A pesar del estruendo de las protestas del New York Times y el Washington Post, la administración Bush rechazó apoyar un intento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de tomar medidas drásticas contra los refugios fiscales. Al frente de unos treinta gobiernos con altos impuestos, la organización basada en París se dirige contra jurisdicciones como las Islas Caimán, Bermudas y la Isla de Man.
Si la junta de gobiernos de altos impuestos tiene éxito, no solo no habrá lugar al que se pueda huir, sino que al eliminar lo que ofrecen los refugios fiscales, estos gobiernos habrían eliminado la competencia fiscal y con ella el imperativo de rebajar sus feudos.
En un papel titulado engañosamente Promoviendo una competencia fiscal justa, los überburócratas de la OCDE, Jeffrey Owens y Richard M. Hammer, de Asuntos Fiscales, hacen su alegato contra los refugios fiscales. Su punto de partida es, por supuesto, el entendimiento implícito de que las leyes que regulan cómo usa la gente su propio capital son leyes justas. Nuestros autores conceden que a los propietarios debería permitírseles hacer lo que hacen naturalmente —es decir, invertir donde les rinda los mejores retornos. Pero esto debe hacerse «sin impedir el objetivo de los gobiernos nacionales de cumplir con las expectativas legítimas de sus ciudadanos». La libertad de tomar decisiones económicas debe atemperarse por el actual programa confiscatorio de los gobiernos de la OCDE.
La OCDE adopta hábilmente el lenguaje del bando antiglobalización para hacer campaña contra los refugios fiscales. La globalización es buena, dicen los escritores, pero no cuando los beneficios se reparten desigualmente. La OCDE enmarca una supuesta «reducción del bienestar en el mundo» como consecuencia de «distorsiones inducidas fiscalmente en los flujos financieros y de capitales».
Esta elección de la retórica antiglobalización es comprensible. Si buscan algo los esfuerzos de la OCDE es mantener la globalización del gobierno. Para avanzar en los objetivos de una burocracia creciente ¿qué mejor aliado que la muchedumbre antiglobalización, con su mismo entusiasmo por unos poderes ilimitados en el Estado? Por supuesto, las empresas no necesitan estar invitadas. Históricamente, siempre han estado del lado de los impuestos y las regulaciones gubernamentales, pues esto dificulta la aparición de competencia.
La línea oficial omite que la riqueza en manos de sus legítimos propietarios enriquece más a todos los sectores de la población que los fondos en las garras pegajosas de los funcionarios. David Dollar y Aart Kraay, autores de un estudio titulado Growth Is Good for the Poor, ofrecen evidencias de que cuando aumentan las rentas medias, aumentan proporcionalmente las rentas medias del quintil más pobre de la sociedad.
El estudio se extiende durante cuatro décadas y da resultados que se mantienen a lo largo de regiones, periodos, niveles de renta y tasas de crecimiento. Por extensión, el mismo efecto debe ser bueno en caso de que la razón un aumento en la renta real sean mayores ganancias o menores impuestos. Está claro que mantener más de la propia renta en nuestras manos no es «dañino» para los legítimos propietarios del capital o los beneficiarios de sus inversiones —que incluyen a todos y cada uno, salvo el recaudador.Aunque la intromisión de la OCDE da una impresión de lo contrario, un refugio fiscal es un territorio soberano que no fija impuestos o que los fija a tipos no sancionatorios. A veces, estos países optan por gravar solo las rentas nacionales —no las extranjeras. La economía del refugio fiscal depende en buena medida de los sectores bancario y financiero. Esto conlleva imperativos como la privacidad y el secreto bancario.
