Con la aprobación del proyecto de ley de infraestructura de Biden, ahora resulta que el gobierno de EEUU tiene incluso el control de un «interruptor de apagado» que podría desactivar tu coche si se te considera «impedido». Probablemente pocos votantes se dieron cuenta de que las elecciones de 2020 eran esencialmente un referéndum sobre si los federales te permiten o no conducir tu carro.
Las elecciones deberían importar, pero sólo si te importa quién consigue el contrato para repintar el cartel de la ciudad. Sin embargo, para cuestiones de importancia individual, las elecciones no deberían importar en absoluto. Y no deberían importar, ya que un voto no puede resolver cuestiones de importancia. Sin embargo, las elecciones sí importan, sobre todo las federales, lo que explica el creciente rencor y la división sectorial de nuestra sociedad. A medida que el ámbito del Estado se amplía, las cuestiones que se deciden en una papeleta —ya sea un cargo o un asunto— rara vez son intrascendentes o triviales. En cambio, las respuestas a esas preguntas deciden quién, a través del Estado, inicia la agresión y quién sufre las consecuencias.
Esto no debería ser así. Considere una cuestión ante una organización voluntaria que debe decidirse por votación, como cinco amigos que eligen dónde cenar. Dado que la organización es voluntaria, la selección debe ser una que satisfaga —en algún nivel— a los cinco. De lo contrario, surgirá la ira y la alienación, y puede producirse alguna forma de secesión cuando uno o más miembros decidan boicotear la decisión.
Desde un punto de vista individual, hay cuestiones de poca importancia, por ejemplo —si el grupo se reúne a las 6:30 o a las 6:40. Luego hay cuestiones de cierta importancia, aunque no de importancia consecuente, cuestiones en las que el individuo decide permanecer con el grupo en lugar de separarse —podría ser una preferencia individual por una hamburguesa en lugar de una pizza, prefiriendo el conjunto de la pizza y el grupo a la hamburguesa y la secesión. Por último, hay cuestiones que son a la vez consecuentes y significativas, como la adhesión a los ideales veganos cuando la mayoría prefiere las hamburguesas servidas en una nube de grasa quemada. En este caso, la secesión podría ser la solución pacífica. Sin embargo, cuando no se permite la secesión parcial (anulación) ni la completa, surgen problemas.
Las preguntas que no son significativas no tienen importancia —son de minimis, por así decirlo. Sin embargo, las preguntas en las que la preferencia por permanecer en el grupo va unida a otras preguntas son interesantes. Supongamos que usted siempre prefiere las hamburguesas mientras que sus cuatro amigos siempre prefieren la pizza. En este caso, el voto no tiene ningún valor para ti. La democracia nunca servirá a tus intereses personales. En lugar de una votación, necesitas un acuerdo que dé voz a la minoría (tú), como uno en el que cada miembro tenga un turno para elegir el restaurante.
O tal vez tú y un amigo siempre vais a por hamburguesas, otros dos se decantan por la pizza y el quinto puede decantarse por cualquier opción. En este caso, hacer campaña y votar podría tener sentido. Esas actividades pueden ser un deporte divertido para todos, y la campaña y el resultado no tienen consecuencias reales para ninguna de las partes—recuerda que la preferencia del grupo es, en la mayoría de los casos, mayor que la elección de la comida. Sin embargo, dependiendo del nivel de subterfugios y tácticas similares, la campaña puede envenenar el resultado y fracturar el grupo. Antes de que esto ocurra, el grupo debe decidir si quiere seguir confiando en la votación y sus resultados asociados o crear un acuerdo que satisfaga a todos.
Luego tenemos esas cuestiones en las que una votación nunca puede resolver la cuestión. ¿Debe un vegano comer carne simplemente basándose en la regla de la mayoría? Por supuesto que no. ¿Pero qué pasa si la secesión está prohibida? ¿Y si la mayoría del grupo cree que la santidad del grupo supera a la del individuo, y la fuerza mantiene al grupo unido? El rencor y la división deben surgir.
Ninguno de los problemas de votación anteriores mejoraría si, en lugar de una votación directa, el grupo eligiera a los llamados representantes para que funcionen como apoderados. Estos no serían apoderados, ya que no podrían serlo. No hay forma de que un representante altruista pueda expresar los deseos completos de más de un votante en cualquier cuestión de importancia individual, y mucho menos en una agenda extensa. Y como los representantes no pueden votar los deseos de sus electores, son libres de votar sus propias preferencias, que son las únicas que les importan. Esto es lo que ocurre con el gobierno representativo.
Como he detallado anteriormente, las cuestiones de importancia individual no pueden resolverse por votación, por lo que no deberían estar sujetas a votación. Las cuestiones de importancia individual deben resolverse mediante un acuerdo que permita la secesión parcial (anulación) o total. Cualquier otro sistema implica la fuerza y, en última instancia, acabará en luchas y violencia.
Deberíamos vivir en una sociedad limitada por contratos en lo que respecta a los asuntos esenciales y gobernada por el voto para los asuntos que no tienen consecuencias individuales reales. Pero ese no es nuestro mundo; vivimos en lo contrario.
Ahora resulta que nuestra anterior elección presidencial fue (entre otras cosas) por un posible interruptor de apagado. Es decir, la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos, aprobada el mes pasado, exige la instalación y el uso de tecnología diseñada para «supervisar de forma pasiva la actuación de un conductor de un vehículo de motor para identificar con precisión si ese conductor puede estar impedido». ¿Y si el conductor está «impedido»? Entonces, la nueva tecnología deberá «impedir o limitar el funcionamiento del vehículo de motor si se detecta una deficiencia».
El potencial de abuso, por supuesto, es bastante notable, ya que la legislación requiere una amplia vigilancia de los conductores y la capacidad incorporada de inutilizar un vehículo. Todo ello conlleva la posibilidad de que otras personas ajenas al vehículo lo inutilicen.
¿Quién iba a saber que las elecciones decidirían este asunto? Yo seguramente no. Por supuesto, no tenemos conocimiento de las repercusiones de la nueva ley. Pero podemos y debemos suponer lo peor. ¿Se realizará un interruptor de apagado? Y, si es así, ¿cuáles serán las implicaciones? ¿Se aplicará sólo a los conductores con problemas? ¿Pero quién define lo que es una discapacidad? ¿Es un bocinazo en apoyo de una versión americana del convoy de camiones canadiense un signo de deterioro mental?
El interruptor de apagado, y el poder para controlarlo, junto con una miríada de leyes y reglamentos similares de importancia consecuente, no son cuestiones que se decidan por votación. Esas cuestiones podrían resolverse mediante acuerdos contractuales válidos, con la aprobación unánime de todos los afectados. Pero no es así. Las respuestas a esas cuestiones surgen de votaciones que no resuelven nada más que la certeza de que surgirán disensiones, desacuerdos y divisiones.
Así que en lugar de vivir en un mundo en el que paso por la señal de la ciudad y murmuro para mí: «Me pregunto quién ha conseguido ese contrato», vivo en un mundo en el que, dentro de unos años, puede que murmure: «¿Quién es realmente el dueño o el que controla mi carro?». Y nada bueno saldrá de eso.
