La semana pasada, Donald Trump fue declarado culpable de falsificar registros comerciales con la intención de cometer, ayudar u ocultar otro crimen. El jurado de Manhattan lo declaró culpable de los treinta y cuatro cargos.
Todo este caso fue siempre ridículo. Trump fue acusado de etiquetar cheques de reembolso a su abogado como «gastos legales» después de que el abogado hiciera un pago (completamente legal) a una actriz de cine adulto para que firmara un acuerdo de confidencialidad. Los fiscales argumentaron que los pagos de reembolso —que se abonaron en 2017, después de que Trump hubiera ganado las elecciones— eran en realidad gastos de campaña porque mantener en silencio la supuesta aventura podría haber ayudado a la campaña de Trump.
La idea de que los pagos de dinero-silencio efectuados por candidatos políticos sólo son legítimos si utilizan fondos de campaña e informan públicamente de los pagos es absurda. Y no tiene precedentes. De hecho, la ley federal de campañas es bastante estricta en la otra dirección: limita a los candidatos a gastar fondos de campaña en todo menos en los gastos de campaña más claros, como el alquiler de una oficina de campaña o anuncios de televisión.
Pero aún así, para convertir los cargos de falsificación de registros comerciales de delitos menores en delitos graves, los fiscales del Estado de Nueva York tuvieron que demostrar que Trump etiquetó erróneamente los registros para cometer, ayudar u ocultar otro delito. Alvin Bragg, fiscal de distrito del condado de Nueva York, argumentó que ese otro delito era una violación de la ley electoral federal. Pero, como explicó William Anderson la semana pasada, Trump nunca ha sido acusado por esta supuesta violación de la ley federal. E incluso si Bragg cree que debería serlo, esa determinación no puede tomarse en una corte estadual.
Bragg cambió más tarde la violación electoral secundaria para afirmar que Trump infringió una oscura ley electoral de Nueva York que tipificaba como delito menor participar en una conspiración electoral, definida como «Conspiración para promover o impedir la elección: Cualquier dos o más personas que conspiren para promover o impedir la elección de cualquier persona a un cargo público por medios ilegales . . será culpable de un delito menor». Una vez más, el jurado decidió que los presuntos delitos menores que Trump cometió en 2017 se hicieron para promover ilegalmente una elección que ya había ganado el año anterior.
Para aumentar el absurdo, justo antes de que comenzaran las deliberaciones, el juez dijo al jurado que no era necesario que estuvieran de acuerdo en que Trump había violado esa ley electoral específica. Enumeró como otros posibles delitos una violación adicional de las leyes tributarias y una nueva falsificación de registros comerciales que podrían haber sido consecuencia de los pagos iniciales mal etiquetados. Según el juez, el jurado no tenía que ponerse de acuerdo sobre lo que Trump hizo específicamente. Siempre que todos los miembros del jurado creyeran que había cometido alguno de esos tres delitos —de ninguno de los cuales ha sido o está siendo acusado— debían declararle culpable. Y así fue. Demasiado para la presunción de inocencia.
Así que, para repasar, Trump fue condenado por etiquetar erróneamente cheques de reembolso a su abogado como gastos legales cuando los fiscales dicen que deberían haber sido etiquetados como gastos de campaña. Para convertir los cargos en delitos graves, los fiscales afirmaron además que al etiquetar erróneamente estos cheques, Trump había violado la ley electoral federal porque los pagos podrían haber tenido un impacto en las elecciones de 2016, a pesar de que los pagos en cuestión se hicieron después de que las elecciones hubieran terminado. Y, por último, el juez instruyó al jurado que ni siquiera tenían que estar de acuerdo en que Trump había violado la ley electoral federal, sino que cada uno podía elegir entre una serie de posibles delitos de los que Trump nunca ha sido acusado, y aún así llegar a un veredicto de culpabilidad unánime.
Es importante entender lo enrevesado y ridículo que fue este caso contra Trump porque revela lo que realmente está pasando aquí. No es como si la norma de casi 230 años de no presentar cargos penales contra expresidentes se hubiera hecho añicos porque Trump hiciera algo tan atroz que los fiscales no tuvieran más remedio que acusarlo.
En cambio, los adversarios de Trump pasaron años buscando cualquier cosa de la que pudieran acusar a Trump en un esfuerzo por expulsarlo de la vida política. Este caso fue justo lo suficiente para que, cuando se improvisó y se presentó ante un jurado en una de las zonas más contrarias a Trump del país, consiguiera la condena que la clase política quería desde que Trump ganó la presidencia.
Aquellos de nosotros que entendemos los serios cambios políticos y económicos necesarios para abordar los numerosos problemas de nuestro país necesitamos aprender la lección de la condena de Trump. La clase política no se dará la vuelta y dejará que su poder se esfume solo porque elijamos a unos cuantos políticos contrarios al establishment.
Como Murray Rothbard expuso en detalle hacia el final de su vida, un movimiento generalizado, entusiasta y ascendente es una condición previa necesaria si alguna vez vamos a ver retroceder el poder federal. La clase política está decidida a destruir a Trump, no por las políticas que promulgó durante su mandato, sino por las ideas antiestablishment que ha ayudado a avivar en la derecha americana. La intensidad de su reacción revela lo vulnerables que se sienten a esas ideas. Pero la condena de Donald Trump por cargos tan triviales y absurdos también deja claro que los que están en el poder harán lo que sea para mantenerse en él.
