Todos aquellos en posiciones de poder político, todos los gobiernos, todos los reyes y todas las autoridades republicanas siempre han mirado con recelo a la propiedad privada. Hay una tendencia inherente en todo poder gubernamental a no reconocer ninguna restricción en su funcionamiento y a extender la esfera de su dominio tanto como sea posible. Controlarlo todo, no dejar espacio para que nada suceda por sí mismo sin la interferencia de las autoridades—es el objetivo por el que todo gobernante se esfuerza en secreto. ¡Si la propiedad privada no se interpusiera en el camino! La propiedad privada crea para el individuo una esfera en la que es libre del Estado. Establece límites a la operación de la voluntad autoritaria. Permite que otras fuerzas surjan junto al poder político y en oposición a él. Se convierte así en la base de todas aquellas actividades que están libres de interferencias violentas por parte del estado. Es el suelo en el que se nutren las semillas de la libertad y en el que se arraiga la autonomía del individuo y, en última instancia, todo el progreso intelectual y material. En este sentido, incluso se ha llamado el prerrequisito fundamental para el desarrollo del individuo. Pero sólo con muchas reservas puede considerarse aceptable esta última formulación, porque la habitual oposición entre individuo y colectividad, entre ideas y objetivos individualistas y colectivos, o incluso entre ciencia individualista y universalista, es un shibboleth vacío.
Así pues, nunca ha habido un poder político que haya desistido voluntariamente de impedir el libre desarrollo y funcionamiento de la institución de la propiedad privada de los medios de producción. Los gobiernos toleran la propiedad privada cuando se ven obligados a ello, pero no la reconocen voluntariamente en reconocimiento de su necesidad. Incluso los políticos liberales, al ganar el poder, suelen relegar sus principios liberales más o menos a un segundo plano. La tendencia a imponer restricciones opresivas a la propiedad privada, a abusar del poder político y a negarse a respetar o reconocer cualquier esfera libre fuera o más allá del dominio del Estado está demasiado arraigada en la mentalidad de quienes controlan el aparato gubernamental de coacción y coerción para que alguna vez puedan resistirlo voluntariamente. Un gobierno liberal es una contradictio in adjecto. Los gobiernos deben ser forzados a adoptar el liberalismo por el poder de la opinión unánime del pueblo; no es de esperar que puedan convertirse voluntariamente en liberales.
Es fácil comprender lo que obligaría a los gobernantes a reconocer los derechos de propiedad de sus súbditos en una sociedad compuesta exclusivamente por agricultores, todos ellos igualmente ricos. En un orden social así, todo intento de limitar el derecho de propiedad se toparía inmediatamente con la resistencia de un frente unido de todos los súbditos contra el gobierno y provocaría así la caída de éste. Sin embargo, la situación es esencialmente diferente en una sociedad en la que no sólo hay producción agrícola sino también industrial, y especialmente en la que hay grandes empresas comerciales que implican inversiones a gran escala en la industria, la minería y el comercio. En una sociedad de este tipo, es muy posible que quienes están al mando del gobierno tomen medidas contra la propiedad privada. De hecho, políticamente no hay nada más ventajoso para un gobierno que un ataque a los derechos de propiedad, ya que siempre es fácil incitar a las masas contra los propietarios de la tierra y el capital. Desde tiempos inmemoriales, por lo tanto, ha sido la idea de todos los monarcas absolutos, de todos los déspotas y tiranos, aliarse con el «pueblo» contra las clases propietarias. El Segundo Imperio de Luis Napoleón no fue el único régimen fundado sobre el principio del Cesarismo. El estado autoritario prusiano de los Hohenzollerns también retomó la idea, introducida por Lassalle en la política alemana durante la lucha constitucional prusiana, de ganar a las masas obreras a la batalla contra la burguesía liberal mediante una política de estatismo e intervencionismo. Este era el principio básico de la «monarquía social» tan alabado por Schmoller y su escuela.
Sin embargo, a pesar de todas las persecuciones, la institución de la propiedad privada ha sobrevivido. Ni la animosidad de todos los gobiernos, ni la campaña hostil emprendida contra ella por los escritores y moralistas y por las iglesias y religiones, ni el resentimiento de las masas, profundamente arraigado en la envidia instintiva, han servido para abolirla. Cada intento de reemplazarlo por otro método de organizar la producción y la distribución siempre ha resultado rápidamente inviable hasta el punto de ser absurdo. La gente ha tenido que reconocer que la institución de la propiedad privada es indispensable y volver a ella tanto si le gustaba como si no.
Pero por todo ello, se han negado a admitir que la razón de este retorno a la institución de la libre propiedad privada de los medios de producción se encuentra en el hecho de que un sistema económico que sirva a las necesidades y propósitos de la vida del hombre en sociedad es, en principio, impracticable salvo sobre este fundamento. El hombre no ha podido decidirse a liberarse de una ideología a la que se ha apegado, a saber, la creencia de que la propiedad privada es un mal del que no se puede prescindir, al menos por el momento, mientras los hombres no hayan evolucionado suficientemente en el plano ético. Si bien los gobiernos, contrariamente a sus intenciones, por supuesto, y a la tendencia inherente a todo centro de poder organizado, se han reconciliado con la existencia de la propiedad privada, han seguido adhiriéndose firmemente—no sólo en el exterior, sino también en su propio pensamiento—a una ideología hostil a los derechos de propiedad. En efecto, consideran que la oposición a la propiedad privada es correcta en principio y que cualquier desviación de la misma por su parte se debe únicamente a su propia debilidad o a la consideración de los intereses de los grupos poderosos.
