[De «El agotamiento del fondo de reserva» en Acción humana, cap. 36.]
La idea que subyace a todas las políticas intervencionistas es que los mayores ingresos y la riqueza de la parte más acomodada de la población es un fondo que puede utilizarse libremente para mejorar las condiciones de los menos prósperos. La esencia de la política intervencionista es tomar de un grupo para dar a otro. Es la confiscación y la distribución. Toda medida se justifica en última instancia declarando que es justo frenar a los ricos en beneficio de los pobres.
En el ámbito de las finanzas públicas, la imposición progresiva de las rentas y los patrimonios es la manifestación más característica de esta doctrina. Gravar a los ricos y gastar los ingresos para mejorar la condición de los pobres, es el principio de los presupuestos contemporáneos. En el campo de las relaciones laborales se recomienda reducir las horas de trabajo, aumentar los salarios y otras mil medidas, bajo la premisa de que favorecen al empleado y agobian al empleador. Cada asunto de los asuntos gubernamentales y comunitarios se trata exclusivamente desde el punto de vista de este principio.
Un ejemplo ilustrativo son los métodos aplicados en el funcionamiento de las empresas nacionalizadas y municipalizadas. Estas empresas muy a menudo resultan en un fracaso financiero; sus cuentas muestran regularmente pérdidas que gravan el tesoro del Estado o de la ciudad. No sirve de nada investigar si los déficits se deben a la notoria ineficiencia de la conducta pública de las empresas comerciales o, al menos en parte, a la insuficiencia de los precios a los que se venden los productos o servicios a los clientes. Lo que importa más es el hecho de que los contribuyentes deben cubrir estos déficits. Los intervencionistas aprueban plenamente este arreglo. Rechazan apasionadamente las otras dos soluciones posibles: vender las empresas a empresarios privados o aumentar los precios cobrados a los clientes hasta tal punto que no quede ningún déficit más. La primera de estas propuestas es a sus ojos manifiestamente reaccionaria porque la tendencia inevitable de la historia es hacia una socialización cada vez mayor. La segunda se considera «antisocial» porque impone una carga más pesada a las masas consumidoras. Es más justo hacer que los contribuyentes, es decir, los ciudadanos ricos, soporten la carga. Su capacidad de pago es mayor que la de la gente promedio que viaja en los ferrocarriles nacionalizados y en los subterráneos, trolebuses y autobuses municipalizados. Pedir que esos servicios públicos sean auto-suficientes, es, dicen los intervencionistas, una reliquia de las viejas ideas de las finanzas ortodoxas. Uno podría también aspirar a hacer que las carreteras y las escuelas públicas sean autosuficientes.
No es necesario discutir con los defensores de esta política de déficit. Es evidente que el recurso a este principio de capacidad de pago depende de la existencia de ingresos y fortunas que todavía pueden ser gravados. Ya no se puede recurrir a él una vez que esos fondos adicionales se han agotado por los impuestos y otras medidas intervencionistas.
Esta es precisamente la situación actual en la mayoría de los países europeos. Los Estados Unidos todavía no han llegado tan lejos; pero si la tendencia real de sus políticas económicas no se altera radicalmente muy pronto, se encontrará en la misma condición en unos pocos años.
Por el bien del argumento podemos ignorar todas las demás consecuencias que el pleno triunfo del principio de la capacidad de pago debe traer consigo y concentrarnos en sus aspectos financieros.
El intervencionista que aboga por un gasto público adicional no es consciente de que los fondos disponibles son limitados. No se da cuenta de que el aumento del gasto en un departamento obliga a restringirlo en otros departamentos. En su opinión hay mucho dinero disponible. Los ingresos y la riqueza de los ricos pueden ser aprovechados libremente. Al recomendar un mayor subsidio para las escuelas, él simplemente enfatiza el punto de que sería bueno gastar más para la educación. No se atreve a demostrar que es más conveniente aumentar el presupuesto de las escuelas que el de otro departamento, por ejemplo, el de la salud. Nunca se le ocurre que se puedan esgrimir argumentos graves a favor de restringir el gasto público y reducir la carga fiscal. Los campeones de los recortes presupuestarios son a sus ojos sólo los defensores de los intereses de clase manifiestamente injustos de los ricos.
