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Milei y las posibilidades de privatización
Aunque las privatizaciones aún no han llegado, la aerolínea estadual está en la agenda. La compañía fue renacionalizada en 2008, obligando a los contribuyentes a sostener una aerolínea que ha sido rescatada directamente por el gobierno desde 2021. Para una verdadera privatización, debería abolirse toda la regulación que prohíbe la competencia y toda la fiscalidad en el sector; a falta de esto, debería venir acompañada de desregulación y menos impuestos. Milei ha propuesto dar las acciones de la empresa a sus empleados y transferirles así la propiedad. Éstos asumirían la responsabilidad de la empresa o venderían sus acciones. Aunque éste puede ser el método más expeditivo hacia la privatización en un país donde los sindicatos tienen tanta influencia y poder para negociar, no es un curso de acción justo.
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Según el principio de propiedad familiar, los bienes pertenecen a quienes han trabajado en ellos, pero la aerolínea no habría sido posible sin la agresión inicial contra la propiedad de los contribuyentes. El gobierno es legalmente propietario de la aerolínea, pero no lo es justamente. En cuanto a los trabajadores, su única reclamación posible se refiere a sus salarios, e incluso éstos, y todos los demás costes que conlleva el funcionamiento de la aerolínea, son financiados principalmente por los contribuyentes. De hecho, hacer lo que propone Milei constituiría un ultraje moral. Rothbard afirmaría que el principio de privatización que debe tener prioridad dondequiera que se aplique exigiría que el gobierno «devolviera todos los bienes robados y confiscados a sus propietarios originales, o a sus herederos», porque los derechos de propiedad implican ante todo devolver los bienes robados a sus propietarios originales. Sólo quienes han sido agredidos para que financien la compañía aérea tienen derecho justificado a la restitución.
Si es posible, la propiedad legal debe restituirse siempre a los propietarios privados expropiados o a sus herederos de los factores de producción socializados. Pero en este caso, aunque sabemos que los contribuyentes son los propietarios legítimos, la propiedad legal no puede funcionar de la misma manera para las empresas financiadas con impuestos. La solución más justa y sensata parece pasar por el reparto de acciones entre los contribuyentes en proporción a los impuestos pagados desde 2008. Sin embargo, una compañía aérea necesita jerarquía y un conocimiento experto de su funcionamiento interno. Para que los activos puedan utilizarse, liquidarse o desmantelarse, seguiría siendo necesario algún tipo de acuerdo entre los propietarios sobre muchas cuestiones complicadas. Este proceso obstaculizaría cualquier posible beneficio de esta solución. Si se creara toda una oficina para revisar los documentos fiscales y calcular un reparto justo de las participaciones, se impondría una carga injustificable a los contribuyentes. El autor de la injusticia, al cobrar a la víctima un precio por la justicia, cometería una injusticia más. Además, el gobierno, como de costumbre, podría equivocarse en su tarea dando, por ejemplo, más o menos de lo que corresponde a los contribuyentes, lo que podría complicar el proceso de recuperación o liquidación de la empresa.
Benjamin Seevers propone combinar los enfoques de la sociedad anónima y el sindicalismo. Milei, argumenta, debería cesar todas las transferencias gubernamentales a la aerolínea y eliminar todos los privilegios concedidos por el gobierno. La empresa no debería ser perdonada por su participación voluntaria en la tributación y la expropiación, y los contribuyentes deberían ser libres de presentar reclamaciones contra la aerolínea, ahora privada. Milei podría entregar la empresa a los burócratas que la dirigen actualmente, pero los contribuyentes deberían poder reclamarle ante las cortes civiles la restitución en forma de pagos, bonos o acciones. Seevers reconoce las legítimas reclamaciones de los contribuyentes a la compañía y quiere relegar su división al «libre mercado» en lugar de al gobierno, imitando primero la solución sindicalista y convirtiéndola después en un sistema mixto. Siguiendo a Seevers, la aerolínea «debería separarse totalmente del gobierno sin importar cómo organicen la empresa los antiguos empleados públicos», y alguna orden jurídicamente vinculante (quizá una orden ejecutiva) declararía que las expropiaciones de la empresa a los contribuyentes ya no están legalmente protegidas, lo que les permitiría obtener una rectificación.
