El presidente electo de Argentina, Javier Milei, está decidido a aplicar políticas de mercado, incluida una amplia desocialización, o privatización, de la economía. La privatización de la industria aeronáutica argentina es aparentemente lo primero en la agenda (junto con la privatización de los medios de comunicación estatales). La privatización es necesaria, pero sobre todo debe hacerse correctamente.
Aerolíneas Argentina, la compañía aérea estatal, representa el 63 por ciento del mercado aéreo nacional del país. Además, su rentabilidad ha ido cayendo desde 2020. La aerolínea surgió de una fusión dirigida por el gobierno de cuatro compañías aéreas locales en 1949. El gobierno promovió esencialmente la creación de esta compañía aérea, perjudicando así a la competencia.
A través de diversas tribulaciones, Aerolíneas fue «privatizada» una vez en 1991, pero este plan de privatización fue percibido como un fracaso a la luz de sus problemas financieros. En consecuencia, la compañía fue renacionalizada en 2008, y así ha permanecido desde entonces.
Ahora los argentinos están atascados con una compañía aérea nacionalizada que compone la mayoría del mercado aéreo nacional y que ha sido rescatada directamente por el gobierno nacional desde 2021 (al mirar sus ganancias y los pagos del gobierno nacional se revela que desde 2021, sus ganancias han sido impulsadas únicamente por los pagos del gobierno). El jefe del sindicato de trabajadores aeronáuticos ha llegado a afirmar que «esta compañía no funciona sin los aportes del Estado.» Esta declaración pretendía ser una defensa de la propiedad estatal, pero es una vergonzosa omisión de la ineficacia de la compañía. Los contribuyentes se ven obligados a sostener esta compañía contra su voluntad. Esto debe terminar lo antes posible.
La respuesta es clara: privatización.
¿Y si la compañía fracasa? El fracaso empresarial es una característica de un sistema de libre mercado, no un defecto. Las compañías que fracasan no merecen el apoyo del gobierno. Si Aerolíneas tiene que fracasar, que fracase, y sus activos serán liquidados y transferidos a una compañía aérea superior.
Además, deben abolirse todas y cada una de las regulaciones que prohíben la competencia en este mercado. Como propone Murray Rothbard, la privatización debe coincidir con la desregulación y la reducción de impuestos. Hay que eliminar todas las regulaciones e impuestos sobre la industria aérea. Pero esto deja el problema de qué hacer con Aerolíneas.
La solución de Milei es entregar acciones de la compañía a los trabajadores, convirtiéndola en una compañía propiedad de los trabajadores. Irónicamente, muchos líderes sindicales han criticado los planes de Milei, algunos incluso han llegado a decir que Milei «tendrá que matarnos literalmente» si quiere llevar a cabo la privatización. Sin embargo, si Milei logra la privatización, los trabajadores de la aerolínea se verán obligados a asumir la responsabilidad de la compañía, o venderán sus acciones y se marcharán a pastos más verdes.
La cuestión sigue siendo si devolver la propiedad a los trabajadores es la mejor manera de privatizar. Puede que sea el método más expeditivo en Argentina, un país donde domina el movimiento obrero, pero ¿es el camino correcto?
Rothbard parece ser un fan de este enfoque:
En cierto sentido, la abolición de la propiedad gubernamental de los activos los coloca inmediata e implícitamente en una situación de no propiedad, de la que una previa apropiación puede convertirlos rápidamente en propiedad privada. El principio de homestead afirma que estos activos deben recaer, no sobre el público general abstracto como en el principio de handout, sino sobre aquellos que realmente han trabajado en estos recursos: es decir, sus respectivos trabajadores, campesinos y gestores.
Pero la tierra propiedad del gobierno no está exenta de obligaciones. El gobierno puede ser el primer usuario de la tierra, pero cuando adquiere bienes, su adquisición se compensa con las obligaciones que asume al agredir a los contribuyentes. El gobierno no posee realmente bienes porque tiene la obligación moral de rectificar inmediatamente el daño que ha causado. Por lo tanto, aquellos a quienes los gobiernos agreden son los únicos que tienen derecho a la propiedad gubernamental.
Hans-Hermann Hoppe afirma en Democracia: el dios que fracasó, «La estrategia de privatización sindicalista sólo se aplica en aquellos casos en los que no existe ningún propietario privado identificable previamente expropiado o heredero de los factores de producción socializados. Si tal propietario-heredero pudiera ser identificado, entonces debería ser instalado de nuevo como propietario privado». Asignar la propiedad a los empleados públicos cuando los propietarios privados expropiados son identificables es un «ultraje moral», dice Hoppe.
Rothbard está de acuerdo con esto, afirmando que hay un «cuarto principio de privatización» que requeriría que el gobierno «devolviera todos los bienes robados y confiscados a sus propietarios originales, o a sus herederos.» Este principio resulta difícil de aplicar cuando el bien del gobierno es una compañía creada mediante impuestos. En este caso, la privatización no consiste simplemente en la restitución de un título de propiedad definitivo. Además, es difícil cuando el propietario original no es identificable.
