Existe un caso, Timbs v. Indiana, actualmente ante la Corte Suprema de los Estados Unidos en relación con la confiscación de activos civiles y si la cláusula de multas excesivas de la 8va Enmienda también se aplica a los estados debido a la cláusula de incorporación de la 14a Enmienda.
El peticionario es Tyson Timbs, quien se convirtió en adicto a la hidrocodona opioide después de haber recibido una receta para el dolor en su pie. Después de que su receta se había agotado, la compró a un distribuidor. Después de que su comerciante se agotó, lo persuadieron para que probara la heroína como sustituto y se convirtió en adicto. Finalmente, superó su adicción, pero recayó en el momento de la muerte de su padre.
Timbs recibió $ 73.000 de la póliza de seguro de vida de su padre y usó $ 42.000 para comprar un Land Rover 2012. Queriendo ganar dinero para financiar su hábito, un informante confidencial lo convenció para que tratara con heroína. Hizo dos acuerdos con agentes de narcóticos encubiertos (cada uno por dos gramos) y, en su camino hacia el tercer acuerdo, fue detenido y arrestado. Su Land Rover fue capturado en el acto.
Timbs fue acusado de dos cargos de tratar con una sustancia controlada y un cargo de conspiración para cometer robo. Se declaró culpable de este último cargo y de uno de los dos cargos del primero. La multa máxima que podría imponerse por sus delitos es de $ 10.000. La corte de primera instancia determinó que la incautación de un vehículo equivalente a cuatro veces la multa máxima viola la prohibición de la 8ª Enmienda contra multas excesivas. Si bien una corte de apelaciones dividido confirmó la decisión, la Corte Suprema de Indiana revocó el argumento, argumentando que no hay ningún precedente que establezca que la cláusula de multas excesivas de la 8va Enmienda se aplique a los estados. La Corte Suprema de los Estados Unidos otorgó una revisión y escuchó los argumentos orales el 28 de noviembre de 2018.
En la transcripción de los argumentos orales, parece que la mayoría de la Corte se mostró escéptica ante la idea de que la cláusula de multas excesivas no se hubiera incorporado a los estados. El juez Gorsuch, por ejemplo, desafió al procurador general de Indiana, Thomas Fisher, diciendo que «la mayoría de estos casos de incorporación tuvieron lugar en la década de 1940. Y aquí estamos en 2018 todavía litigando la incorporación de la Carta de Derechos. ¿De Verdad? Vamos, general». Con toda probabilidad, la corte decidirá la pregunta antes de que se aplique: ¿la cláusula de multas excesivas se aplica a los estados? – en lo afirmativo.
La SCOTUS no es probable que defina «multas excesivas»
Sin embargo, hay una pregunta mayor: ¿es este caso trascendental en términos de limitar el abuso de la confiscación de activos civiles? Probablemente no. Hay una serie de razones por las que no.
Por un lado, la decisión de la corte no abordará la cuestión de qué constituye una multa excesiva en relación con el decomiso civil de activos. En Austin v. Estados Unidos (1993), la corte sostuvo que la confiscación de activos civiles puede considerarse un castigo para el propietario de la propiedad, no solo un caso contra la propiedad incautada, sino que se negó a proporcionar una prueba para determinar qué constituye «excesivo». De hecho, no se han presentado muchos casos ante la corte para decidir lo que significa la prohibición de multas excesivas, incluso fuera del decomiso civil de activos. En Estados Unidos v. Bajakajian (1998), al menos nos dieron un ejemplo de qué tipo de multa considera la corte «gravemente desproporcionada a la gravedad del delito del acusado» cuando se incautaron los $ 357.144 en efectivo del Sr. Bajakajian cuando no informó a los funcionarios de aduanas que llevaba más de $ 10.000 cuando salía del país para pagar sus deudas. Pero es probable que la corte no haga comentarios sobre si la confiscación de un camión de $ 42.000 es excesiva para un delito con una multa máxima de $ 10.000.
En segundo lugar, el valor de la propiedad incautada en la mayoría de los casos de decomiso de activos civiles probablemente no será considerado excesivo por las cortes. El Instituto para la Justicia (uno de los litigantes en este caso), recopiló datos de decomiso a nivel de propiedad de 10 estados en 2012. El valor medio de los bienes incautados varió desde $ 451 en Minnesota hasta $ 2.048 en Utah. De manera similar, la ACLU de Pennsylvania encontró en su análisis de las confiscaciones de efectivo en Filadelfia entre 2011 y 2013 que la mitad de los casos involucraron menos de $ 192. En la mayoría de los casos, los dueños de propiedades eligen ni siquiera cuestionar el decomiso, una de las razones principales, sin duda, es que los costos legales de hacerlo son mayores que el valor de la propiedad.
Es a nivel estadual donde la reforma real es posible
Pero tal vez la principal razón por la que la decisión de la corte no hará una diferencia a corto plazo para frenar el abuso de la confiscación de activos civiles (lo que es sorprendentemente algo que casi nadie menciona en este caso) es que la gran mayoría de las constituciones estaduales ya prohíben multas excesivas Timbs v. Indiana no debería haber comparecido ante la Corte Suprema de EE. UU. por la sencilla razón de que ya existe una cláusula en la constitución del estado de Indiana que prohíbe multas excesivas. ¿Por qué la Corte Suprema de Indiana no revisó su propia constitución estadual para confirmar que, independientemente de si la cláusula de multas excesivas de la 8ª Enmienda está incorporada a los estados, Tyson Timbs estaba protegido? La única forma en que este caso tendrá algún impacto en la confiscación de activos civiles es primero confirmando que la cláusula de multas excesivas se incorpore a los estados y luego por la Corte Suprema de los EE. UU., en casos futuros que se presenten, definiendo «excesivo» de una manera más estricta. Así como lo hacen actualmente las cortes estaduales. Pero incluso entonces solo se aplicará en los casos más graves.
Para los partidarios de la reforma de la pérdida de activos civiles, lo que debería recibir más atención son los esfuerzos a nivel estadual y local, como la legislación aprobada por Nuevo México, Arizona y Nebraska, o el proyecto de ley actualmente en estudio en Dakota del Norte. Estas reformas generalmente requieren que se obtenga una condena penal antes de que se produzca el decomiso, y que los fondos recaudados se destinen a un fondo general o escolar en lugar de complementar el presupuesto del departamento de policía. Sin embargo, un elemento crucial de la reforma que no ha sido implementado por todos los estados que aprueban reformas es el cierre de la brecha federal de participación equitativa por la cual los departamentos de policía eluden la ley estadual. Hacer estos cambios depende de los estados; no se logrará a través de leyes o litigios a nivel federal.
