A pesar de los numerosos problemas permanentes a los que se enfrentan los sistemas sanitarios públicos, un número significativo de personas (como ciudadanos, políticos y médicos) parecen seguir considerándolos necesarios y creen que los problemas asociados a ellos pueden resolverse mediante, por ejemplo, una mejor gestión, un aumento del gasto o una planificación central. Por ello, en este ensayo se presentarán los principales argumentos a favor de un abandono gradual de los sistemas públicos junto con las ventajas de las soluciones de mercado (sin trabas).
1. El sistema público restringe excesivamente el papel del consumidor
En el mercado, a pesar del importante papel de empresarios y capitalistas, es el consumidor el eslabón más importante. En el sentido económico, todo el proceso y la organización de la estructura de producción están subordinados a los consumidores. Son ellos los que deciden el éxito o el fracaso de los empresarios porque todo está subordinado a su satisfacción. La mayor «arma» en sus manos es la libertad de elección. Los empresarios no tienen otra opción que satisfacer sus necesidades de la mejor manera posible.
Por lo tanto, satisfacer sus necesidades sanitarias en condiciones de mercado produciría muchos beneficios. El consumidor tendría libertad para elegir entre las ofertas de los seguros sanitarios o de las entidades que prestan directamente sus servicios. Los procesos de competencia harían hincapié en mejorar la calidad, bajar los precios u ofrecer una gama más amplia de bienes y servicios.
Mientras tanto, en el caso de los sistemas públicos, no se menciona a los consumidores, sólo a los pacientes, los asegurados o los beneficiarios. Aunque el sistema público parece estar subordinado a ellos, la impresión es falsa. Los asegurados tienen poca o ninguna influencia sobre cuánto dinero se destinará a servicios concretos, qué médico se les asignará y cuándo, o con qué medios o tecnología se les tratará. En resumen, su papel clave como consumidores en el sistema público queda fuertemente marginado, cuando no eliminado por completo, mientras que sus decisiones soberanas son sustituidas por procedimientos arbitrarios ideados por funcionarios y políticos.
2. El sistema público restringe negativamente el papel del productor/proveedor
En el caso de los fabricantes y proveedores de servicios médicos, la situación es muy similar. Si desean operar dentro del sistema público, deben cumplir una serie de criterios que no les imponen los consumidores guiados por sus juicios de valor, sino un sistema burocrático, que infla aún más los costes. Aunque estos fabricantes y proveedores son entidades privadas, nunca pueden desarrollar plenamente sus capacidades como podrían hacerlo en condiciones de mercado.
Ganan más libertad cuando operan fuera del sistema público, pero debido a su universalidad, el número de clientes está limitado de antemano. No todo el mundo puede permitirse pagar una segunda vez. Otro problema puede ser una mayor regulación que limite el alcance de los servicios ofrecidos en el mercado, de modo que no puedan competir con las soluciones públicas.
Además, otro efecto adverso de esta situación puede ser la creencia de una parte de la población de que los sistemas públicos, conocidos por sus problemas, ofrecen sin embargo asistencia sanitaria «gratuita», mientras que las soluciones de mercado, a pesar de la mejor disponibilidad de servicios, ofrecen precios más elevados.
3. El sistema público conduce a la creación de una estructura irracional para la financiación de los servicios médicos
El sistema sanitario universal impone impuestos y primas a los «asegurados» para financiar el acceso a los servicios médicos. También conduce a la creación de un sistema de pagador único, una aseguradora estatal responsable de la asignación adecuada de los fondos así obtenidos. Sin embargo, este «seguro» no tiene nada que ver con el seguro de mercado, en el que el cálculo de las primas en función del riesgo sanitario del asegurado desempeña un papel fundamental. Además, no se puede obtener un seguro contra todos los sucesos posibles, por ejemplo contra sucesos que ya han ocurrido o en casos en los que no es posible aplicar la teoría de la probabilidad y estimar así el riesgo.
«Meter» a todos en el mismo «saco» o bote también tiene la fatal propiedad de que los asegurados no compran los servicios médicos basándose en el sistema de precios. Esto se aplica tanto a las primas del seguro de enfermedad correctamente valoradas como a los pagos directos. El gasto directo en bienes o servicios médicos específicos queda marginado, lo que dificulta el discernimiento de la situación. La asistencia sanitaria «gratuita» crea la ilusión de abundancia y accesibilidad cuando, en realidad, la demanda estimulada artificialmente provoca colas y un acceso limitado a los servicios.
