En marzo de 2021, Dominion Voting Systems —una compañía que fabrica equipos y software de votación electrónica— demandó a Fox New Channel por 1.600 millones de dólares. Dominion alegó que la compañía se había visto perjudicada por supuestas afirmaciones falsas realizadas por presentadores e invitados de programas de Fox sobre el papel de Dominion en supuestos esfuerzos para amañar las elecciones presidenciales de EEUU de 2020. En abril de 2023, Fox New Channel llegó a un acuerdo con Dominion por 787,6 millones de dólares. Dominion aún tiene otras demandas pendientes contra otras partes, incluidos Rudy Giuliani y Sidney Powell.
El acuerdo de Fox sobre una demanda por difamación se produce menos de un año después de que Alex Jones fuera condenado a pagar 965 millones de dólares en una demanda por las cosas que dijo en su programa sobre la masacre de Sandy Hook. Ambas demandas se centraban simplemente en decir cosas que a otras personas no les gustaba que se dijeran. Ambas demandas se centraron también en temas de interés público con una fuerte carga política. Ambas demandas también demostraron cómo las leyes de difamación pueden utilizarse para silenciar a las personas y castigarlas por hacer declaraciones políticas controvertidas. Además, está claro que tanto Jones como los comentaristas de Fox news expresaban esas opiniones como periodistas.
La demanda de Alex Jones fue alarmante a su manera, como expliqué aquí en mises.org. La demanda de Dominion, sin embargo, es aún más infundada y alarmante, ya que sienta un precedente en el que un monopolio financiado por el gobierno puede demandar a particulares por declaraciones sobre política pública. Además, está claro que el régimen de EEUU —junto con muchos otros regímenes de Occidente y del mundo en general— ha intensificado sus esfuerzos para limitar la libertad de expresión con el pretexto de combatir la «desinformación». La Casa Blanca y las grandes tecnológicas han colaborado para desinformar y silenciar a los usuarios que dicen cosas que no gustan al régimen. Una segunda herramienta importante para silenciar a los críticos son las leyes de difamación. Los aliados del régimen pueden emplear las demandas por difamación para silenciar, empobrecer o acosar de cualquier otro modo a los críticos que hacen declaraciones que los agentes del régimen consideran problemáticas. Las demandas contra Dominion son un ejemplo de cómo funciona esto.
Por qué la difamación no es un problema real
El concepto mismo de difamación siempre ha sido increíblemente cuestionable, y es claramente incompatible con cualquier compromiso serio con la libertad de expresión. La idea de la difamación siempre se ha basado en la noción de que si la Persona A dice algo desagradable sobre la Persona B, entonces la Persona C simplemente creerá esas cosas desagradables y actuará en consecuencia. Así, estamos obligados a creer que si mi vecino le dice a mi mujer que soy un adúltero, entonces mi vecino es de alguna manera culpable y ha infligido «daños» si mi mujer decide creerle. Por supuesto, mi mujer podría optar por darse cuenta de que apenas salgo de casa y de que la mayor parte de mi vida social consiste en desayunos de una hora a las 7 de la mañana. Pero, incluso si mi mujer decide creer a este vecino y se divorcia de mí. Son malas noticias para mí, pero ¿cómo puede ser culpa del vecino? El solo estaba diciendo palabras que otras personas son libres de creer o no.
En este caso, fue mi mujer la que hizo daño. Los seres humanos no son autómatas que se creen todo lo que les dice otra persona. El concepto de difamación se basa en esta suposición absurda. También podríamos señalar que, históricamente en los Estados Unidos, las sentencias judiciales contra los autores de difamación condenados eran generalmente multas pequeñas, y las demandas estaban diseñadas simplemente para permitir al demandante un foro para defenderse públicamente.
Los gobiernos (de América) no pueden demandar por difamación
En el pasado, los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos eran conocidos incluso por demandar a los críticos por difamación alegando que las declaraciones críticas sobre el personal del gobierno infligían daños a los responsables políticos y a los cargos electos. Los responsables políticos del estado de Florida intentan ahora revivir esta execrable práctica. El gobernador Ron DeSantis, por ejemplo, ha apoyado una ley que facilita a diversas partes —incluidos los empleados públicos— presentar demandas por difamación. La legislación también elimina el antiguo requisito de que los demandantes por difamación demuestren la malicia por parte del demandado. Este tipo de legislación amplía enormemente la capacidad de las personas en el poder para demandar y silenciar a los críticos por el «delito» de decir ciertas palabras que podrían arrojar una luz desfavorable sobre los agentes del Estado.
