Murray Rothbard explicó en Hombre, economía y Estado que la praxeología es la «teoría general y formal de la acción humana» y que la economía es la única subdivisión del conocimiento que ha sido elaborada completamente con métodos praxeológicos. Sin embargo, sostenía que esos métodos podían aplicarse también a otros campos de estudio. La ley, o la teoría legal, es quizás uno de esos campos.
La aplicación de la praxeología ha sido descrita como «individualismo metodológico», «Como escribió Rothbard, «sólo un individuo puede adoptar valores o hacer elecciones; sólo un individuo puede actuar». La ley, al ser esencialmente el intento de controlar los valores, las elecciones y las acciones de los individuos, debe ser, como mínimo, objeto de crítica por parte de esta metodología.
A continuación, intento aplicar dicha crítica a la teoría jurídica del destacado jurista y filósofo legal británico del siglo XX Patrick Devlin, conocida como moralismo jurídico, para argumentar que los sistemas jurídicos que pretenden imponer la moralidad de una sociedad pueden acabar contribuyendo a su decadencia moral.
La aplicación de la moral
Devlin argumentó, en su conferencia de 1959, «The Enforcement of Morals», que los sistemas de leyes son necesarios para preservar la «moral común» de una sociedad, que él creía necesaria para evitar la «desintegración» de la sociedad. Para él, esta preocupación justificaba la aprobación de leyes que regulasen la conducta de los individuos. En su opinión, las sociedades están justificadas para imponer una moral común a través de la legislación porque esta moral común es necesaria para su propia preservación.
Para ser justos, hay algo admirable en el análisis de Devlin sobre la función de una moral común dentro de la sociedad:
Porque la sociedad no es algo que se mantiene unido físicamente, sino que se mantiene por los lazos invisibles del pensamiento común. Si los lazos se relajaran demasiado, los miembros se separarían. Una moral común es parte de la servidumbre. La servidumbre es parte del precio de la sociedad; y la humanidad, que necesita la sociedad, debe pagar su precio.
Sin embargo, Devlin no se detuvo en esta observación básica de que un medio natural por el que las sociedades permanecen unidas es a través de una moral compartida. Propone que esta necesidad de una moral común justifica la imposición de una legislación que regule la conducta individual:
Si la sociedad tiene derecho a emitir un juicio y lo tiene sobre la base de que una moral reconocida es tan necesaria para la sociedad como, por ejemplo, un gobierno reconocido, entonces la sociedad puede utilizar la ley para preservar la moral del mismo modo que la utiliza para salvaguardar cualquier otra cosa que sea esencial para su existencia. Por lo tanto, si se establece con seguridad la primera proposición con todas sus implicaciones, prima facie la sociedad tiene derecho a legislar contra la inmoralidad como tal.
Sin embargo, hay un supuesto tácito en juego, y es que la legislación contra la inmoralidad refuerza de hecho los vínculos morales dentro de las sociedades. A diferencia de los sistemas jurídicos puramente teóricos que se limitan a la literatura académica, los sistemas jurídicos reales están sujetos a la realidad de que las sociedades que gobiernan están compuestas por individuos que actúan para satisfacer sus propios fines elegidos. Visto desde esta perspectiva praxiológica, se puede argumentar con fuerza que una legislación enérgica tiene al menos la misma probabilidad de degradar la moral social que de mejorarla.
Legislación y abdicación del juicio moral
Los defensores de teorías como el moralismo legal parecen asumir como punto de partida que se puede hacer que los hombres sigan ciertas pautas morales sólo porque la ley se lo ordena. Pero las leyes no cambian los fines que los hombres desean alcanzar, sólo impiden que los alcancen. Así, si la ley prohíbe la venta de alcohol los domingos, el resultado para algunos hombres no será que beban menos, sino que comprarán más los sábados y los lunes.