Suponiendo la cooperación de los empleados de la aerolínea y de sus oponentes políticos, el plan de Milei sería rápido, fácil y preferible al statu quo, pero sería injusto. La propuesta de Seevers es más justa, pero no es ni más rápida ni más fácil que la de Milei. Además, la justicia en el plan de Seevers dependería de los esfuerzos realizados por los contribuyentes, especialmente como financiadores de los gastos judiciales, mientras que los trabajadores no han hecho nada para ser los primeros propietarios de la nueva empresa. Además, cada reclamación sólo podría adjudicarse en relación con las posibles reclamaciones de los demás contribuyentes, lo que exigiría que alguien realizara los cálculos, ya fuera la empresa, el gobierno o los demandantes. Pero también hay un inconveniente más fundamental que prácticamente descarta el plan de Seevers: cuantos más contribuyentes reclamen indemnizaciones, menores serán las prestaciones para los trabajadores. Estos últimos podrían prever este problema y exigir condiciones, cambiando así la esencia misma de la propuesta de Seevers.
No obstante, podemos proponer otro plan, más rápido y sencillo que el de Seevers, significativamente más justo que el de Milei y no necesariamente menos justo que el de Seevers. Sería factible, conllevaría beneficios económicos inmediatos y evitaría esfuerzos judiciales y burocráticos. La administración de Milei vendería la empresa en el mercado al mejor postor, y la puja comenzaría al precio de mercado si fuera posible. Como condición, la empresa sólo podría venderse a contribuyentes que hayan pagado impuestos al menos desde 2008, y la venta tendría que ser en efectivo. Por supuesto, los nuevos propietarios obtendrían el control total de la empresa y no tendrían ninguna obligación legal con los trabajadores: podrían mantenerlos o dejarlos marchar. Cabría esperar que estos contribuyentes estuvieran contentos con su adquisición, porque eligieron comprarla, y el gobierno ya no tendría que dirigir la empresa ni asumir sus costes. Los trabajadores, ahora libres, podrían aceptar nuevos contratos de los nuevos propietarios o de cualquier otro. Con el dinero de la venta, los parados seguirían cobrando la mitad de sus salarios durante un periodo preestablecido en el plan —digamos, seis meses— o hasta que encontraran un nuevo empleo. No son víctimas, pero se tendrán en cuenta las expectativas de ingresos y la presión del sindicato.
Tras el periodo concedido a los desempleados, el gobierno quemaría el efectivo sobrante de la forma más transparente posible, aliviando así la inflación y evitando que el gobierno desvíe recursos a deseos ajenos al mercado. De este modo, no habría largos y penosos procesos de distribución y reasignación, y los trabajadores podrían seguir trabajando en la empresa o encontrar nuevos empleos generadores de valor. Este plan también puede aplicarse a otras privatizaciones.
Argentina y la hiperinflación del peso
Expliquemos la situación general en la que ya se encontraba Argentina cuando Milei asumió la presidencia. Con el gobierno gastando constantemente más de lo que recauda, e imprimiendo dinero para financiar el gasto excesivo, era de esperar una inflación más allá de lo normal para el sistema monetario inflacionista. Como el gran maestro de Rothbard, Ludwig von Mises, escribió. «La inflación sólo puede continuar mientras persista la convicción de que algún día cesará. Una vez que la gente está persuadida de que la inflación no se detendrá, se apartan del uso de este dinero». Así que hay un límite último a la inflación, aunque amplio, que vencerá a cualquier inflación: el fenómeno de la hiperinflación.
La inflación del gobierno y del sistema bancario suele contar con la ayuda inconsciente de la gente, que suele creer que es normal cierta subida periódica moderada de los precios. Si los precios pudieran disminuir debido al crecimiento económico (deflación de precios como resultado del aumento de la productividad), la gente podría guardar más de sus ingresos en forma de saldos en efectivo para alguna ventaja futura no posible en el presente: podrían planificar con más antelación y ahorrar más dinero sin tener que preocuparse por disminuciones significativas de su valor. Y si aumenta la demanda social de dinero, cualquier aumento de los precios podría ser proporcionalmente menor que el aumento de la cantidad de dinero.
