Las leyes y políticas federales relativas a las discapacidades han cambiado sustancialmente desde la aprobación de la Ley de Americanos con Discapacidades (ADA) hace más de 33 años. Los cambios en la política hacia los americanos discapacitados, ¿se hicieron por interés público o con fines políticos?
La ratio discapacidad-población cayó a un punto mínimo en el verano de 2010, momento en el que el presidente Obama puso en marcha una serie de cambios sustanciales en las políticas federales sobre discapacidad. Obama promulgó la orden ejecutiva 1348 en julio de 2010 para aumentar el empleo federal de personas discapacitadas. El 15 de septiembre de 2010, el Departamento de Justicia de Obama anunció una nueva normativa sobre las normas de diseño accesible de la ADA. Obama lanzó su Iniciativa de Empleo para Discapacitados el 29 de septiembre de 2010. Obama reforzó la normativa sobre discapacidad de la Ley de Rehabilitación de 1973 en dos ocasiones, la primera el 27 de agosto de 2013 y la segunda el 22 de julio de 2014. Obama firmó la ley Achieving a Better Life Experience (ABLE) el 19 de diciembre de 2014. Por último, el Departamento de Trabajo de Obama publicó la norma de Igualdad de Oportunidades en el Empleo para Aprendices el 19 de diciembre de 2016.
La campaña de Obama sobre el empleo y las condiciones de trabajo de las personas discapacitadas coincidió con un aumento de la tasa de población discapacitada en EEUU. ¿Por qué? ¿Las políticas de Obama en materia de discapacidad animaron a más personas discapacitadas a solicitar prestaciones y a ser contabilizadas como discapacitadas? ¿Aceptó más fácilmente la administración Obama las solicitudes de discapacidad? El tamaño relativo de la población discapacitada en EEUU creció claramente durante los años de Obama, pero la relación empleo-población de personas discapacitadas en realidad tendió a la baja en ese momento.
Es decir, el empleo de personas discapacitadas en realidad disminuyó durante la campaña de Obama a favor de los derechos laborales de las personas discapacitadas. ¿Por qué? Una explicación de estos datos es que las políticas de Obama fueron contraproducentes. Quizá los empresarios decidieron minimizar los riesgos legales y los costes normativos contratando a menos personas discapacitadas. Otra explicación es que Obama utilizó la política de discapacidad con fines políticos. El ratio discapacidad-población cayó durante los años de Trump, momento en el que el empleo de personas discapacitadas tendió al alza. Curiosamente, tanto el tamaño relativo de la población discapacitada como el empleo de personas discapacitadas crecieron durante los años de Biden. Los datos sobre personas con discapacidad parecen cambiar con cada nueva administración presidencial. Existen más pruebas de la politización de la política en materia de discapacidad1.
Un Demócrata partidista podría afirmar que los Republicanos, especialmente Donald Trump, son poco comprensivos con las personas discapacitadas. Tal vez los Republicanos intentaron minimizar el número de personas discapacitadas que pueden optar a las prestaciones, e intentaron empujar a más personas discapacitadas a trabajar. Un Republicano partidista podría afirmar que los Demócratas durante los años de Obama utilizaron las prestaciones por discapacidad y las normativas para «comprar votos». Los datos estadísticos no revelan necesariamente la motivación subyacente de los cambios políticos. Los datos estadísticos sí parecen indicar que la política afecta al recuento del número de personas discapacitadas y al trato que la ley dispensa a los discapacitados.
Existen alternativas a las leyes y prestaciones federales de incapacidad. Los contratos de trabajo privados ya especifican las prestaciones del seguro médico y de vida. No hay ninguna razón por la que los contratos de trabajo privados no puedan especificar también las condiciones de todas las prestaciones por incapacidad. Algunas personas podrían oponerse a la privatización de las prestaciones por incapacidad porque piensan que las prestaciones federales por incapacidad son «gratuitas», pero el seguro privado de incapacidad sería costoso. Este es un ejemplo de un tipo de pensamiento de la Falacia del Nirvana, concretamente la falacia del almuerzo gratis. Cualquier economista competente le dirá que no existe el almuerzo gratis. Las prestaciones públicas por incapacidad y los costes de regulación se restan de nuestros salarios, ya sea como parte de nuestros impuestos o como incrementos de precios.
La diferencia real entre las regulaciones y prestaciones privadas y públicas es que las prestaciones privadas dependen del cumplimiento legal de las compensaciones laborales acordadas mutuamente, mientras que las normas/beneficios públicos y los costes asociados dependen de los «vientos políticos del momento». Tal vez el enfoque privado para tratar las discapacidades (en mercados competitivos) sería más barato y fiable.
Publicado originalmente en On the Other Hand...