Si se prohíbe el alcohol fuerte, beberán más cerveza o vino. Si se prohíbe totalmente el alcohol, algunos eludirán la aplicación de la ley. Y los que acaben bebiendo menos no lo harán porque la ley haya despertado en ellos la conciencia de la inmoralidad del alcohol. Lo harán sólo porque prefieren evitar el castigo.
Por lo tanto, la idea de que la legislación del comportamiento moral inducirá un carácter moral deseado en la sociedad ignora que los hombres individuales no actúan con el propósito de cumplir los «principios superiores» por los que el Estado aprueba sus leyes. Como razonó Rothbard en el primer volumen de Concebida en libertad, en relación con los puritanos que se establecieron en Nueva Inglaterra con la intención de regular fuertemente la moral pública:
Puesto que las acciones de los hombres, dada la libertad de expresar sus opciones, están determinadas por sus convicciones y valores internos, las normas morales obligatorias sólo sirven para fabricar hipócritas y no para hacer avanzar la auténtica moralidad. La coerción sólo obliga a las personas a cambiar sus acciones; no persuade a las personas a cambiar sus valores y convicciones subyacentes.
Un ámbito en el que el exceso de legislación parece fracturar activamente la moral común de una sociedad es el de la resolución de conflictos. Cuando surge un conflicto entre dos partes, ambas abogarán naturalmente por que se resuelva a su favor. Cuando no hay una regulación legal, para resolver sus diferencias las partes deben basarse en principios morales compartidos y en una preocupación mutua por su posición entre sus comunidades si repudian esos principios.
Sin embargo, cuando las regulaciones legales detalladas controlan, una de las partes encontrará que esas leyes apoyan la resolución del conflicto a su favor, independientemente de lo que los principios morales comunes entre las partes puedan controlar. Está tentado a adoptar la ley como su guía para lo que es correcto y a ignorar cualquier principio moral en contra. Su temor al oprobio de su comunidad se ve atenuado por el hecho de que son las propias leyes de la comunidad a las que apela. Por lo tanto, con el exceso de regulación debe venir la tentación de que los individuos abdiquen de su propio juicio moral por cualquier ley existente que les permita salirse con la suya.
Por ejemplo, en una sociedad fuertemente regulada, un inquilino que no ha pagado el alquiler está legalmente justificado para permanecer en la casa de su propietario durante meses mientras éste soporta un costoso y largo calvario legal para conseguir una sentencia judicial. Del mismo modo, un propietario está legalmente justificado para desalojar a un inquilino que no le gusta y al que le falta un dólar para pagar el alquiler debido a una dificultad temporal. Sin embargo, pocos encontrarían justificada moralmente cualquiera de las dos acciones.
En contra de lo que podría haber sugerido Devlin, el conjunto de leyes que regulan este tema en la mayoría de los estados no ha dado lugar a que toda la sociedad adopte los principios morales básicos que subyacen en las relaciones entre propietarios e inquilinos. En su lugar, los inquilinos reclaman el «derecho» a utilizar el sistema legal para prolongar su estancia en las propiedades de sus propietarios sin pagar alquiler, mientras que los propietarios buscan vacíos legales que les permitan romper sus contratos con los inquilinos que simplemente no les gustan. Al menos en este ámbito, el intento de imponer un sistema justo de derechos mediante una legislación detallada no ha preservado la «moral común» de la sociedad, sino que la ha fracturado.
Conclusión
Esto no es un argumento contra las sociedades que persiguen valores morales compartidos, ni necesariamente contra las sociedades que promulgan leyes que reflejan valores morales ya acordados universalmente. Pero es evidente que los valores morales provienen de los individuos que componen una sociedad, no de los edictos que los legisladores dictan desde arriba. Este breve ejercicio praxeológico sugiere que la meticulosa legislación de los estados reguladores modernos puede, de hecho, engendrar la decadencia moral, ya que el cumplimiento cínico de la ley desnuda llega a sustituir el respeto por una moral compartida como característica primordial de la sociedad.
