proyecto de ley de la Asamblea 1999 para derogar el mandato de la cuota fija. Otro legislador que votó a favor del AB 205 confiesa ahora que la legislación era larga y confusa y que fue sometida a votación muy poco después de que su texto estuviera disponible para su lectura.
Se están repartiendo las culpas. ¿Es la AB 205 original un mero afán de lucro de las tres grandes IOU? ¿Fueron negligentes los legisladores al aprobarla demasiado rápido en su afán por imponer objetivos climáticos? ¿Quién decidió originalmente incorporar a la legislación el cargo fijo basado en los ingresos?
Abordar estas cuestiones puede ser todo un reto, algo parecido a resolver un problema algebraico con más variables que ecuaciones, que sólo deja una solución indeterminada. Hay que cumplir demasiadas condiciones: neutralidad de los ingresos, protección de la privacidad de los clientes a la hora de determinar sus niveles de renta, tarifas de uso de la energía lo suficientemente bajas como para proteger a los clientes con rentas bajas, tarifas de uso lo suficientemente altas como para fomentar la conservación de la energía y la futura instalación de energía solar en los tejados, ingresos suficientes para invertir en infraestructuras de prevención de incendios forestales y capacidad adicional de la red para soportar estaciones de recarga de vehículos eléctricos y bombas de calor domésticas.
Es posible resolver estos problemas mediante programación lineal, maximizando una función lineal sujeta a diversas restricciones. Pero es poco probable que el personal de la Comisión de Servicios Públicos de California pueda encontrar una solución a tiempo para aprobar las tarifas eléctricas en dos partes basadas en los ingresos a tiempo para su aplicación en julio de 2024.
En este momento no está claro si este modelo de tarificación en dos partes basado en los ingresos podría migrar a los servicios públicos de otros estados, pero su éxito o fracaso en California determinará probablemente su destino final. Mientras tanto, tal vez la legislación original AB 205 esté tan mal redactada que debería derogarse sin más, relegando otro esfuerzo de intervención gubernamental bienintencionado al proverbial basurero de la historia.
