El 8 de marzo se celebraron en Irlanda dos referéndums constitucionales para revisar la redacción de la Constitución, ampliar la definición de familia y redefinir los roles de género en la prestación de cuidados. El gobierno irlandés alegó que así se modernizaría la Constitución y se ajustaría a las opiniones y necesidades actuales.
Los cambios propuestos son los siguientes:
La trigésimo novena enmienda añadiría el texto entre paréntesis al artículo 41.1.1:
«El Estado reconoce a la Familia, [fundada en el matrimonio o en otras relaciones duraderas], como el grupo natural primario y fundamental de unidad de la Sociedad, y como institución moral poseedora de derechos inalienables e imprescriptibles, antecedente y superior a todo ley positiva.»
También suprimiría el texto entre paréntesis del artículo 41.3.1:
«El Estado se compromete a custodiar con especial cuidado la institución del Matrimonio, [sobre la que se funda la Familia], y a protegerla contra todo ataque».
La cuadragésima enmienda suprimiría el artículo 41.2:
«1° En particular, el Estado reconoce que, por su vida en el seno del hogar, la mujer presta al Estado un apoyo sin el cual no puede realizarse el bien común.
2° El Estado procurará, en consecuencia, que las madres no se vean obligadas por necesidades económicas a dedicarse al trabajo con descuido de sus deberes en el hogar.»
E insertaría el artículo 42B en su lugar:
«El Estado reconoce que la prestación de cuidados, por parte de los miembros de una familia entre sí en razón de los lazos que existen entre ellos, da a la Sociedad un soporte sin el cual no puede lograrse el bien común, y se esforzará por apoyar dicha prestación.»
Desde una perspectiva estrictamente legalista, es importante tener en cuenta que una constitución no es un código jurídico exacto, sino una lista de directrices y principios que deben regir la toma de decisiones. Decisiones, no lo olvidemos, que en modo alguno están garantizadas por dicha constitución —los artículos 40.6.1.ii y 40.3.1 garantizan el derecho de reunión pacífica y la libertad de circulación respectivamente, lo que no fue óbice para que la aprobación de la Ley de Salud de 2020 cercenara precisamente esos derechos—. Por tanto, no debemos otorgar a estas cuestiones más importancia de la que realmente merecen.
Siguiendo con su análisis puramente legalista, podemos definir dos tipos básicos de disposiciones constitucionales: las inhabilitadoras y las habilitadoras. En las primeras incluyo aquellas que buscan esencialmente limitar la capacidad de agencia del Estado y proteger los derechos individuales del ciudadano. En las segundas, las que pretenden aumentar esa capacidad para corregir defectos de la sociedad. Un buen ejemplo de constitución que se inclina por las disposiciones inhabilitadoras es la americana, que tiende a enfatizar los derechos individuales frente al gobierno. Y podemos encontrar una contrapartida habilitadora en España, cuya constitución hace hincapié en el papel del Estado para corregir las desigualdades e injusticias de la sociedad (por ejemplo, con el derecho a la vivienda o a un salario justo). Aunque la mayoría de las constituciones europeas tenderían hacia lo segundo, la Constitución de Irlanda, gracias a su tradición de Common Law (y, por qué no, incluso de Brehon Law) contiene una combinación de ambas.
A la luz de lo anterior, podemos determinar que el artículo 41.1.1 tiene un carácter fundamentalmente invalidante, al reconocer los derechos naturales de una estructura social (la familia, en este caso) «...antecedente y superior a toda ley positiva». Se trata de una disposición muy positiva que, en teoría, protege nuestra libertad contra cualquier abuso gubernamental y que sería deseable ampliar a más sectores de la sociedad. Así pues, una enmienda que amplíe su ámbito de protección sería, en principio, algo digno de elogio. Lo ideal sería que alcanzara no sólo a las familias, sino a todos los individuos.
Por el contrario, el artículo 41.2 es claramente de naturaleza habilitadora. En este caso, el Estado desempeña un papel activo, reconoce algún defecto en la sociedad y se esfuerza por enmendarlo. Este es el tipo de disposiciones que alimentan la ingeniería social y la intervención del Estado y de las que deberíamos desconfiar. El ministro de Igualdad, Roderic O’Gorman, bromeó con razón diciendo que el «sí» impondría una nueva obligación al Estado (obligación de la que, en mi opinión, estaríamos mejor sin ella). Por tanto, a diferencia del artículo anterior, la ampliación de su ámbito de aplicación sería algo indeseable.
