En julio de 2022, el gobierno canadiense anunció su intención de reducir «las emisiones derivadas de la aplicación de fertilizantes en un 30% respecto a los niveles de 2020 para 2030». El mes anterior, el gobierno de los Países Bajos declaró públicamente que aplicaría medidas destinadas a reducir «la contaminación por nitrógeno en algunas zonas hasta en un 70 por ciento para 2030», con el fin de cumplir las estipulaciones del «Pacto Verde» europeo, cuyo objetivo es «hacer que las políticas climáticas, energéticas, de transporte y fiscales de la UE sean adecuadas para reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55 por ciento para 2030, en comparación con los niveles de 1990».
En respuesta, las «organizaciones agrícolas y ganaderas holandesas dijeron que los objetivos no eran realistas y llamaron a la protesta», lo que llevó a los agricultores y sus partidarios a levantarse en todo el país. El Green Deal, diseñado artificialmente, es uno de los objetivos de la Agenda 2030, adoptada por 193 Estados miembros de las Naciones Unidas (NU) en 2015.
Además de las NU, la Agenda 2030 también cuenta con el apoyo de otras organizaciones e instituciones internacionales, como la Unión Europea, el Foro Económico Mundial (FEM) y las instituciones de Bretton Woods, formadas por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). También cuenta con el respaldo de algunas de las multinacionales agroquímicas más poderosas del mundo, como BASF, Bayer, Dow Chemical, DuPont y Syngenta, que, en conjunto, controlan más del 75% del mercado mundial de insumos agrícolas. En los últimos años, «la adquisición de Syngenta por parte de ChemChina, y la fusión de Bayer y Monsanto» han «remodelado la industria mundial de las semillas». Además, «DuPont de Nemours se formó por la fusión de Dow Chemical y DuPont en 2017». Sin embargo, «a los 18 meses de la fusión, la compañía se dividió en tres empresas que cotizan en bolsa y que se centran en lo siguiente: agricultura con Corteva, ciencia de los materiales con Dow y productos especiales con DuPont.»
En los últimos años, todas estas empresas han emitido declaraciones en las que sugieren que el sector agrícola sufrirá grandes cambios en las próximas tres décadas, y que se comprometen a poner de su parte para acelerar la transición hacia las llamadas políticas verdes. En consecuencia, abogan por que los gobiernos reorienten la financiación pública en detrimento de la agricultura convencional y en favor de la agricultura regenerativa y las fuentes de proteínas alternativas, como la cría de insectos y la carne cultivada en laboratorio.
Además, BASF, Syngenta y Bayer son miembros de «la Coalición Europea para el Carbono+ en la Agricultura», que incluye una serie de «organizaciones y partes interesadas a lo largo de la cadena de valor alimentaria», como «COPA-COGECA, Crop In, la Federación Europea de Agricultura de Conservación (ECAF), el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) de Alimentos, HERO, Planet Labs», «Swiss Re, la Universidad de Glasgow, Yara, Zurich y el Foro Económico Mundial.» Originalmente, esta «coalición surgió como una asociación entre la plataforma 100 Million Farmers del Foro Económico Mundial y su Grupo de Acción de Directores Generales para el Acuerdo Verde Europeo».
Su objetivo es «descarbonizar el sistema alimentario europeo» acelerando la transformación de las prácticas agrícolas y ganaderas. Más concretamente, la Coalición Europea para el Carbono+ en la Agricultura pretende lograr «una expansión bruta cero de la superficie cultivada para la producción de alimentos de aquí a 2025, una reducción de los territorios totales utilizados para la ganadería de aproximadamente un tercio de aquí a 2030, y la consiguiente liberación de casi 500 millones de hectáreas de tierra para la restauración de los ecosistemas naturales de aquí a la misma fecha». Según el FEM, además de beneficiar al medio ambiente, estos cambios también serán ventajosos desde el punto de vista económico, ya que «cambiar la forma en que producimos y consumimos alimentos podría crear 4,5 billones de dólares al año en nuevas oportunidades de negocio».
