Tras las recientes elecciones de mitad de mandato, cuando se hizo evidente que los americanos tendrían un nuevo Congreso dividido, la palabra bipartidista no tardó en aparecer como adjetivo para modificar toda una serie de propuestas y debates legislativos. Aunque en muchos casos la palabra ha sido más aspiracional que descriptiva —como «la otra parte debería seguir nuestro ejemplo y estar de acuerdo con esto»— también se ha utilizado a menudo como un modificador mágico en un esfuerzo por reducir las críticas y engrasar el terreno para conseguir un mayor apoyo político a las propuestas.
Desgraciadamente, sobre todo con un país tan dividido como el actual, lo que se anuncia como un esfuerzo político de bipartidismo a menudo tropieza con la afirmación de que sólo las reformas «integrales» merecen apoyo. El discurso del Presidente Biden sobre el Estado de la Unión, que comenzó con «un llamamiento al bipartidismo» y un llamamiento al Congreso para que «apruebe una reforma integral de la inmigración», es un buen ejemplo de ello. Desgraciadamente, los llamamientos o propuestas de reforma integral bipartidista suelen justificar el recelo de los americanos.
Consideremos algunos abusos comunes que surgen de la supuesta necesidad de reformas o planes políticos integrales bipartidistas.
Los grupos que se oponen a una política porque creen que les perjudicará disfrazan sus objeciones interesadas alegando que la reforma no es lo suficientemente amplia. Eso suena mucho menos egoísta. También conlleva la implicación injustificada de que unas reformas más exhaustivas, del tipo que ellos apoyarían, harían desaparecer esos perjuicios.
Los grupos cuyas agendas están de algún modo conectadas o relacionadas con propuestas que tienen alguna posibilidad de ser aprobadas, pero que no han sido traídas o compradas por la coalición de apoyo, utilizan estas propuestas como palancas para promover sus intereses. Toman su apoyo como rehén para obtener lo que quieren, como ocurre con la legislación «de obligado cumplimiento», que a menudo se transforma en proyectos de ley «árbol de Navidad». Racionalizan su exigencia de ser incluidos en el embutido simplemente buscando una reforma más amplia en lugar de enfoques fragmentarios «insuficientes».
Este mecanismo complementa entonces los esfuerzos por reunir coaliciones políticas de apenas más del 50% para extraer conjuntamente beneficios del resto de sus conciudadanos. Desgraciadamente, los resultados de tales esfuerzos pueden ser bipartidistas en el sentido de que se ha inducido a un número suficiente de los miembros más baratos del otro bando a estar de acuerdo, pero no son bipartidistas en el sentido de que haya un acuerdo general al respecto. Tampoco promueven nuestro bienestar general en el sentido que pretendía nuestra Constitución (beneficiar a todos los americanos, no a los ganadores políticos a costa de los perdedores políticos).
Los políticos que buscan obtener más réditos políticos de las partes interesadas, incluso de aquellas que no tienen un interés directo en la legislación propuesta, también se esconden detrás de la retórica «exhaustiva». Sobre todo cuando los resultados son dudosos, siempre se pueden crear retrasos para la reconsideración, nuevas negociaciones, más aportaciones públicas, audiencias, etc., en nombre de una mayor exhaustividad. Pero estas tácticas ofrecen sobre todo otra oportunidad de conseguir «jugadores» (votantes indecisos) y así poner más en el bote en la partida de póquer político.
Un buen ejemplo son las prestaciones sociales, en las que el gobierno ha prometido beneficios muy superiores a los impuestos propuestos para financiarlos (Medicare y la Seguridad Social encabezan la lista). Tales situaciones son insostenibles por valor de decenas de billones de dólares, pero no hay una salida justa a tales situaciones. Mantenerlas exige que algunos tengan que soportar nuevas cargas sustanciales, desiguales e imprevistas.
Pero hablar de la necesidad de una reforma integral permite a los políticos eludir el asiento caliente de tener que ofrecer soluciones donde puede que no existan realmente buenas (o donde existen otras mejores que las que ellos tienen en mente, pero quieren mantenerlas fuera de la mesa). Los políticos pueden hablar de lo mucho que les importa y de la urgencia de la reforma, pero esperan estratégicamente a que otros ofrezcan propuestas concretas (o les critican por no hacerlo), para luego rechazar cada una de las que perjudicarían a cualquiera que pudiera votarles (es decir, cada propuesta real) por no ser suficientemente exhaustiva.
También se obtienen resultados similares cuando los beneficios obtenidos por los ganadores de las políticas se han capitalizado en los precios de los activos a través de la venta (por ejemplo, las ayudas a los precios agrícolas que hicieron subir los precios de los terrenos agrícolas, o las restricciones a los taxis que hicieron subir el valor de los permisos existentes), lo que hace imposible una reforma imparcial. Cuando A ya se ha beneficiado de una política de este tipo y luego vende el activo a B, los beneficios futuros esperados de la política actual se incorporan al precio que paga B. El hecho de poner fin a las políticas después no sería equitativo. Poner fin a las políticas después perjudicaría injustamente a B sin deshacer la ganancia inesperada que recibió A, comprometiendo los esfuerzos de reforma «integral».
Otros ejemplos comunes son los numerosos ámbitos en los que la política se divide en un bando «A» inflexible y un bando «no A» igualmente inflexible. Los políticos pueden apoyar o prometer reformas, pero pueden eludir la rendición de cuentas porque ninguna propuesta política integral consigue superar el escollo político, que siempre puede achacarse convenientemente a la intransigencia de los oponentes.
La supuesta búsqueda de una reforma política integral también es a menudo incoherente con el proceso realmente empleado. Si la intención fuera realmente buscar reformas mejores y más amplias, más allá de alcanzar por los pelos el umbral del 50 por ciento más uno, no se necesitarían la sorpresa y el secretismo a puerta cerrada (que a menudo se extiende a todos los que no forman parte de la cábala creada, así como a todos los ciudadanos a los que se supone que los miembros representan) para mantener el proceso fuera de la vista y evitar la responsabilidad exterior hasta que es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Los intentos honestos de beneficiar a todos los americanos no mantendrían los detalles —sin los cuales no pueden ser evaluados— bajo un «cono de silencio», excluirían a la «otra» parte y al público de cualquier participación, ni forzarían votaciones antes de que los representantes hayan tenido tiempo de leer, y mucho menos de digerir, los proyectos de ley considerados por los legisladores.