En el caso de Argentina, los propietarios originales son identificables: el contribuyente argentino. En tal caso, Hoppe sugiere lo siguiente con respecto a las calles, que luego puede aplicarse a todas las empresas públicas:
Los antiguos contribuyentes, de acuerdo con la cantidad de impuestos locales, estatales y federales pagados, deberían recibir títulos de propiedad negociables en calles locales, estatales y federales. A continuación, pueden conservar estos títulos como inversión, o bien desprenderse de su propiedad de las calles y venderla, conservando al mismo tiempo su derecho de paso sin restricciones.
Esencialmente, se formaría una sociedad anónima para la empresa privatizada. Cada contribuyente poseería una participación porcentual proporcional a su cuota en los ingresos fiscales totales. Sin embargo, este planteamiento plantea algunos problemas.
La burocracia tendría que revisar los documentos fiscales y calcular las cuotas para que nadie reciba menos o más de lo que legítimamente le corresponde. En consecuencia, podrían crearse oficinas enteras para resolver esta cuestión, lo que supondría una carga adicional para el contribuyente. Esto sería totalmente injustificable. Como afirma Hoppe: «Cobrar a una población victimizada un precio por la readquisición de lo que originalmente le pertenecía sería en sí mismo un crimen». Este método de privatización daría lugar a sus propios abusos de los derechos de propiedad. Esto no puede tolerarse.
Además, la solución de la sociedad anónima tiene el potencial de desatender la justicia real. Imagina que pagas impuestos toda tu vida y luego recibes por correo un certificado que te da una participación infinitesimal en una serie de compañías públicas privatizadas. ¿Se espera que esto rectifique las transgresiones contra usted? En absoluto. Claro que puede vender el certificado, pero ¿y si nadie quiere comprarlo? Parece que no tienes suerte. No, la justicia debe ir más allá de una simple acción en una sociedad anónima.
Para dar cuenta de estos problemas, es necesario combinar los enfoques de la sociedad anónima y el sindicalismo. Tomemos el ejemplo del plan de privatización de Aerolíneas de Milei. En primer lugar, Milei debería poner fin a todas las transferencias gubernamentales a Aerolíneas y eliminar todos los privilegios concedidos por el gobierno. Y lo que es más importante, no se debería perdonar a la compañía su participación voluntaria en la tributación y la expropiación. Los contribuyentes deben ser libres de presentar reclamaciones contra la ahora compañía aérea privada.
Milei puede ceder la compañía a los burócratas que la dirigen actualmente, tal y como pretende hacer ahora, pero las entidades privadas deben poder presentar reclamaciones contra ella ante los tribunales civiles. Deben respaldar estas reclamaciones con documentación —recibos de impuestos, por ejemplo— y el contribuyente puede ser recompensado con un pago, una fianza o una participación en la compañía proporcional a la parte de impuestos de la que la empresa es responsable.
Este enfoque es distinto de las soluciones propuestas por Rothbard y Hoppe. Reconoce que los contribuyentes, y no los empleados públicos, tienen derechos legítimos sobre la compañía. Sin embargo, relega la división de la compañía al libre mercado y no al gobierno. Inicialmente, reflejará la solución sindicalista, pero se transformará rápidamente en un sistema mixto a medida que los contribuyentes obtengan pagos, bonos y acciones de la compañía para su rectificación.
Siguiendo este planteamiento, Aerolíneas debería desvincularse totalmente de la Administración sin importar cómo organicen la compañía los antiguos empleados públicos, y luego dictar una orden jurídicamente vinculante de algún tipo (tal vez un decreto ejecutivo) declarando que las expropiaciones de la compañía al contribuyente ya no están protegidas legalmente, lo que permitiría a los contribuyentes exigir una rectificación a la compañía ahora privada.
¿Cuáles son algunos puntos clave? Milei tiene razón al intentar transferir Aerolíneas a los trabajadores. Este plan es rápido y fácil (suponiendo que los peronistas puedan cooperar). Sin embargo, si no se permite a los contribuyentes obtener una rectificación de Aerolíneas, este plan de privatización está condenado a causar injusticias desde el principio.
En cualquier caso, cualquier plan de privatización será preferible al statu quo. Hay que animar a Milei aunque sus planes no estén a la altura del ideal. En palabras de Rothbard, «Los errores cometidos en el cambio hacia la libertad tenderán a limarse por sí solos una vez establecido el libre mercado.»
Rothbard continúa: «Por otra parte, no debemos cometer el error de suponer alegremente que los costes o las ineficiencias de este proceso pueden despreciarse. Sería preferible acercarse lo más posible al óptimo en la privatización inicial.» Precisamente por eso es necesario criticar las deficiencias del plan de Milei.