Para acelerar la transformación de la agricultura en las próximas décadas, BASF pide que se exija a los «agricultores que disminuyan su impacto medioambiental» reduciendo «las emisiones de CO2 por tonelada de cultivo en un 30%» y aplicando «tecnologías digitales a más de 400 millones de hectáreas de tierra de cultivo». BASF también apoya el amplio uso de una serie de nuevos productos, incluyendo «productos para la gestión del nitrógeno», herbicidas, «nuevas variedades de cultivos», «inoculantes biológicos y soluciones digitales innovadoras», con el fin de que los agricultores sean «más eficientes en cuanto al carbono y resistentes a las condiciones meteorológicas volátiles.» Se estima que estos cambios «contribuirán significativamente al objetivo del Grupo BASF de alcanzar los 22.000 millones de euros en ventas para 2025».
Mientras tanto, Syngenta, la segunda empresa agroquímica del mundo (después de Bayer), que es propiedad de una empresa estatal china llamada ChemChina, se centra en la «agricultura neutra en carbono» bajo la pretensión de «combatir el cambio climático». Más concretamente, apoya «el suministro de tecnologías, servicios y formación a los agricultores», así como el desarrollo de nuevas semillas editadas genéticamente que reducirían la emisión de CO2. Según Syngenta, los «cultivos editados genéticamente» serán ampliamente utilizados y cultivados en todo el mundo «para 2050».
Esta empresa también promueve «una transformación hacia la agricultura regenerativa» que, según afirma, «permite cultivar más alimentos en menos tierra, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la agricultura, aumentar la biodiversidad y mejorar la salud del suelo», aunque apenas hay pruebas científicas ni datos a largo plazo que respalden estas afirmaciones. No obstante, Syngenta sostiene que el mundo necesita que «los gobiernos y los medios de comunicación... fomenten la adopción generalizada» de prácticas regenerativas por parte del mayor número posible de agricultores.
Bayer también aboga por la agricultura regenerativa para ayudar a «los agricultores a reducir significativamente la cantidad de gases de efecto invernadero que emiten sus operaciones, al tiempo que eliminan el carbono de la atmósfera». Además, afirma que es necesario «cambiar a un enfoque regenerativo y hacer que los cultivos sean más resistentes a los impactos climáticos». Además, al igual que Syngenta, Bayer apoya el desarrollo de «nuevas tecnologías de edición de genes» para reducir «la huella medioambiental de la agricultura mundial». De cara al futuro, Bayer prevé que, «en la agricultura, la biotecnología será un elemento fundamental» que se utilizará para «alimentar a los 10.000 millones de personas que habrá en el planeta en 2050 y, al mismo tiempo, luchar contra el impacto del cambio climático.»
Al igual que Bayer, BASF y Syngenta, DuPont también pretende contribuir a disminuir «la dependencia de los combustibles fósiles y proteger la vida y el medio ambiente». Su respuesta se centra principalmente en facilitar la producción y el consumo de fuentes de proteínas alternativas que puedan reproducir «la textura y el aspecto de las fibras de la carne, y que puedan utilizarse para ampliar o sustituir la carne o el pescado». DuPont señaló que «en 2016, los americanos consumieron alrededor de 26 kg de carne de vacuno per cápita, al menos la mitad de los cuales se consumieron en forma de hamburguesa. Sustituir solo la mitad de la carne de las hamburguesas americanas por la proteína SUPRO® MAX», cuya huella de carbono es hasta ochenta veces menor que la de las proteínas lácteas y cárnicas, equivale a retirar «más de 15 millones de coches de tamaño medio de la carretera».