Determinados a forzar a las naciones con impuestos bajo o inexistentes a suspender sus leyes de privacidad financiera y a empujar a estos países, mediante la amenaza de sanciones, de proporcionar información a los recaudadores extranjeros de impuestos, la OCDE ha considerado las prácticas de los paraísos fiscales como dañinas, si no criminales. Con la ayuda de los medios de comunicación, los refugios fiscales se han retratados como calderos de falsificaciones y blanqueo de dinero (una extraña acusación proviniendo de gobiernos cuyos bancos nacionales inflan habitualmente la oferta monetaria y diluyen con dinero fiduciario el valor de los activos de la gente).
Para ser culpables de «prácticas fiscales dañinas», dice la OCDE, un país debe ser un área de «sin tipos impositivos o nominales en la práctica». La OCDE sugiere además que un refugio lo transgrede cuando se ve privado de «transparencia» e «intercambio efectivo de información». Al demandar un intercambio de información cuando esto infringe las propias leyes de un refugio fiscal, la OCDE desdeña la reciprocidad de las naciones en el derecho internacional (la práctica de que una nación respeta y reconoce las leyes de otra). Este principio implica deferencia y buena voluntad hacia los actos del legislativo, judicial y ejecutivo de otro país. Es incivilizado, por no llamarlo coactivo, que la OCDE obligue a los refugios fiscales a relegar sus leyes ante las de los gobiernos agresores.
Otra arma en el arsenal del matón que es la OCDE es su lista titulada «Lista de refugios fiscales no cooperadores». Hasta ahora, la OCDE solo dispara contra treinta y cinco «jurisdicciones identificadas como cumplidoras de los criterios de los refugios fiscales», pero cuarenta y cinco jurisdicciones han sido consideradas como suficientemente irritantes para la OCDE como para conseguir la calificación de «potencialmente dañinas». Por supuesto, estas jurisdicciones manifiestamente no son «dañinas» para sus habitantes y clientes. Sin embargo, son ahora objeto de varias tácticas propias de la guerra fría llamadas el «marco común de medidas defensivas».
Habiendo marginado la soberanía y la ley internacional, y no habiendo sino criminalizado ciertas prácticas financieras, la OCDE procede a reclamar que se «deroguen» y eliminen estas prácticas. Santuarios como Bermudas, Islas Caimán, Chipre, Malta, Mauricio y San Marino están sometiéndose. En cartas inquietantemente uniformes al secretario general de la OCDE —del tipo de las confesiones coaccionadas— todos los respectivos representantes prometen implantar las recomendaciones de la OCDE y conseguir, si es necesario, con legislación propia para acabar con la privacidad y facilitar «el intercambio fiscal en materia impositiva».
La extralimitación estatista de la OCDE debe verse en el contexto de una Europa cada vez más centralizada. Los europeos se están siendo arreados con sigilo hacia un Estado europeo supranancional. Con una visión fundamentada en una planificación centralizada rígida, una homogeneización de leyes en todo el continente, y altos impuestos e inflación de la oferta monetaria, el putsch de la UE no puede sino evocar comparaciones desfavorables.
Desde sus cuarteles igualmente sospechosos, la ONU está impulsando una organización internacional de recaudación de impuestos, unos impuestos globales y un impuesto a los emigrantes. Este plan maestro arrinconará a los individuos ante los gobiernos y les obligará a pagar un rescate siempre y cuando quieran huir de una jurisdicción concreta. La ONU planea para los gobiernos de todo el mundo que puedan gravar las rentas ganadas fuera de sus fronteras (algo que ya hacen los Estados Unidos), cuya consecuencia sería una bien coordinada confiscación de propiedad privada.
La OCDE no refleja más la «voluntad del pueblo» que la UE o la ONU, aunque, como ellas, se esconde bajo la misma verborrea democrática. La UE no habla en nombre de los 374 millones de personas distintas de Europa. Y aparte de sus burócratas, nadie sabe en nombre de quién habla la ONU. Aún menos representa la OCDE nada más que un cártel de aplicadores de los gobiernos de altos impuestos. Paradójicamente, cualquier empresa que actuara así sería demandada bajo las leyes antitrust.
