Los políticos de un número creciente de gobiernos locales afirman haber creado «Santuarios de la 2ª Enmienda». Pero, hasta ahora han fallado por un amplio margen.
Contrariamente a la retórica que se está difundiendo en apoyo de estos esfuerzos, prácticamente ninguna de estas jurisdicciones ha aprobado leyes equivalentes a la más modesta política de «ciudad santuario» de inmigración. De hecho, la mayoría de ellos no están aprobando ninguna ley.
Aunque no existe una definición concreta y legal de una ciudad santuario, cuando se trata de inmigración, la opinión generalmente aceptada es que el gobierno local se niega a participar en la aplicación de una amplia gama de leyes federales de inmigración.
San Francisco podría ser el más prominente de ellos. La Ordenanza de «Ciudad y Condado de Refugio», también conocida como la Ordenanza de Santuario, fue aprobada por primera vez en 1989 y enmendada recientemente en 2013.
Según el sitio web del gobierno de la ciudad, «generalmente prohíbe que los empleados de la Ciudad utilicen fondos o recursos de la Ciudad para ayudar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la aplicación de la ley federal de inmigración, a menos que dicha asistencia sea requerida por la ley federal o estatal».
En el extremo más estrecho del espectro, un número de condados en Iowa se han encontrado en listas de santuarios porque los alguaciles de los condados decidieron que sin obtener primero una orden u orden judicial, no cumplirían con las solicitudes de orden de detención del ICE y retendrían a individuos sospechosos de estar en el país ilegalmente.
Al revisar las medidas recientemente aprobadas del «Santuario de la Segunda Enmienda» en Texas, Illinois, Oregon, Florida, Arizona y otros lugares, ninguna de ellas prohíbe a los empleados del gobierno local usar fondos o recursos para ayudar en la aplicación de leyes o regulaciones federales o incluso estatales sobre armas de fuego. Y aparte de unos pocos valores atípicos, casi ninguno de ellos ha aprobado ninguna ley, a pesar de hacer afirmaciones públicas de haber creado un «santuario» para los propietarios de armas.
En el condado Hood, Texas, por ejemplo, el sheriff Roger Deeds ha hablado abiertamente en los últimos meses sobre su deseo de tener un santuario allí, y el Tribunal de Comisionados se vio obligado a aprobar por unanimidad una resolución patrocinada por el comisionado James Deaver.
Declara específicamente que Hood es un «Condado Santuario de la Segunda Enmienda», y declara que no «se apropiará de fondos, recursos, empleados, agencias, contratistas, edificios, centros de detención u oficinas del gobierno con el propósito de hacer cumplir una ley que infringe inconstitucionalmente el derecho de las personas a tener y portar armas».
El problema con este esfuerzo, y para aquellos que dicen haber creado un santuario para los dueños de armas, es el hecho de que el Condado Hood aprobó una resolución - no una ordenanza.
Según el Centro de Educación de las Cortes Municipales de Texas (TMCEC, por sus siglas en inglés), los cuerpos gobernantes locales hacen ley al aprobar una ordenanza. Una resolución «no tiene fuerza de ley» y se utiliza como «expresión de una opinión del cuerpo legislativo».
A pesar de la afirmación del Condado Hood de ser un «Condado Santuario de la Segunda Enmienda», su resolución no detiene la aplicación de ninguna medida sobre armas de fuego. Es simplemente la opinión de los que votaron a favor de su aprobación, y nada más.
Este problema no es exclusivo del Condado Hood.
Al momento de escribir este artículo, por lo menos una docena de otros condados de Texas también han reclamado el estatus de «Santuario de la Segunda Enmienda». Todos ellos han aprobado resoluciones no vinculantes que no prohíben la aplicación de nada.
Lo mismo ha ocurrido en docenas de condados de Illinois, junto con el Condado de Lake, Florida, el Condado de Mohave, Arizona y otros lugares.
Esto no significa que las resoluciones no tengan cabida en una estrategia para defender el derecho a conservar y portar armas. Thomas Jefferson redactó famosas resoluciones en respuesta a las Leyes de Extranjería y Sedición, y la legislatura de Kentucky las aprobó en noviembre de 1798. Pero sus partidarios no afirmaron haber anulado las odiadas leyes federales, a pesar de que pidieron a todos los estados que hicieran precisamente eso.
En Oregón, donde los votantes de noviembre pasado aprobaron ocho «Ordenanzas de Preservación de la Segunda Enmienda» a nivel de condado en lugar de simples resoluciones, las leyes sólo prohíben el uso de recursos locales para hacer cumplir las leyes o reglamentos sobre armas de fuego si primero se determina que son inconstitucionales.
En otras palabras, la asistencia para el cumplimiento de la ley continúa hasta que se deroga una ley o un reglamento.
Ese enfoque es exactamente lo contrario de lo que está sucediendo en San Francisco y otros santuarios de inmigración en todo el país.
Mientras que esas ciudades han atraído una ira creciente de muchos conservadores y republicanos, es casi seguro que estos autodenominados santuarios de la Segunda Enmienda no recibirán el mismo tratamiento de sus oponentes ideológicos a menos que cambien dramáticamente su estrategia y aprueben leyes que realmente hagan algo.
