La política monetaria y la actual tendencia a la planificación global
Los ciudadanos de todos los países están de acuerdo en que el estado actual de los asuntos monetarios es insatisfactorio y que es muy deseable un cambio. Sin embargo, las ideas sobre el tipo de reforma necesaria y sobre el objetivo que debe perseguirse difieren mucho. Se habla confusamente de estabilidad y de una norma que no sea inflacionista ni deflacionista. La vaguedad de los términos empleados oculta el hecho de que la gente sigue comprometida con las doctrinas espurias y autocontradictorias cuya propia aplicación ha creado el actual caos monetario.
La destrucción del orden monetario fue el resultado de acciones deliberadas por parte de varios gobiernos. Los bancos centrales controlados por el gobierno y, en Estados Unidos, el Sistema de la Reserva Federal controlado por el gobierno fueron los instrumentos aplicados en este proceso de desorganización y demolición. Sin embargo, sin excepción, todos los proyectos de mejora de los sistemas monetarios asignan a los gobiernos una supremacía irrestricta en materia de moneda y diseñan imágenes fantásticas de superbancos superprivilegiados. Ni siquiera la inutilidad manifiesta del Fondo Monetario Internacional disuade a los autores de entregarse a los sueños de un banco mundial que fertilice a la humanidad con inundaciones de crédito barato.
La inanidad de todos estos planes no es accidental. Es el resultado lógico de la filosofía social de sus autores.
El dinero es el medio de intercambio más utilizado. Es un fenómeno de mercado. Su ámbito es el de los negocios realizados por individuos o grupos de individuos dentro de una sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción y la división del trabajo. Este modo de organización económica —la economía de mercado o capitalismo— es actualmente condenado de forma unánime por los gobiernos y los partidos políticos. Las instituciones educativas, desde las universidades hasta los jardines de infancia, la prensa, la radio, el teatro legítimo, así como la pantalla, y las empresas editoriales están dominadas casi por completo por personas en cuya opinión el capitalismo aparece como el más espantoso de todos los males. El objetivo de sus políticas es sustituir la supuesta falta de planificación de la economía de mercado por la «planificación». El término planificación, tal y como ellos lo utilizan, significa, por supuesto, una planificación central por parte de las autoridades, aplicada por el poder policial. Implica la anulación del derecho de cada ciudadano a planificar su propia vida. Convierte a los ciudadanos individuales en meros peones en los planes del consejo de planificación, ya se llame Politburó, Reichswirtschaftsministerium o cualquier otro nombre. La planificación no difiere del sistema social que Marx defendió bajo los nombres de socialismo y comunismo. Transfiere el control de todas las actividades de producción al gobierno y, por tanto, elimina por completo el mercado. Donde no hay mercado, tampoco hay dinero.
Aunque la tendencia actual de las políticas económicas se dirige hacia el socialismo, Estados Unidos y algunos otros países siguen conservando los rasgos característicos de la economía de mercado. Hasta ahora, los defensores del control gubernamental de las empresas no han logrado alcanzar su objetivo final.
El partido Fair Deal ha mantenido que es el deber del gobierno determinar qué precios, tasas salariales y beneficios son justos y cuáles no, y luego hacer cumplir sus decisiones mediante el poder policial y los tribunales. Además, sostiene que es función del gobierno mantener el tipo de interés en un nivel justo mediante la expansión del crédito. Por último, insta a un sistema de impuestos que tenga como objetivo la equiparación de las rentas y la riqueza. La plena aplicación del primero o del último de estos principios consumaría por sí misma el establecimiento del socialismo. Pero las cosas aún no han avanzado tanto en este país. La resistencia de los defensores de la libertad económica aún no ha sido rota del todo. Todavía existe una oposición que ha impedido el establecimiento permanente del control directo de todos los precios y salarios y la confiscación total de todos los ingresos por encima de una altura considerada justa por aquellos cuyos ingresos son inferiores. En los países de este lado del Telón de Acero la batalla entre los amigos y los enemigos de la planificación totalitaria sigue sin decidirse.
En este gran conflicto, los defensores del control público no pueden prescindir de la inflación. La necesitan para financiar su política de gastos imprudentes y de subvenciones y sobornos a los votantes. La consecuencia indeseable pero inevitable de la inflación -el aumento de los precios- les proporciona un pretexto bienvenido para establecer el control de los precios y así, paso a paso, realizar su esquema de planificación global. Los beneficios ilusorios que la falsificación inflacionaria del cálculo económico hace aparecer son tratados como si fueran beneficios reales; al gravarlos con la engañosa etiqueta de beneficios excesivos, se confiscan partes del capital invertido.
Al propagar el descontento y el malestar social, la inflación genera condiciones favorables para la propaganda subversiva de los autodenominados campeones del bienestar y el progreso. El espectáculo que ha ofrecido la escena política de las dos últimas décadas ha sido realmente sorprendente. Los gobiernos se han embarcado sin ningún tipo de reparo en una enorme inflación y los economistas gubernamentales han proclamado el gasto deficitario y la gestión monetaria y crediticia «expansionista» como el camino más seguro hacia la prosperidad, el progreso constante y la mejora económica. Pero los mismos gobiernos y sus secuaces han acusado a las empresas de las consecuencias inevitables de la inflación. Mientras defendían los precios y los salarios altos como una panacea y alababan a la administración por haber elevado la «renta nacional» (por supuesto, expresada en términos de una moneda que se deprecia) a una altura sin precedentes, culpaban a la empresa privada de cobrar precios escandalosos y de aprovecharse. Mientras restringían deliberadamente la producción de productos agrícolas para subir los precios, los estadistas han tenido la audacia de sostener que el capitalismo crea escasez y que si no fuera por las siniestras maquinaciones de las grandes empresas habría de todo. Y millones de votantes se han tragado todo esto.
Hay que darse cuenta de que la política económica de los autodenominados progresistas no puede prescindir de la inflación. No pueden aceptar ni aceptarán nunca una política de dinero sano. No pueden abandonar ni sus políticas de gasto deficitario ni la ayuda que su propaganda anticapitalista recibe de las inevitables consecuencias de la inflación. Es cierto que hablan de la necesidad de acabar con la inflación. Pero lo que quieren decir no es acabar con la política de aumento de la cantidad de dinero en circulación, sino establecer un control de precios, es decir, esquemas inútiles para escapar de la emergencia que surge inevitablemente de sus políticas.
La reconstrucción monetaria, incluido el abandono de la inflación y el retorno al dinero sano, no es un mero problema de técnica financiera que pueda resolverse sin cambiar la estructura de las políticas económicas generales. No puede haber dinero estable en un entorno dominado por ideologías hostiles a la preservación de la libertad económica. Empeñados en desintegrar la economía de mercado, los partidos gobernantes no consentirán ciertamente reformas que les priven de su arma más formidable, la inflación. La reconstrucción monetaria presupone en primer lugar el rechazo total e incondicional de las políticas supuestamente progresistas que en Estados Unidos se designan con los lemas New Deal y Fair Deal.
El primer libro de Mises, Teoría del dinero y del crédito, se publicó en 1912 y lo catapultó a las filas de los economistas más respetados de Europa. En 1953, Mises añadió un nuevo capítulo, «The Return to Sound Money», del que se extrae este artículo.
