La práctica de las fuerzas del orden en los Estados Unidos de confiscar bienes privados es uno de los ejemplos más claros de cuánto poder se ha permitido al gobierno. Aunque la idea de apropiarse por la fuerza de los bienes de los ciudadanos como castigo por infringir la ley se lleva practicando en el continente norteamericano desde hace cientos de años, durante mucho tiempo sólo se utilizó con poca frecuencia y, por lo general, fue ignorada por las fuerzas del orden.
Sólo hubo un puñado de periodos y circunstancias en los que la confiscación civil de activos se utilizó con cierta regularidad, como en la aplicación de las Leyes de Navegación británicas del siglo XVII o de las leyes de Prohibición en los años veinte y principios de los treinta. La excesiva evolución de la práctica depredadora de la confiscación de activos tal y como la conocemos hoy en día es relativamente reciente.
La chispa que desencadenó este incendio fue la Ley de Control Integral de la Delincuencia de 1984, que formaba parte de una ley de asignaciones promulgada por el Presidente Ronald Reagan. Esta ley amplió enormemente la capacidad de las fuerzas del orden para utilizar la confiscación de bienes. Por ejemplo, autorizaba a los tribunales a dictar órdenes de confiscación de bienes del mismo modo que dictarían órdenes de registro, es decir, basándose en una causa probable y no en una condena penal. Los ciudadanos podían ahora perder sus bienes sin haber sido declarados culpables de ningún delito. También permitía a los tribunales ordenar la confiscación de «bienes sustitutorios» si los bienes originales que se consideraban asociados a un delito no podían ser confiscados. (Véase el Título III de esta Ley para una lista completa de las concesiones hechas para la confiscación de bienes).
Es importante señalar que también estableció importantes incentivos financieros vinculados a la confiscación de bienes, al permitir la retención de los bienes confiscados y crear un acuerdo por el que los organismos estatales y locales pueden compartir las incautaciones con los organismos federales. Este acuerdo se conoce como «reparto equitativo». En virtud de este acuerdo, estas agencias estatales y locales pueden quedarse con hasta el 80% de los beneficios de las incautaciones que compartan con las agencias federales. Este perverso incentivo monetario permite a la policía obtener más ingresos para su departamento cuanta más propiedad privada arrebata a los ciudadanos, y el mismo proyecto de ley que allanó el camino para esta dinámica también estableció que pueden confiscar casi cualquier cosa sin necesidad de una condena penal o una preponderancia de pruebas. Todo lo que necesitan es una causa probable.
Aunque los requisitos legales para la incautación son extremadamente bajos, ha habido un número agravante de casos en los que se incautaron bienes sin ni siquiera cumplirlos. En 2014, el Washington Post analizó los registros de incautaciones del Departamento de Justicia para conocer la prevalencia de la confiscación de bienes. En su informe, muestran que en el tiempo transcurrido entre el 11 de septiembre de 2001 y su estudio en 2014, se habían producido 61.998 incautaciones de dinero en efectivo completamente sin orden judicial realizadas en carreteras y compartidas con agencias federales a través del Programa de Reparto Equitativo, lo que constituía 2.500 millones de dólares en incautaciones.
Sólo una sexta parte de estos casos fueron impugnados legalmente, y dentro de esa sexta parte sólo el 41% de las personas pudieron recuperar el dinero robado. De los 2.500 millones de dólares sustraídos, 1.700 millones se devolvieron a los organismos estatales y locales que habían sustraído el dinero en primer lugar, lo que significa que esos organismos se enriquecieron con el 68% del dinero en efectivo que sustrajeron sin ninguna causa probable.
Pero, por muy depredadores que puedan ser los policías que incurren en este tipo de conducta, resulta que no están en la cima de la cadena alimentaria. Los gobiernos locales y estatales que supervisan estos organismos pueden compensar, y a menudo lo hacen, el presupuesto del departamento de policía en cierta proporción a la cantidad de ingresos que ese departamento genera mediante la confiscación civil de activos.
A primera vista, parece perfectamente normal que los gobiernos den menos dinero a los departamentos que generan ingresos por sí mismos, pero un estudio realizado por investigadores de la Oficina Nacional de Investigación Económica profundizó en el tema y halló relaciones interesantes entre determinadas circunstancias y el grado en que tienden a compensarse los presupuestos policiales. El ya mencionado Programa de Reparto Equitativo existe para que las agencias estatales y locales compartan sus incautaciones con las agencias federales, pero cada estado también tiene sus propias vías y normas complementarias para gestionar las incautaciones.
Las agencias no están obligadas a compartir información con el gobierno estatal y el federal al mismo tiempo. Pueden elegir uno u otro. Pero si comparten con el gobierno federal, pueden recuperar hasta el 80% de su botín. Los acuerdos de muchos gobiernos estatales no son tan generosos, por lo que puede parecer que la opción más clara para todos y cada uno de los departamentos es acogerse al Programa de Reparto Equitativo. Curiosamente, el estudio de la Oficina descubrió que los gobiernos estatales y locales compensarían el presupuesto de su policía con casi la totalidad de sus ingresos por confiscaciones si esa policía utilizara el Programa de Reparto Equitativo y compensarían el mismo presupuesto con una cantidad menor si esas mismas confiscaciones se compartieran con el Estado en su lugar.
La razón de esta disparidad no resulta obvia a partir de los datos empíricos recogidos y analizados en el estudio, pero pueden hacerse algunas conjeturas razonables. Los gobiernos estatales no reciben directamente ninguno de los beneficios de las incautaciones compartidas a través del Programa de Reparto Equitativo, pero en cambio pueden beneficiarse de las incautaciones compartidas con ellos. Podría ser simplemente que esos gobiernos estatales quieran una parte del dinero. Podría ser que estos gobiernos estatales vean el uso del Programa de Reparto Equitativo para eludir sus propias normas y reglamentos, y traten de castigar a los departamentos por su insubordinación percibida. Esta es una posibilidad remota, pero tal vez incluso hay un estado por ahí que ve el reparto equitativo como perverso y corrupto y simplemente quiere evitar que su policía utilice dicho programa.
En cualquier caso, la ironía de este segundo nivel de robo es que contrarresta eficazmente los incentivos financieros que existen para la confiscación civil de bienes. El estudio antes mencionado descubrió que la policía responde a incentivos netos, lo que significa que cuanto mayor es el botín que se le confisca en forma de compensaciones presupuestarias, menos inclinada está a confiscar propiedad privada. Podría tratarse de un raro caso en el que el comportamiento autodirigido de los burócratas produce un resultado positivo.
