Los defensores de la legalización de la marihuana obtuvieron otra victoria el mes pasado cuando el gobernador Dan McKee firmó la nueva legislación que legaliza la marihuana recreativa en Rhode Island. New Hampshire —donde el cannabis está «sólo» despenalizado y es legal para fines médicos— es ahora el único estado de Nueva Inglaterra donde la marihuana recreativa no es legal.
Con la incorporación de Rhode Island al bloque de la legalización, esto significa que más de 144 millones de americanos viven ahora en estados donde se ha legalizado el cannabis recreativo. Eso es el 43% de la población de los Estados Unidos.
Proporción de la población de EEUU por estado de legalización del cannabis
Rhode Island es también uno de los cada vez más numerosos estados en los que el cannabis recreativo se ha legalizado a través del proceso legislativo y no mediante referendos estaduales o iniciativas de los votantes. Inicialmente, la legalización recreativa solo era posible políticamente a través de iniciativas de los votantes, ya que los legisladores se negaban a aprobar la legalización por sí mismos. Los primeros casos exitosos de esto fueron en Colorado y el estado de Washington en 2012, y les siguieron Alaska y Oregón en 2014. Desde entonces, el cannabis recreativo se ha legalizado a través de diversos métodos en otros quince estados para un total de diecinueve.
Si estos estados se unieran para formar su propio país, sería —en términos de población— el décimo país más grande del mundo, y sólo un poco más pequeño que Rusia.
Al igual que la política de armas, los bonos escolares y, aparentemente, la política del aborto, la política del cannabis está cada vez más dominada por la legislación estadual. En el caso del cannabis, esto ocurre a pesar de que la política federal no ha cambiado realmente. La marihuana sigue siendo formalmente considerada por los burócratas federales como una sustancia ilegal. Esto sigue obstaculizando el comercio en los estados de muchas maneras. Por ejemplo, sigue siendo ilegal que las instituciones financieras reguladas por el gobierno federal traten directamente con negocios relacionados con el cannabis.
Algunos políticos Republicanos han intentado incluso aumentar las persecuciones federales. Por ejemplo, en 2018, el entonces fiscal general Jeff Sessions anuló el Memo Cole. Esto fue parte de un esfuerzo para reafirmar un mayor control federal de la política de cannabis. Sin embargo, las delegaciones del Congreso de los estados donde el cannabis recreativo es legal —tanto Republicanas como Demócratas— han mostrado una falta de voluntad para apoyar los esfuerzos federales en este sentido. Como resultado, el Congreso votó para negar al Departamento de Justicia fondos para hacer cumplir las leyes federales contra la marihuana medicinal en 2017. El plan de Sessions recibió una oposición bipartidista en el Congreso. Los esfuerzos bipartidistas para la legalización federal se han introducido en repetidas ocasiones, como la «Ley de Fortalecimiento de la Décima Enmienda a través de la Confianza de los Estados (STATES)» que, es esencialmente un proyecto de ley de «derechos de los estados» apoyado por ambos partidos en nombre de frenar la guerra contra las drogas. (Un bloque antilegalización, basado sobre todo en los estados del sur, ha conseguido acabar con los esfuerzos para reforzar un control más localizado en la política de drogas).
Todos estos movimientos a nivel estadual para ignorar u oponerse a la política federal están firmemente arraigados en ideas de federalismo, descentralización y la Décima Enmienda de la Carta de Derechos. Sin embargo, de parte de los prohibicionistas que se aferran al poder político centralizado, escuchamos habitualmente los mismos eslóganes y teorías legales pro-Washington sobre la «supremacía federal» o cómo lo que diga el Congreso es «la ley del país».
Tanto los conservadores como la izquierda apoyan estas ideas cuando sirven a sus propósitos. La izquierda, por supuesto, quiere una regla uniforme desde Washington cuando se trata de armas. Los conservadores han querido lo mismo para las drogas. Los fiscales generales Republicanos llegaron a demandar a Colorado en un intento de imponer las leyes federales sobre drogas en el estado. Lo que estos Republicanos querían era esencialmente una sentencia federal que anulara el localismo y la Décima Enmienda. Afortunadamente, fracasaron.
Este impulso centralizador, por supuesto, es muy popular en Washington. Lo oímos con frecuencia en boca de esos eruditos constitucionales profundamente equivocados que quieren que los jueces federales utilicen la «doctrina de la incorporación» para decidir lo que es y lo que no es legal en cada estado. A menudo se puede encontrar a estas personas —tanto conservadores como izquierdistas— declarando airadamente que la ley federal es esencialmente sacrosanta y que la anulación a nivel estadual «no va a ocurrir». La realidad, sin embargo, es que ha ocurrido y está ocurriendo.
Después de todo, las realidades políticas e ideológicas son tales que la legalización a nivel estadual ha supuesto que la marihuana se haya convertido en legal de facto en casi la mitad del país. La estrategia también ha servido para ilustrar el potencial de éxito de los esfuerzos legales a nivel estadual para debilitar o anular la ley federal. Los grupos proinmigración han intentado tácticas similares en algunos estados, como California. Del mismo modo, algunos responsables políticos contrarios al control de armas —como en Missouri— han aprobado leyes que impiden a los funcionarios estaduales aplicar la ley federal dentro de las fronteras estaduales. Los amantes del régimen de Washington y del statu quo seguirán, sin duda, presionando para que la reforma se haga sólo en el centro. Estas personas siguen aferrándose a la idea, desacreditada desde hace tiempo, de que Washington se «arreglará» si «elegimos a las personas adecuadas». Buena suerte con eso.
