Una postura que ha ganado popularidad en la izquierda en las últimas décadas es la presión por redefinir el racismo para evitar que el término englobe el racismo contra los blancos. Según esta postura, «racismo es igual a poder más prejuicio». Y aunque los blancos pueden sufrir prejuicios raciales, en las instituciones occidentales existe un sesgo a favor de los blancos y en contra de los no blancos, que es lo que se entiende por el término «poder». En consecuencia, se argumenta que el término «racismo» debería reservarse para los casos de prejuicio racial contra un grupo racial no dominante, lo que supone una dimensión añadida de refuerzo institucional no presente en el «mero» prejuicio antiblanco.
Ahora bien, aparte del flagrante intento de impulsar una narrativa particular en la «guerra cultural», esta redefinición implica el supuesto organicista de que los grupos raciales se comportan entre sí como intereses especiales monolíticos y que, en consecuencia, las instituciones públicas nunca podrían ser parciales contra el grupo dominante. En otras palabras, para los partidarios de esta visión del mundo es inconcebible que los blancos puedan encontrar un sesgo sistémico antiblanco en las instituciones americanas.
Aquellos que se encuentren discutiendo con un defensor de esta postura tendrán dificultades para convencerle de la falacia de este supuesto señalando las innumerables políticas discriminatorias contra los blancos en las instituciones modernas. Por un lado, los woke y sus compañeros de viaje llevan años pregonando posibles contraejemplos que demuestren la discriminación a favor de los blancos, pero lo que es más importante, es probable que las personas estén tan arraigadas en sus actitudes hacia nuestras instituciones que los argumentos en contra de sus puntos de vista caerán en saco roto.
Una forma de evitar este problema es señalar un ejemplo histórico de discriminación institucional contra un grupo racial o étnico dominante que esté lo suficientemente alejado en el tiempo y en el espacio como para permitir un trato desinteresado por todas las partes. Para nuestra suerte, Ludwig von Mises observó precisamente un fenómeno de este tipo en las últimas décadas del Imperio Austrohúngaro. En su libro Nación, Estado y economía, describe con perspicacia la discriminación de los germano-austriacos por parte de las instituciones de los Habsburgo, y gran parte de lo que observó entonces puede aplicarse igualmente hoy, mutatis mutandis:
Aunque el gobierno austriaco en los últimos cuarenta años de existencia del Imperio fue, con algunas excepciones transitorias, más o menos antialemán y a menudo persiguió draconianamente las manifestaciones relativamente inofensivas de sentimientos nacionales alemanes, mientras que los discursos y actos mucho más agudos de las otras nacionalidades gozaron de benévola tolerancia, los partidos que apoyaban al Estado entre los alemanes siempre mantuvieron la ventaja.
Así, las instituciones que servían a los intereses del emperador germano-austriaco discriminaban activamente a los germano-austriacos. Como explica Mises, esta situación era el resultado de un intento del gobierno de mantener su poder en un Estado multiétnico cuyas nacionalidades no dominantes lo único que deseaban con urgencia era establecer su propia soberanía y escapar de lo que consideraban, correcta o incorrectamente, el yugo de los germano-austriacos. El hecho de que el gobierno cortejara el resentimiento de los no alemanes hizo que éstos dejaran de lado su irredentismo por el momento:
Todos los no alemanes del país esperaban con anhelo el día que les trajera la libertad y su propio Estado nacional. Se esforzaron por salir del estado de «casados juntos». Muchos de ellos hicieron concesiones. . . . Llegaron a un acuerdo sobre la continuación provisional de los Estados austriaco y húngaro . . . [pero nunca] desapareció seriamente el irredentismo del programa de ninguno de los partidos no alemanes. Se toleró que los círculos oficiales no mostraran abiertamente los objetivos últimos de sus esfuerzos nacionales en Viena; en casa, sin embargo, la gente pensaba y hablaba, con atención formal a los límites trazados por los párrafos sobre alta traición de la ley penal, de nada más que la liberación y sacudirse el yugo de la dinastía extranjera.
En resumen, se demuestra con ejemplos históricos que las instituciones de una sociedad pueden, de hecho, estar predispuestas en contra del grupo dominante, lo que sugiere la idea sociopolítica de que quienes ejercen el poder del Estado sacrificarán los intereses de cualquier grupo en pos de los suyos propios. Con la caída de la suposición de que las instituciones de una sociedad deben reflejar los prejuicios del grupo racial o étnico dominante, todo el edificio de «poder más prejuicio» se derrumba en un merecido sinsentido, y la yuxtaposición de un supuesto racismo respaldado institucionalmente con un «mero» supuesto prejuicio racial no respaldado institucionalmente se disuelve en una distinción sin diferencia.
