El concepto de Estado emprendedor propone que los gobiernos —al igual que las empresas privadas— puedan asumir riesgos, innovar e impulsar el crecimiento económico. Mediante la intervención directa, los gobiernos pueden invertir estratégicamente en sectores prometedores para el futuro, con el objetivo de impulsar la productividad y la expansión económica. Sin embargo, en países como Jamaica, las limitaciones del Estado emprendedor son evidentes, ya que las intervenciones a menudo se enfrentan a realidades económicas y sentimientos públicos que chocan con las expectativas del sector privado. Los problemas de Jamaica con las empresas estatales, los organismos reguladores y la política educativa revelan que las iniciativas dirigidas por el gobierno sólo pueden reordenar y sofocar, en lugar de estimular, el potencial económico.
Un ejemplo de cómo Jamaica y los gobiernos regionales lidian con su papel de Estado «emprendedor» es el apoyo continuado a las asignaturas del plan de estudios del Consejo de Exámenes del Caribe (CXC), que ha registrado una baja matriculación de estudiantes. Asignaturas como Ciencias Agrícolas e Ingeniería Verde son cruciales para abordar las necesidades de desarrollo a largo plazo de Jamaica, incluida la agricultura sostenible y la resiliencia medioambiental. Sin embargo, estos cursos siguen siendo impopulares, con una pequeña proporción de alumnos que optan por estudiarlos, lo que plantea interrogantes sobre la asignación eficiente de los recursos. Mientras que una empresa emprendedora probablemente suprimiría estos programas debido a la baja demanda, el CXC optó por mantenerlos tras enfrentarse a la reacción pública, lo que refleja la influencia de las expectativas sociales en las decisiones gubernamentales.
En este caso, el gobierno se encuentra atrapado entre responder a las tendencias educativas y cumplir una misión social más amplia de promover áreas de aprendizaje que podrían beneficiar a la economía nacional a largo plazo. Sin embargo, desde una perspectiva empresarial, seguir financiando estas asignaturas indica una mala asignación de recursos. Mantener cursos que carecen de demanda por parte de los estudiantes no es una inversión rentable y se aparta de la orientación del sector privado hacia ofertas de alta demanda que impulsen la rentabilidad. Además, los alumnos tienen la opción de estudiar estas asignaturas en la universidad, por lo que suspenderlas en la enseñanza secundaria no afectará necesariamente a los planes económicos. La no oferta de asignaturas en secundaria nunca ha impedido a los alumnos cursarlas en la universidad.
Del mismo modo, el sector del transporte público de Jamaica ofrece otra visión de los retos de las empresas dirigidas por el Estado. La Jamaica Urban Transit Corporation (JUTC) lleva años siendo inviable desde el punto de vista financiero y depende en gran medida de las subvenciones públicas para funcionar. Una empresa privada que se enfrentara a pérdidas tan persistentes probablemente habría cesado sus operaciones o se habría reestructurado para dar prioridad a la rentabilidad. Pero en lugar de desprenderse de la empresa, el gobierno ha decidido agravar los problemas ampliando sus servicios a las zonas rurales.
Las regiones rurales suelen tener infraestructuras deficientes, lo que aumenta los costes operativos. Además, la demanda rural puede no ser lo suficientemente alta como para compensar estos gastos, sobre todo con la actual estructura tarifaria, en la que los precios se mantienen bajos para seguir siendo accesibles a todos. En este escenario, la financiación pública se vería probablemente mermada, lo que exigiría importantes subvenciones para cubrir los costes operativos adicionales asociados al mantenimiento de las rutas rurales. Aunque el apoyo continuado del gobierno a la JUTC sirve a un propósito social, plantea dudas sobre la sostenibilidad de utilizar el dinero de los contribuyentes para sostener indefinidamente una empresa deficitaria.
Además, el plan del gobierno jamaiquino para revitalizar el sistema ferroviario, a pesar de su problemático historial financiero, pone de relieve las limitaciones de la iniciativa empresarial dirigida por el Estado. La infraestructura ferroviaria es innegablemente valiosa por razones económicas y medioambientales, ya que puede reducir la congestión de las carreteras y las emisiones. Sin embargo, sin un modelo de negocio viable, la revitalización podría limitarse a prolongar un legado de pérdidas. En este sentido, la implicación del Estado es una apuesta que podría agotar aún más los recursos públicos, lo que pone de relieve el delicado equilibrio entre atender las necesidades públicas y garantizar la rentabilidad de la inversión.
El papel de los organismos reguladores en el sector agrícola ilustra aún más la influencia restrictiva que la intervención estatal puede tener en la economía de Jamaica. La Jamaica Agricultural Commodities Regulatory Association (JACRA) se creó para supervisar la producción y exportación de cultivos clave, pero su influencia ha ahogado la innovación y la competencia en el sector agrícola. Al fijar precios inferiores a los del mercado para ciertos productos, la JACRA limita inadvertidamente los ingresos potenciales de los agricultores, desalienta la expansión y reduce los incentivos para mejorar la calidad. Una empresa privada, por el contrario, operaría centrándose principalmente en optimizar la rentabilidad y fomentar el crecimiento.
Por ejemplo, una asociación agrícola privada podría explorar oportunidades de exportación más lucrativas, comercializar los cultivos jamaicanos a nivel internacional o invertir en investigación y desarrollo de prácticas agrícolas sostenibles. Invariablemente, el enfoque de la JACRA refleja una postura reguladora prudente que da prioridad a la estabilidad del mercado, posiblemente a costa de ahogar el dinamismo y el potencial de crecimiento del sector.
Estos ejemplos reflejan las tensiones inherentes al concepto del llamado Estado emprendedor. Aunque el gobierno de Jamaica ha intervenido en diversos sectores para promover el bienestar social, la estabilidad económica y las infraestructuras, estas acciones chocan con los principios del emprendimiento, como la asunción de riesgos, la flexibilidad y la optimización de recursos. Cualquier entidad empresarial debe estar dispuesta a operar con eficiencia económica y capacidad de respuesta a las señales económicas. Sin embargo, cuando se trata del «Estado emprendedor», la opinión pública, los legados históricos y las misiones sociales suelen pesar mucho en la toma de decisiones del gobierno, lo que lleva a compromisos que una organización emprendedora evitaría.
En última instancia, el apoyo continuado del gobierno jamaicano a iniciativas financieramente insostenibles como el JUTC, o la decisión de mantener programas educativos de baja matriculación, revelan las complejas motivaciones que subyacen a la intervención estatal. Aunque la teoría del Estado emprendedor sostiene que los gobiernos pueden liderar la innovación y el desarrollo económico, en la práctica, la experiencia de Jamaica pone de relieve los límites de este modelo en un contexto en el que las realidades económicas y las expectativas públicas a menudo divergen de los principios del sector privado.
