Tras la reciente oleada de robos y saqueos en comercios, la alcalde de Chicago, Lori Lightfoot, reprendió a los negocios por no hacer lo suficiente para protegerse de los robos. Fox 32 Chicago la cita:
También tenemos que presionar a los minoristas. Me decepciona que algunos de los minoristas del centro y de la avenida Michigan no hagan más por la seguridad y la conviertan en una prioridad. Por ejemplo, todavía hay minoristas que no quieren poner en marcha planes como tener agentes de seguridad en sus tiendas, asegurarse de que tienen cámaras que están realmente operativas, cerrar con llave su mercancía por la noche.
En cierto sentido, esta advertencia (o más bien la admisión implícita que hay detrás de ella) debería ser bienvenida por quienes se preocupan por los derechos de propiedad. Algunos conservadores han respondido a Lightfoot preguntando: «¿No es la función principal del gobierno hacer cumplir los derechos de propiedad? Si esta es su actitud, ¿por qué pagar impuestos siquiera?». Sin embargo, es una fantasía ahistórica pensar que los americanos han podido depender alguna vez del Estado para satisfacer todas sus necesidades de seguridad. Lightfoot lo reconoce, quizá sin quererlo.
Pero si realmente lo dice en serio, hay cambios que deben hacerse para facilitar adecuadamente el ejercicio de los derechos de propiedad y autodefensa de los actores privados. El más obvio es que la ciudad de Chicago reconozca realmente el derecho a la autodefensa, no interfiriendo en la capacidad de los individuos para llevar armas, en lugar de ser uno de los lugares más restrictivos de Estados Unidos para la posesión legal de armas.
Un complemento necesario a la posesión legal de armas es el reconocimiento legal del derecho a usarlas, tanto de jure como de facto. La amplia discrecionalidad e imprevisibilidad de los fiscales de distrito en sus decisiones de presentar cargos contra personas que usan armas en clara defensa propia puede costar decenas de miles de dólares en honorarios legales incluso cuando uno es absuelto. Además, la disposición de los tribunales civiles a admitir demandas falsas de los delincuentes contra sus víctimas supone un riesgo adicional. En estas condiciones, no debe sorprender que algunas empresas duden en contratar más vigilantes de seguridad que puedan tener que usar la fuerza para defender la propiedad. Las pérdidas por robo pueden ser a menudo menores que las derivadas de las responsabilidades legales.
Por razones similares, tiene sentido que los propietarios de negocios decidan no reparar o sustituir las cámaras de seguridad defectuosas (si es que Lightfoot se refiere a un fenómeno real). En varias ciudades importantes, incluida Chicago, la discrecionalidad de la fiscalía se ha llevado al límite en cuanto a la negativa a procesar a los delincuentes contra los que existen pruebas suficientes. Todas las pruebas de vídeo del mundo no importan si las fiscalías simplemente abandonan los casos. No tiene sentido comercial gastar dinero para hacer películas caseras de ladrones que te estafan.
En resumen, lo que hay que combatir son las condiciones de (la desgraciadamente llamada) «anarco-tiranía», en la que se da «la existencia simultánea de la dictadura armada y la ausencia del imperio de la ley». Si los actores estatales van a fracasar en el mantenimiento del orden básico, lo menos que pueden hacer es mantenerse al margen de los particulares que protegen los derechos de propiedad. No tiene sentido extender a los agentes de la ley de Chicago tremendas protecciones contra la responsabilidad mientras se espera que los ciudadanos privados se protejan a sí mismos sin las herramientas para hacerlo y con la carga legal de la prueba esencialmente en su contra.
La afirmación de Lightfoot también es interesante por lo que revela sobre la economía política progresista. Los economistas han pretendido que la policía es un «bien público» cuyo consumo no es rival y que no puede ser excluido por quienes no pagan. Pero es claramente rival, ya que la policía asignada a la aplicación de los mandatos de máscara no puede también detener a las bandas de ladrones. También está muy localizado: la policía de un barrio no puede estar simultáneamente en otro.
Lo que esto significa es que la policía no es un bien general que esté disponible simultáneamente para todos. Puede ser objeto de redistribución, al igual que cualquier otro recurso escaso que controle el gobierno. El paso lógico en la búsqueda de resultados igualitarios es el redistribucionismo, en el que los políticamente desfavorecidos proporcionan su propia policía (no es que el servicio prestado a los que lo reciben desproporcionadamente sea de alta calidad—como en el caso de las escuelas públicas, donde los que envían a sus hijos a la escuela privada pagan dos veces mientras que los que no pueden permitírselo están sujetos a monopolios de baja calidad). Así se mantiene un equilibrio en el que los gobiernos pueden afirmar con veracidad que distribuyen más recursos a los menos ricos, al tiempo que disponen de una especie de escotilla de escape para los más ricos. Reduce la carga de trabajo de los empleados públicos. Para los políticos locales es primordial mantener el apoyo de los sindicatos de empleados públicos, ya que son un grupo de presión más eficaz que los padres o las víctimas de la delincuencia.
En última instancia, la ampliación de las oportunidades de alternativas a los servicios estatales (a veces alentada por la necesidad absoluta, como en el caso de los minoristas de Chicago, pero también por la reestructuración de las finanzas públicas, como en el caso de la elección de escuela) no sólo mejora la vida de las personas, sino que demuestra la eficacia de la iniciativa privada. La revolución de la elección de escuela se vio espoleada por la mísera respuesta de las escuelas públicas durante la pandemia. Quizá la elección policial pueda prosperar en el entorno actual.
