Puede que los muros de seguridad que rodean el Capitolio de EEUU hayan sido retirados, pero la respuesta federal a las protestas del 6 de enero no ha hecho más que empezar. Los demócratas de Washington están decididos a tratar el incidente como si se tratara de los sucesos del 11 de septiembre, lo que puede explicar un inquietante informe sobre el posible uso de la famosa lista de exclusión aérea.
Ayer, Nick Fuentes, un experto en medios sociales de derechas que asistió a las protestas del 6 de enero en la capital, alegó que había sido incluido en la lista federal de exclusión aérea, lo que le impedía viajar a Florida para asistir a un mitin político. Aunque el Sr. Fuentes compartió en las redes sociales el audio de un empleado de la aerolínea sugiriendo que su restricción de vuelo provenía de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), más tarde esa noche Tucker Carlson informó a su audiencia que su personal no podía confirmar ni negar el informe. Mientras que los críticos señalaron publicaciones anteriores en las redes sociales en las que se documentaba que había sido expulsado de un avión por no cumplir con las políticas de la máscara, Fuentes ha señalado que no tuvo ningún problema para volar a Washington en enero.
No está claro si las autoridades federales se apresurarán a aclarar la situación, pero no hay razón para no suponer que las autoridades federales intentarán utilizar esta herramienta de la guerra al terror contra los oponentes políticos. Desde su creación, lo que originalmente comenzó como dieciséis nombres que las autoridades federales habían relacionado con posibles futuros ataques terroristas, creció rápidamente hasta superar el millón. Como es el caso de otras herramientas de vigilancia entregadas al Estado profundo, hay muy poca supervisión o debido proceso en la forma en que las autoridades federales manejan las potenciales «amenazas terroristas.»
Desde enero ha habido un esfuerzo concertado por parte de los líderes demócratas, exfuncionarios del Estado profundo y los neoconservadores más despreciables de América para presionar a la administración Biden a utilizar el poder del gobierno federal contra los partidarios de Donald Trump. Aunque los incidentes en el Capitolio el 6 de enero se utilizan para justificar estos llamamientos, el armamento del poder federal contra los opositores políticos se remonta a casi tanto tiempo como el propio gobierno federal. En años más recientes, el servicio anterior del presidente Biden en la Casa Blanca vio una administración demócrata que utilizó tanto el IRS como el Departamento de Seguridad Nacional para atacar a los conservadores.
Otra razón para esperar una escalada del gobierno de Biden contra figuras vocingleras como Fuentes es la crítica única al régimen actual desde la derecha. La mayoría de los votantes republicanos no se oponen simplemente al presidente Biden por motivos políticos, sino que rechazan de plano su legitimidad democrática.
Como explicó Murray Rothbard, es precisamente este tipo de ataque el que más teme el Estado:
El uso cada vez más frecuente de la jerga científica ha permitido a los intelectuales del Estado tejer una apología oscurantista del dominio del Estado que en una época más sencilla sólo habría suscitado la burla de la población. Un ladrón que justificara su robo diciendo que realmente ayudaba a sus víctimas, porque su gasto daba un impulso al comercio minorista, encontraría pocos adeptos; pero cuando esta teoría se reviste de ecuaciones keynesianas y de impresionantes referencias al «efecto multiplicador», desgraciadamente tiene más convicción. Y así prosigue el asalto al sentido común, cada época realizando la tarea a su manera.
Por lo tanto, al ser el apoyo ideológico vital para el Estado, debe tratar incesantemente de impresionar al público con su «legitimidad», para distinguir sus actividades de las de meros bandidos....
Los delitos más graves en el léxico del Estado casi siempre no son invasiones de personas o propiedades privadas, sino peligros para su propia satisfacción, por ejemplo, la traición, la deserción de un soldado al enemigo, la no inscripción en el servicio militar, la subversión y la conspiración subversiva, el asesinato de gobernantes y delitos económicos contra el Estado como la falsificación de su dinero o la evasión de su impuesto sobre la renta. O comparen el grado de celo dedicado a perseguir al hombre que agrede a un policía, con la atención que el Estado presta a la agresión de un ciudadano común. Sin embargo, curiosamente, la prioridad que el Estado asigna abiertamente a su propia defensa frente al público no parece coherente con su presunta razón de ser.
Esta perspectiva explica el trato desproporcionado que han recibido los manifestantes, en su mayoría pacíficos, en el Capitolio en enero, en contraste con los detenidos durante los disturbios en las ciudades americanas a lo largo del año pasado. El Estado siempre tratará con mayor celo a quienes amenacen seriamente su legitimidad percibida que a los culpables de destruir simplemente los medios de vida de sus ciudadanos.
Esto también pone de manifiesto la naturaleza autodestructiva del moderno movimiento conservador americana.
Desde hace décadas, el mismo partido político que a menudo defiende de boquilla el «federalismo» ha sido el responsable directo del crecimiento del poder federal. Como se ha señalado anteriormente, se necesitó exactamente una administración antes de que el Departamento de Seguridad Nacional, creado por la administración Bush, empezara a dirigirse a los mismos votantes que lo eligieron para el cargo. Sólo pasaron dos ciclos electorales antes de que la Ley PATRIOT se utilizara para atacar una campaña presidencial Republicana.
La mayor cuestión que se plantea ahora en la política americana es si los conservadores son capaces de aprender de estos ejemplos. Si la derecha americana es capaz de asimilar plenamente la realidad de que la mayor amenaza para sus vidas, su libertad y su prosperidad se encuentra en el interior —y no en el exterior—, tal vez exista la posibilidad de un retroceso político del imperio americano.
Si no es así, los conservadores americanos llegarán a comprender lo poco que significan realmente los derechos constitucionales frente a un Estado hostil.