Otro inconveniente es que el pagador único (público) es también el principal comprador de tecnología médica. Como la paga con dinero que no es suyo, no muestra las características de un consumidor frugal. Los proveedores también son conscientes de que no hay consumidores masivos e individuales detrás de sus compras. Por lo tanto, no tienen motivación suficiente para reducir costes y precios, tendiendo incluso a inflarlos artificialmente.
4. El sistema público introduce una mala relación entre el paciente y el médico
Otro grupo que no puede desplegar bien sus alas en el sistema público son los médicos. Para ahorrar dinero, se les carga con un montón de responsabilidades administrativas que les distraen de sus pacientes. Hay que describir cada procedimiento, orden de investigación o consulta, y justificar el gasto de fondos en ellos. Esto tiene al menos dos consecuencias negativas. En primer lugar, los médicos deben ajustarse a las directrices del sistema y no a las necesidades de los pacientes. En segundo lugar, cuando atienden a los pacientes, los médicos pasan más tiempo en sus mesas absortos en el papeleo. En consecuencia, el sistema público repercute negativamente en el desarrollo de la relación entre el paciente y el médico.
La salud es una esfera íntima del paciente y, por tanto, sus problemas deben abordarse humanamente. Esto requiere tiempo, atención y empatía por parte de los médicos. En el rígido marco establecido por los sistemas públicos, esto es difícil de conseguir.
5. El sistema público limita nuestra responsabilidad sobre nuestra propia salud
Cuando los consumidores no se proveen de servicios médicos con sus propios gastos, les resulta más difícil comprender sus propias necesidades. No sostengo que el sistema público conduzca automáticamente a un comportamiento irracional en lo que respecta a la propia salud, sino que privar a los individuos de gran parte de su poder de decisión en este ámbito puede acarrear consecuencias indeseables.
Si la sociedad está convencida de que el sistema público le otorga el derecho a la asistencia sanitaria, su atención y vigilancia respecto a las posibles soluciones ofrecidas en el mercado puede verse debilitada. Así, disminuye la actividad social en el cuidado de la propia salud a través de una alimentación adecuada, un estilo de vida más saludable, el uso sistemático de los servicios ofrecidos por instituciones privadas en el ámbito de los exámenes preventivos periódicos, o la vigilancia del mercado en busca de soluciones que protejan contra las consecuencias de enfermedades o accidentes graves.
Análogamente, gastar el propio dinero en comida hace que el consumidor preste atención a la calidad y el precio, además de mostrar más interés por cada producto en un contexto más amplio. En cambio, cuando los fondos están fuera de su control directo, el consumidor puede adoptar una actitud más pasiva.
6. El sistema público da lugar a nuevas intervenciones en otros ámbitos de la economía
Organizar un sistema sanitario privado propio requiere que los individuos dispongan de fondos suficientes. Cuantos más recursos dediquen las personas a la compra de servicios médicos, más satisfactorias serán sus necesidades. No importa si uno debe contratar un seguro médico privado, comprar un abono médico o pagar los servicios directamente de su bolsillo. Así pues, cualquier intervención que limite directa o indirectamente este abanico de posibilidades puede recibir menos apoyo público.
Esto también hará que los individuos sean más conscientes de sus propias necesidades e intereses. Además, un entorno tan abierto aumentará las posibilidades de comprender mejor los procesos de mercado, en particular los efectos del intervencionismo en la asistencia sanitaria y la economía de mercado en general.
7. El sistema público limita las ayudas a los más desfavorecidos
A diferencia de las soluciones públicas, hay muchas instituciones benéficas en el mercado que utilizan fondos recaudados voluntariamente para ayudar a los necesitados. No operan en base a normas rígidas, por lo que sus actividades no se ven gravadas con costes adicionales ni burocracia. Estas instituciones no tienen una estructura centralizada que las gestione desde arriba, lo que les permite desarrollarse rápidamente donde más se necesita. Un beneficio adicional es una mayor concienciación social y el desarrollo de actitudes éticas adecuadas.
Además, cabe señalar otro hecho importante: las instituciones benéficas privadas no crean la ilusión de ayudar. Comunican claramente que, para que sus acciones tengan éxito, necesitan la generosidad de personas concretas dispuestas a ceder parte de sus bienes a los demás. Por el contrario, los políticos que prometen un gasto adicional en sanidad para ayudar a los necesitados no pueden mostrar su sensibilidad y actitud ética del mismo modo porque no dedican sus propios recursos a ese fin.
Conclusión
Sin duda hay más razones para abandonar los sistemas públicos. En contra de la creencia popular, los sistemas públicos no son especiales ni específicos, y pueden implantarse sin preocuparse demasiado por nuestra salud. Es importante que el público no sólo sea consciente de las desventajas de los sistemas públicos, sino que también vea las ventajas de las soluciones basadas en el mercado.