En una noticia que conmocionó a los principales medios de comunicación, pero que no sorprendió a nadie familiarizado con la industria académica en general, el general retirado del ejército americano John Allen se vio obligado a dimitir como presidente de la Institución Brookings después de que se revelara que el FBI le estaba investigando por ejercer presión en favor de la monarquía qatarí.
Por supuesto, la verdadera noticia, apenas señalada por el Washington Post, el New York Times o cualquier otro supuesto periódico de referencia, es que Allen sólo estaba realmente en problemas porque no había cumplido con los requisitos legales pro forma para aquellos que ejercen presión sobre el gobierno de Estados Unidos en nombre de un agente o gobierno extranjero.
La Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA por sus siglas en inglés), en virtud de la cual se regulan estas actividades, incluye varias excepciones que permiten realizarlas sin declarar un conflicto de intereses. Los grupos de reflexión, un nombre erróneo donde los haya, operan bajo una «excepción académica» que permite la participación en «actividades religiosas, escolásticas, académicas o científicas de buena fe o en las bellas artes».
Cualquiera que haya cogido alguna vez una de las muchas revistas de ciencias sociales mortalmente aburridas en las que se realiza un trabajo académico empírico real y de buena fe sabe que esto constituye quizás una fracción de lo que los think tanks producen casi a diario.
En cambio, los comentarios de los think tanks, promocionados como análisis objetivos, aparecen o se citan regularmente en publicaciones y medios tan aparentemente diversos como el Wall Street Journal y la NPR.
Por supuesto, los think tanks no están solos. Como ha documentado Ben Freeman, especialista en la influencia extranjera en la política americana, bastiones democráticos de los valores liberales como los EAU y Arabia Saudí donan cientos de millones, incluso miles de millones, a universidades de todo el país.
Por supuesto, desde una perspectiva libertaria, ¿quién puede decir quién debe dar dinero a quién y para qué? Además, las disposiciones de la FARA son tan nebulosas que prácticamente cualquier persona podría ser objeto de una acción por cualquier motivo, lo que supone una oportunidad evidente para que los funcionarios federales que no rinden cuentas puedan atentar contra las libertades civiles de los americanos.
Pero lo que realmente llama la atención es la flagrante hipocresía de todo esto, ya que las mismas universidades y grupos de reflexión denuncian regularmente la aparentemente pérfida influencia de países como China, a la que advierten sin aliento que utiliza nuestras «instituciones abiertas» para su propio beneficio. Si alguno de ellos se atreve a desviarse del mensaje e informar, por ejemplo, sobre la influencia bien documentada y totalmente negativa de países como Israel en la política exterior de Estados Unidos, ¡se les tacha de antisemitas, racistas o agentes extranjeros!
La verdad es que los poderosos grupos de presión de Israel y Arabia Saudí han sido capaces de dirigir la política de EEUU en direcciones claramente contrarias a los mejores intereses del pueblo americano durante décadas. No es de extrañar que el efecto nocivo de su dinero se haya dejado sentir más que en la política americana hacia Irán, donde los saudíes, israelíes y emiratíes invierten literalmente miles de millones de dólares en ataques contra un país con el que Estados Unidos debería haber normalizado sus relaciones hace décadas.
El grupo de presión uigur es otro de esos grupos de interés que goza de puertas abiertas en el Congreso y en las páginas de opinión de los periódicos más importantes—¡mientras que su brazo, claramente paramilitar, aboga por el derrocamiento violento del gobierno de Beijing! ¿Y qué debemos pensar nosotros, o gobiernos extranjeros como el de China, cuando la organización matriz de estos extremistas, el Congreso Mundial Uigur, recibe financiación del propio gobierno americano?
Se supone que no debemos pensar en ello en absoluto.
Al igual que se supone que no debemos cuestionar ninguna de las otras políticas descaradamente interesadas. ¿Quién, por ejemplo, se sorprende al saber que existe un gran y activo lobby ucraniano en Washington? Esto ha dado buenos resultados, ya que nuestro gobierno entrega diariamente 130 millones de dólares a Kiev sin apenas supervisión.
Y, por supuesto, lo más enloquecedor es que cualquier americano con pensamiento crítico que se atreva a cuestionar las políticas obviamente peligrosas y contraproducentes del gobierno de Estados Unidos, compradas y pagadas por agentes literalmente extranjeros, es acusado de estar a sueldo de Moscú, Beijing o Teherán.
No importa que todas las pruebas apunten en la dirección contraria.
De nuevo, no se espera que el pueblo americano piense en absoluto, sólo que se mantenga en la línea y que el dinero siga fluyendo.
Este es el triste estado de la política exterior en América, y ocurre a la vista de todos.