Algunas de las multinacionales agroquímicas más poderosas del mundo se han beneficiado enormemente de los acuerdos comerciales internacionales que anteponen sus intereses a los de las pequeñas y medianas explotaciones, así como a los de las masas, a la hora de transformar los sectores alimentario y agrícola. En particular, el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), que se adoptó en 1994, desempeñó un papel fundamental en la destrucción de los medios de vida de muchos agricultores, al tiempo que resultó lucrativo para gigantes de la agroquímica como BASF, Bayer, Dow Chemical, DuPont y Syngenta. Esto se debe principalmente a que el ADPIC ha permitido patentar semillas y plantas.
Como resultado, las hierbas y plantas autóctonas de varios países, muchas de las cuales se habían cultivado anteriormente durante generaciones, pasaron a ser propiedad exclusiva de poderosas corporaciones multinacionales agroquímicas. Una vez patentadas las plantas y las hierbas, se prohíbe a los agricultores locales la práctica tradicional de guardar y replantar sus propias semillas. En su lugar, se les exige que paguen a las empresas titulares de las patentes por las mismas semillas que antes habían producido, guardado, replantado e intercambiado sin coste alguno.
Las poderosas corporaciones multinacionales agroquímicas también han fomentado sus propios intereses y agendas ejerciendo una influencia sin precedentes sobre la investigación y el desarrollo en la industria alimentaria, al tiempo que han ignorado cualquier hallazgo que demostrara que sus prácticas empresariales eran perjudiciales para el medio ambiente natural. En particular, algunas de estas grandes corporaciones agroquímicas han centrado sus esfuerzos y recursos en el estudio de «organismos genéticamente modificados (OGM), la creación de pesticidas y fertilizantes sintéticos más potentes, y la defensa del rendimiento de estos productos».
También han apoyado la expansión de los cultivos transgénicos a sabiendas de que su cultivo implica «la aplicación de mayores cantidades» de «fertilizantes y plaguicidas sintéticos», lo que ha dado lugar a grandes cantidades de productos químicos tóxicos que contaminan el suelo y las fuentes de agua. Básicamente, estas corporaciones agroquímicas han sido en gran medida responsables de crear muchos de los mismos problemas ambientales que ahora afirman que hay que resolver urgentemente a través de la Agenda 2030.
Existe una posibilidad real de que las transformaciones radicales y a gran escala de toda la industria alimentaria y de los hábitos alimentarios humanos que están impulsando los ingenieros sociales de la Agenda 2030 estén llevando a las masas hacia una dramática disminución del nivel de vida. Las lecciones de los regímenes totalitarios del siglo XX revelaron que es muy difícil arreglar los grandes errores atribuidos a la planificación central a gran escala de los ingenieros sociales, porque hacerlo suele requerir una «gran transformación social» o la «remodelación de toda la sociedad», lo que puede dar lugar a consecuencias o acontecimientos imprevistos generalizados, resultados destructivos importantes e «inconvenientes para mucha gente», en palabras de Karl R. Popper.
El intenso y coordinado esfuerzo internacional para facilitar una transformación artificialmente diseñada de la industria alimentaria mundial, basada en la Agenda 2030, es un testimonio del hecho de que estamos asistiendo al retroceso del péndulo de la civilización en muchas sociedades avanzadas, en las que el esfuerzo por alcanzar una vida cómoda podría ser rápidamente sustituido por una lucha por las necesidades básicas en un nivel inferior de existencia, lo que no se supone que ocurra en las sociedades avanzadas.
Hay que hacer que las masas se den cuenta de que los ingenieros sociales de la Agenda 2030 son «falsos profetas», que las están desorientando hasta el punto de que se verán «perseguidas por el espectro de la muerte por inanición». Esto puede llevar a la aparición de «disensiones irreconciliables dentro de la sociedad», por lo que los disturbios por alimentos, los conflictos y la violencia podrían inevitablemente «dar lugar a una desintegración completa de todos los vínculos sociales», como dijo Ludwig von Mises.