Con el actual aumento de los impuestos sobre la renta y la herencia, este fondo de reserva con el que los intervencionistas tratan de cubrir todos los gastos públicos se está reduciendo rápidamente. Prácticamente ha desaparecido por completo en la mayoría de los países europeos. En los Estados Unidos, los recientes avances en las tasas de impuestos produjeron sólo resultados insignificantes de ingresos más allá de lo que produciría una progresión que se detuvo en tasas mucho más bajas. Los altos tipos impositivos para los ricos son muy populares entre los diletantes intervencionistas y los demagogos, pero sólo aseguran modestas adiciones a los ingresos.1 De día en día se hace más evidente que las adiciones a gran escala al monto del gasto público no pueden ser financiadas «empapando a los ricos», sino que la carga debe ser llevada por las masas. La tradicional política fiscal de la era del intervencionismo, sus glorificados dispositivos de impuestos progresivos y gastos suntuosos, han sido llevados a un punto en el que su absurdo ya no puede ser ocultado. El notorio principio de que, mientras que los gastos privados dependen del tamaño de los ingresos disponibles, los ingresos públicos deben ser regulados de acuerdo a los gastos, se refuta a sí mismo. En lo sucesivo, los gobiernos tendrán que darse cuenta de que un dólar no puede gastarse dos veces, y que las diversas partidas de gastos gubernamentales están en conflicto entre sí. Cada centavo de gasto gubernamental adicional tendrá que ser recaudado precisamente de aquellas personas que hasta ahora se han propuesto trasladar la carga principal a otros grupos. Aquellos ansiosos de obtener subsidios tendrán que pagar ellos mismos la factura de los subsidios. Los déficits de las empresas de propiedad y operación pública se cobrarán al grueso de la población.
La situación en el nexo empleador-empleado será análoga. La doctrina popular sostiene que los asalariados cosechan «ganancias sociales» a expensas de los ingresos no ganados de las clases explotadoras. Se dice que los huelguistas no hacen huelga contra los consumidores sino contra la «dirección». No hay razón para aumentar los precios de los productos cuando se incrementan los costes laborales; la diferencia debe ser asumida por los empleadores. Pero cuando la parte de los empresarios y capitalistas es absorbida cada vez más por los impuestos, los salarios más altos y otras «ganancias sociales» de los empleados, y por los topes de precios, no queda nada para esa función de amortiguamiento. Entonces se hace evidente que cada aumento de salario, con todo su ímpetu, debe afectar a los precios de los productos y que las ganancias sociales de cada grupo corresponden plenamente a las pérdidas sociales de los demás grupos. Cada huelga se convierte, incluso a corto plazo y no sólo a largo plazo, en una huelga contra el resto del pueblo.
Un punto esencial de la filosofía social del intervencionismo es la existencia de un fondo inagotable que puede ser exprimido para siempre. Toda la doctrina del intervencionismo se derrumba cuando se agota este fondo. El principio de Santa Claus se liquida a sí mismo.
- 1En Estados Unidos la tasa de sobretasa en virtud de la Ley de 1942 era del 52% en el tramo de ingresos imponibles de 22.000 a 26.000 dólares. Si la sobretasa se hubiera detenido en este nivel, la pérdida de ingresos en los ingresos de 1942 habría sido de unos 249 millones de dólares o el 2,8% del total del impuesto sobre la renta de las personas físicas para ese año. En el mismo año, el total de ingresos netos en las clases de ingresos de 10.000 dólares y más fue de 8.912 millones de dólares. La confiscación completa de estos ingresos no habría producido tantos ingresos como los obtenidos en este año de todos los ingresos imponibles, a saber, 9.046 millones de dólares. Cf. A Tax Program for a Solvent America, Committee on Postwar Tax Policy (New York, 1945), pp. 116-117, 120.