Hemos visto cómo, desde una perspectiva estrictamente legalista, una de las enmiendas propuestas podría tener alguna justificación teórica (aunque probablemente poca aplicación práctica). En la praxis, sin embargo, nadie cree que este puntilloso análisis de los derechos naturales frente a los positivos fuera la fuerza motriz del inmenso empeño. En primer lugar, todo este asunto fue un costoso viaje de ego de los políticos para dejar una impresión duradera en su mandato y mejorar su perfil de cara a su futura carrera. Y, en segundo lugar, fue una clara empresa ideológica impulsada por la facción más (erróneamente etiquetada) progresista del gobierno (es decir, el Partido Verde) y sus acólitos y organizaciones auxiliares (es decir, académicos, medios de comunicación y ONG). Equiparar el matrimonio a cualquier otra relación y eliminar una mención específica a las madres constituye un claro desprecio a las instituciones tradicionales. El ministro Eamon Ryan, como buen positivista, dijo que «...este referéndum es para establecer nuestros valores». Por desgracia, muchos autoproclamados conservadores parecen seguir la misma lógica y lamentan que estas enmiendas constitucionales erosionen nuestros principios básicos, reconociendo el derecho positivo como fuente moral.
Así, los referéndums se convirtieron en una cuestión ideológica más que jurídica, tal y como pretendían sus proponentes. Un doble «sí» te alinearía con la facción progresista, mientras que un doble «no» denotaría una posición de una persuasión más conservadora —sin perjuicio de los votos motivados por razones más pragmáticas, como el galimatías que supondría ampliar el significado de «familia» al vago concepto de «relación duradera» desde una perspectiva jurídica—.
En sus esfuerzos por alimentar el identitarismo ideológico, los medios de comunicación sancionados por el Estado se esforzaron continuamente por explicar al público cómo un doble «sí» significaría un voto a favor del progreso, la tolerancia y una sociedad más moderna, inclusiva, igualitaria y solidaria. Sin embargo, y para su consternación, el resultado fue un rotundo doble «no» por una proporción de dos tercios a un tercio (y una participación inferior al 50%). Los pseudointelectuales y académicos no tardaron en culpar al Gobierno de no haber sabido explicar adecuadamente la propuesta a la plebe (está claro que los votantes no entendían las virtudes de las enmiendas, o no habrían votado incorrectamente), y las ondas expansivas de este golpe de realidad empezaron a sentirse en toda la administración. El taoiseach (primer ministro) Leo Varadkar dimitió de su cargo sólo 12 días después de la votación, aduciendo evidentemente «razones personales y políticas» que nada tenían que ver con el resultado.
Las secuelas de esta farsa nos han dejado una clase política e intelectual desconcertada, víctima de su propia arrogancia, que intenta echar la culpa a otros y redobla la señalización de la virtud mientras se lame las heridas. La consecuencia más significativa, sin embargo, es la elección de Simon Harris como nuevo líder del partido gobernante Fine Gael y, en consecuencia, nuevo taoiseach. El preocupante currículum del Sr. Harris, ministro de Sanidad durante 2016-2020, incluye su responsabilidad en la respuesta del país a la pandemia de COVID-19 y la mencionada Ley de Sanidad 2020, que recortó fuertemente las libertades civiles. Así que será interesante ver cómo maneja la patata caliente del infame proyecto de ley sobre la incitación al odio: una legislación que pretende regular la libertad de expresión y que actualmente se tramita en el Seanad (cámara alta) no sin polémica. De forma bastante inesperada, acaba de mencionar la delincuencia y la inmigración como dos puntos centrales de su mandato; temas incómodos que hasta ahora se habían ignorado pero que han sido motivo de preocupación para los ciudadanos irlandeses en los últimos años —quizás esta debacle haya desencadenado un momento de epifanía en la clase política—.
El senador de Fine Gael Barry Ward insistió en que los aprox. 20 millones de euros que el fiasco costó al contribuyente no fue un despilfarro de dinero. Yo tendería a estar de acuerdo en que fue dinero bien gastado si, al menos, sirvió para que nuestra clase política y sus acólitos en el mundo académico y las ONG se dieran cuenta de lo alejados que están de las necesidades del ciudadano promedio del país.
