A estas alturas debería estar perfectamente claro que las compañías más destacadas de la Gran Digital no son estrictamente empresas privadas con ánimo de lucro. Como argumenté en Archipiélago Google, también son aparatos estatales, o gubernamentalidades, que realizan funciones estatales, incluyendo la censura, la propaganda y la vigilancia.
Katherine Boyle, «socia general de Andreessen Horowitz, donde invierte en empresas que promueven el dinamismo americano, como la seguridad nacional, la industria aeroespacial y de defensa, la seguridad pública, la vivienda, la educación y la industria», ha sugerido que las «startups tecnológicas han empezado a usurpar las responsabilidades de los gobiernos a un ritmo vertiginoso». Si esto no fuera ya obvio, las recientes revelaciones de The Intercept de que los funcionarios del gobierno de EEUU tienen acceso a un portal especial a través del cual pueden marcar directamente las publicaciones de Facebook e Instagram y solicitar que las publicaciones sean «estranguladas o suprimidas» deberían poner la cuestión en su sitio.
Elon Musk prometió más revelaciones sobre la connivencia Gran Tecnológica-gobierno, concretamente en Twitter. Hasta la toma de posesión de Musk, y tal vez incluso desde entonces, Twitter ha funcionado como un instrumento del Estado unipartidista, aplastando cualquier cosa que el régimen considere «desinformación» y «desinformación» sobre cualquier número de temas —política internacional y guerra, economía y recesión, pandemias y vacunas, política y elecciones, los objetivos de las élites globales, el catastrofismo del cambio climático, y el Gran Reinicio que se está introduciendo mientras hablamos.
El nacimiento de la Gran Tecnológica por parte del Estado
Según un reciente artículo publicado en el American Conservative por Wells King, director de investigación en el think tank de economía conservadora American Compass, nada de esto debería ser una sorpresa. Silicon Valley, sostiene el autor, fue desde el principio el engendro de la gran financiación gubernamental. Según el autor, sólo quienes se adhieren al «fundamentalismo del mercado» pueden sostener que tal «innovación, progreso y crecimiento son producto de la ausencia del gobierno». En particular, King afirma:
Silicon Valley fue el producto de una política pública agresiva. Las tecnologías clave de nuestra era digital no fueron los felices accidentes de la «innovación sin permiso» en el mercado «autorregulado», sino de una acción gubernamental deliberada y prolongada.
King sostiene que la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA), que en 1972 se convirtió en la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA), financió y dirigió el desarrollo de todo, desde los circuitos integrados hasta los transistores de silicio y los protocolos de la informática en red. El principal cliente era el Pentágono.
Más recientemente, como he argumentado, tanto Google como Facebook recibieron capital inicial —directa o indirectamente— de las agencias de inteligencia de los EEUU. En el caso de Facebook, el capital inicial llegó a través de Palantir, Accel Partners y Greylock Partners. Estas fuentes de financiación recibieron sus fondos de In-Q-Tel, la empresa de inversión de capital riesgo del sector privado de la CIA, o estuvieron muy involucradas en ella.
En 1999, la CIA creó In-Q-Tel para financiar nuevas empresas prometedoras que pudieran crear tecnologías útiles para las agencias de inteligencia. Como señala Jody Chudley, analista de St. Paul Research, In-Q-Tel financió Palantir, la empresa emergente de Peter Thiel, hacia 2004. Posteriormente, Palantir financió a Facebook. Como el periodista independiente y ex reportero de VICE Nafeez Ahmed ha detallado ampliamente, las conexiones de Google con la comunidad de inteligencia y el ejército son profundas. Ahmed muestra que las relaciones con los funcionarios de DARPA dieron lugar a la financiación inicial y que le siguió la financiación directa de la comunidad de inteligencia (CI). La CI vio el potencial sin precedentes de Internet para la recopilación de datos, y la nueva empresa de motores de búsqueda representaba una clave para su recopilación.
¿El gobierno creó Internet?
En su artículo para la Fundación para la Educación Económica, Andrew P. Morriss cuenta una historia diferente sobre Internet. Según Morriss, Internet se parece muy poco a la ARPANET, financiada por ARPA. Internet, sugiere, es el resultado de un orden espontáneo, no de una administración burocrática de arriba-abajo. Aunque el tiempo compartido y la conmutación privada de paquetes se desarrollaron efectivamente gracias a la financiación y supervisión del Departamento de Defensa, Morriss sostiene que el gobierno impidió la investigación y el desarrollo desplazando la actividad privada. «Las barreras reglamentarias a la entrada, y no la falta de actividad empresarial, frenaron los esfuerzos para construir redes privadas». La red privada USENET, argumenta, es la verdadera progenitora de Internet.
Pero Morriss cede demasiado terreno al Estado, lo que debilita su argumento:
La disponibilidad de dólares federales para la defensa sin ataduras facilitó, sin duda, que los primeros pioneros de las redes se concentraran en los detalles técnicos de su trabajo.
Dada la evidencia de la financiación gubernamental de la puesta en marcha, puede que tengamos que admitir el argumento de que Internet podría haberse desarrollado de forma diferente, más lentamente, o no haberse desarrollado en absoluto, si el Departamento de Defensa no hubiera estado involucrado desde el principio. Probablemente, lo que conocemos como Internet se habría convertido en un sistema de redes privadas, una serie más o menos conectada de enclaves de información privada que sólo permiten el acceso a usuarios seleccionados. De haber sido así, las firmas de la Gran Digital no servirían al Estado como lo hacen ahora, sino a sus usuarios privados. La censura sería una cuestión de propietarios privados que decidirían quién puede hablar y dónde. (Por supuesto, esto es muy parecido a lo que ocurre hoy en día, salvo que el Estado también se interesa y puede determinar lo que está permitido y lo que no). La Gran Tecnológica Digital no estaría en deuda con el Estado, y la expresión no estaría regulada por el Departamento de Seguridad Nacional.
En la actualidad, la Gran Digital no es ni totalmente privada ni totalmente pública. Como demuestra la reciente Ley CHIPS y de Ciencia, representa tanto intereses estatales como privados. Esto deja a la mayoría de los usuarios atrapados entre el afán de lucro, por un lado, y los deseos de vigilancia, censura y propaganda del Estado, por otro. Podría haber sido de otra manera.
