Un coche detiene su marcha frente al semáforo en rojo. Al volante, un abogado de 40 años mira su teléfono celular para comprobar la hora. Ella espera llegar a casa y ver a sus hijos.
De repente, se oye un estruendo.
En cuestión de segundos, el ladrón entra en el vehículo por la ventana y coge su bolso, que estaba en el suelo del asiento del pasajero.
Aterrorizada, mira los daños de su coche. La ventana se ha roto y la cartera no está. También han desaparecido su dinero, la tarjeta de crédito y algunas fotos de su familia.
Sin embargo, está feliz de estar viva e ilesa.
Los observadores parecen estupefactos, con miedo... indignados. En cualquier país normal, si el ladrón es arrestado, irá a juicio. En ese caso, podría tratar de justificarse diciendo que robó porque él «no tenía nada», mientras que ella «tenía mucho».
Una vez más, en un país donde las instituciones funcionan correctamente, el ladrón cumpliría una sentencia. Así que sin importar el motivo, el hombre será sancionado.
Por último, esto le parecería bien a todo el mundo. A nivel «micro», el robo es un delito, y más allá de las justificaciones, la violencia debe ser castigada. Este es un pilar básico de cualquier sociedad civilizada.
Curiosamente, cuando se producen situaciones similares a nivel «macro», las reacciones no son las mismas. ¿Por qué decimos esto? Porque lo que está sucediendo en Chile ahora se explica a menudo utilizando el mantra de la «desigualdad».
Chile y la desigualdad
En el país sudamericano vecino a Argentina, una protesta que comenzó como un rechazo al aumento del ticket del Metro de Santiago, se convirtió en los últimos días en un asunto de caos urbano, con manifestaciones masivas, vandalismo, detenidos e incluso víctimas mortales.
Ante claros casos de delitos y saqueos (que incluían la quema de varios trenes e incluso la construcción de un periódico), el gobierno de Sebastián Piñera decretó el «estado de emergencia».
Obviamente, el problema no es sólo el billete de metro, ya que hay varios grupos de manifestantes que sitúan el origen de la violencia en la desigualdad económica. Se suele decir, de hecho, que Chile es un país que «crece mucho económicamente», pero que no basta con crecer «si el crecimiento está desigualmente distribuido». Este argumento merece ser analizado en profundidad.
En primer lugar, hay que decir que Chile no es un «paraíso de igualdad social», pero tampoco un infierno.
Según datos del Banco Mundial, Chile es el octavo país de las Américas en términos de igualdad. Se ubica por debajo de Canadá, Argentina, Uruguay y Estados Unidos.
Sin embargo, también ocupa un mejor lugar que México, Paraguay, Colombia o Brasil. Entonces, ¿por qué la desigualdad sólo quema periódicos y estaciones de metro en Chile, pero no en Paraguay o Colombia?
Otro tema relevante es no sólo que la desigualdad ha venido disminuyendo en las últimas décadas (especialmente desde fines de la década de los noventa), sino que Chile tiene la mayor movilidad social de toda la OCDE.
Es decir, en Chile es mucho más fácil dejar atrás la pobreza que en, digamos, México o incluso Alemania. Esto puede tener que ver con el gran historial de crecimiento económico con una baja inflación y un bajo nivel de desempleo en los últimos 30 años.
Violencia ilegítima
El punto más fundamental, sin embargo, es diferente. Porque aunque Chile fuera el país más desigual de América, eso no debería justificar la violencia. Hacerlo, de hecho, significaría ceder ante el chantaje.
Desafortunadamente, aquellos que piden más igualdad en el mundo hacen precisamente eso. Nos dicen que el Estado debe luchar contra la desigualdad (cobrando más impuestos a los ricos y dando más beneficios a los pobres), para mantener ciertos niveles de «paz social». Luego toman el caso de Chile, o cualquier otro que sirva a sus propósitos, para justificar sus propuestas.
Ahora bien, ¿no es lo mismo que decir que el Estado debe tomar parte de la cartera del abogado y dársela al ladrón de nuestro primer caso para que no rompa la ventanilla del coche? ¿No estaría el gobierno, en este caso, haciendo el «trabajo sucio» del ladrón?
Por otro lado, una vez que el estado redistributivo profundice efectivamente su redistribución forzada, ¿cuándo será suficiente? ¿Cuántos impuestos más debe recaudar? ¿Cuánto dinero más debe gastar?
¿Cuánto más habrá que quitar a los ciudadanos más productivos de la sociedad para dar a los menos productivos a fin de evitar que terminen con la «paz social»?
¿Y qué pasa si los que afirman que nunca están satisfechos?
La desigualdad no es excusa para la violencia. Tampoco debería ser la excusa para que los Estados redistribuyan aún más ingresos. (Digo «aún más», por supuesto, porque todos estos países que se enfrentan a las protestas ya tienen amplios programas sociales). De hecho, profundizar el camino hacia ese esquema no sólo llevaría a una situación injusta, sino al empobrecimiento económico.
Chile, con un Estado pequeño y un papel subsidiario, fue capaz de generar una macroeconomía estable que le permitió triplicar el PIB per cápita desde 1980 y reducir la pobreza del 53% en 1987 al 6,4% en 2017.
Pero cuidado: ceder al chantaje puede comprar algo de «paz social» a corto plazo, pero a largo plazo socavará los cimientos de la prosperidad chilena, como ya hizo en Venezuela, Argentina y también en Ecuador.
