Kevin Van Elswyk, colaborador de Mise Wire, en su artículo del 29 de noviembre «Student Loans: The Continuing Crisis That Is Getting Worse», resume muy bien la confusión y el escándalo actuales de los programas federales de préstamos estudiantiles, que en este momento parecen un miasma que probablemente se convertirá en un programa de becas estudiantiles a medida que se condonen más y más saldos de estos préstamos.
Es muy lamentable que el gobierno de EEUU, con buenas intenciones de aumentar la asistencia a la universidad, se haya visto envuelto en este marasmo de préstamos estudiantiles. El esfuerzo comenzó originalmente en los 1960, cuando los economistas observaron que los graduados universitarios suelen obtener mayores ingresos a lo largo de su vida que los que terminan su educación formal con la secundaria. Así, el Congreso incluyó en la Ley de Educación Superior de 1965 una política federal para animar al mayor número posible de americanos a asistir a la universidad y creó varios programas basados en las necesidades con este objetivo.
Como nos dijo Milton Friedman: «Si quieres más de algo, subvenciónalo; si quieres menos, impónselo». En este caso, el «algo» es la asistencia a la universidad, y la «subvención» adopta la forma de ayuda financiera a los estudiantes, en particular préstamos federales para estudiantes. La Ley de Educación Superior nos dio las becas Pell (originalmente llamadas Becas Básicas para la Oportunidad Educativa), el programa de Préstamos Estudiantiles Garantizados y otras formas de ayuda. Las oficinas de ayuda financiera de las universidades se encargaban de «empaquetar» estas ayudas cuando hacían las ofertas de admisión a los solicitantes.
Los Préstamos Estudiantiles Garantizados eran préstamos de bancos privados, no del gobierno federal. Los estudiantes solicitaban directamente a los bancos estos préstamos, que el gobierno federal garantizaba contra impagos, y pagaban los intereses mientras los estudiantes estaban matriculados a tiempo completo en programas de titulación universitaria. Los impagos y el reembolso se consideraban manejables, y la mayoría de estos préstamos ya han sido reembolsados.
Pero las reglas del juego cambiaron radicalmente cuando se tomaron decisiones legislativas en los momentos finales de la aprobación de la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible (conocida como Obamacare) en 2010. Con el fin de que las disposiciones sobre seguros de salud de esa legislación se amortizaran por sí solas, tal y como exigían las normas del Congreso, el proyecto final de la Ley de Asistencia Asequible incluyó un nuevo programa federal de préstamos a estudiantes en el que el Departamento de Educación de EEUU se convertía en el prestamista. En teoría, ese programa estaba diseñado para obtener suficientes beneficios de los préstamos federales directos a estudiantes como para pagar las primas subvencionadas del seguro médico de Obamacare.
Avanzando rápidamente hasta años más recientes, se hizo evidente que el programa federal de préstamos a estudiantes no sólo no estaba obteniendo los beneficios previstos, sino que, de hecho, se estaba convirtiendo en un albatros alrededor del cuello del gobierno, ya que los rendimientos marginales de la inversión en títulos universitarios no producían automáticamente ganancias más favorables para los graduados universitarios después de todo, y los prestatarios estaban luchando para hacer sus pagos mensuales de préstamos requeridos. Empezamos a oír historias de graduadas en estudios de la mujer que trabajaban como camareras en Starbucks. Muchos americanos comprensivos empezaron a decir que estas cargas de reembolso de préstamos eran injustas para las generaciones más jóvenes, impidiéndoles comprar casas y formar familias.
Mientras tanto, las matrículas en la enseñanza superior empezaron a aumentar espectacularmente hace algunos años. Un ejemplo de mi propia alma mater, una universidad privada de élite para mujeres del este (ahora mixta desde hace más de cincuenta años), lo demuestra. En mi último año, en 1963-64, la matrícula, el alojamiento y la manutención ascendían a 2.800 dólares. Utilizando la calculadora de inflación del índice de precios al consumo del Departamento de Trabajo de EEUU, es fácil calcular que 2.800 dólares en 1964 equivalen a 28.061,20 dólares en 2023.
Así, el índice de precios al consumidor nos dice que el nivel general de precios se ha multiplicado por diez en esos sesenta años. Pero aquí viene la parte chocante de la historia: la matrícula actual y el alojamiento y la manutención en mi alma mater para el curso académico 2023-24 es de 85.220 dólares, unas tres veces el factor de diez si esos costes universitarios hubieran aumentado sólo al ritmo del índice de precios al consumo general de toda la economía. Esta tendencia es típica de la Liga de la Hiedra y otras instituciones de élite, así como de otras instituciones menos competitivas. Entre las instituciones públicas se observan tendencias similares, aunque en algunos casos el aumento de las matrículas puede deberse a la reducción de las asignaciones presupuestarias del Estado a las instituciones públicas.
Así pues, los americanos tienen motivos para quejarse del elevado coste que supone asistir a la universidad hoy en día, unos costes que han superado con creces los precios en el resto de la economía. El American Council of Trustees and Alumni ha demostrado que gran parte del aumento de los ingresos por matrículas se ha destinado a gastos administrativos excesivos, como la ampliación del personal de diversidad, equidad e inclusión, en lugar de esfuerzos educativos como la contratación de más profesores o la compra de más libros para la biblioteca.
Existe una relación directa entre las ayudas financieras a los estudiantes —especialmente los préstamos estudiantiles— y el aumento de las matrículas. Un simple análisis microeconómico de la oferta y la demanda revela que cuando las funciones de demanda aumentan (se desplazan hacia la derecha en un diagrama estándar) sin un aumento proporcional de la oferta, el precio de equilibrio del mercado aumentará inevitablemente. Y esto es exactamente lo que ha ocurrido en la enseñanza superior americana.
En los últimos años ha quedado claro que la existencia de préstamos federales para estudiantes ha dado a las universidades una invitación abierta a aumentar las matrículas. Las oficinas institucionales de ayuda financiera pueden simplemente incluir más financiación de préstamos en los paquetes de ayuda ofrecidos a los estudiantes. Y empieza a ser preocupante que muchos estudiantes (y muy posiblemente también sus padres) no se den cuenta de las responsabilidades de prestatario que asumen cuando aceptan los paquetes de ayuda financiera que les ofrecen las universidades que desean. En su entusiasmo por asistir a sus instituciones favoritas, los estudiantes tienden a ignorar sus obligaciones futuras. En medio de su entusiasmo por las ofertas de admisión y ayuda financiera, pueden no darse cuenta de cómo las obligaciones de los prestatarios pueden enturbiar su futuro.
Identificar el problema de los préstamos federales a estudiantes es más fácil que proponer una solución adecuada. Está claro que no es aceptable condonar los saldos pendientes de los préstamos, obligando a todos los contribuyentes —incluidos aquellos que no asistieron a la universidad en absoluto, o que asistieron a la universidad sin el beneficio de la financiación de préstamos, o que asistieron a la universidad con préstamos y ahora los han devuelto— a asumir el coste. Mientras tanto, los estudiantes siguen apuntándose a estas subvenciones de préstamos, y los costes no hacen sino acumularse en el futuro. Hay que acabar pronto con el programa federal o, como mínimo, reformarlo drásticamente. Como concluye Elswyk en su artículo, «este sistema no puede continuar como programa de préstamos. No acabará bien».