Los empleados del gobierno emplearon esta estrategia en el pasado, pero esto llegó a su fin con el caso de 1964 New York Times v. Sullivan. Se trataba de un caso en el que un empleado del gobierno —concretamente, un comisario de policía— demandó a un periódico por decir cosas que no gustaban a algunos burócratas. La Corte Surpema de EEUU concluyó:
Por una buena razón, «ningún tribunal de última instancia de este país ha sostenido nunca, ni siquiera sugerido, que los procesos por difamación contra el gobierno tengan cabida en el sistema de jurisprudencia americana.»
Las razones deberían ser obvias. Las agencias gubernamentales gozan de privilegios de monopolio y se financian mediante la recaudación coercitiva de impuestos. Incluso el simpatizante del régimen de más pintas azules puede ver probablemente el peligro que surge de conceder también a esta agencia monopolística el derecho a demandar a la gente por criticarla. Después de todo, la noción liberal de «libertad de expresión» se codificó en documentos como la Declaración de Derechos principalmente con el propósito de garantizar que los críticos del régimen fueran legalmente inmunes a los intentos del régimen de tomar represalias.
Las falsas organizaciones «privadas» nunca deberían poder demandar por difamación
Esto nos lleva a organizaciones «privadas» como Dominion.
En sus demandas contra Fox News y otros, la compañía procede como si fuera una compañía privada más. La alegación básica es «¡sólo somos un pobre e inocente grupo de compañíarios difamados!».
Pero está claro que «privado» no es un término apropiado para describir una compañía como Dominion. Y «emprendimiento» tiene muy poco que ver. Se trata de una compañía orientada de forma abrumadora a servir únicamente a organismos gubernamentales y a realizar lo que sólo puede describirse como servicios gubernamentales. Dominion proporciona software de recuento de votos y servicios relacionados. Sus únicos «clientes» son aparentemente organismos gubernamentales. Como tal, los ingresos de Dominion proceden de los impuestos. La compañía y sus fundadores no son «emprendedores» en ningún sentido, excepto en el sentido de «emprendedor político», que busca beneficios a través de subvenciones y contratos gubernamentales. La compañía no interactúa en un mercado libre y abierto donde los clientes reales intercambian dinero con la compañía a cambio de un bien o servicio. Por el contrario, los contribuyentes se ven obligados a apoyar a Dominion a través de los impuestos, y los contribuyentes no tienen voz ni voto a la hora de decidir si «pagan» o no a Dominion. En resumen, la relación entre Dominion y las personas que en última instancia financian Dominion es de coacción y explotación.
En este sentido, Dominion es como muchas otras agencias gubernamentales de facto que afirman de forma poco convincente ser «privadas» en cualquier sentido que no sea el legal. Un ejemplo de ello es Academi —antes conocida como Blackwater—, que suministra tropas mercenarias y servicios relacionados a agencias gubernamentales. La compañía fue fundada y dirigida por antiguos agentes de la CIA y otros burócratas que presumiblemente querían sacar provecho del lucrativo negocio de los contratos gubernamentales. Los ingresos de Academi proceden en su inmensa mayoría de estos contratos y, como tal, se financia con el sudor y el trabajo de los contribuyentes. Por supuesto, esto no ha impedido que el fundador de Academi, Erik Prince, afirme ridículamente ser una especie de compañíario del libre mercado.
También podríamos señalar otras compañías «privadas» que atienden a los gobiernos. Por ejemplo, fabricantes de armas como Lockheed Martin, o incluso compañías de construcción de carreteras cuyo plan de negocio se basa en la construcción de proyectos gubernamentales. Lo mismo ocurre con Dominion cuando intenta demandar a los críticos por difamación.
Entonces, ¿fue Dominion difamado por sus críticos? La respuesta adecuada es: ¿a quién le importa? Esto no debería considerarse más importante que si se difama o no a la ATF (Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) cuando los críticos de la masacre de Waco afirman que agentes federales asesinaron a mujeres y niños de la Rama Davidiana. Permitir que una agencia gubernamental demande en tales casos sería un ataque directo a la libertad de expresión y a la libertad de atacar verbalmente los abusos percibidos por el régimen.
Además, es cuestionable que Dominion haya sufrido daños reales por las declaraciones de los expertos de Fox News. Los «clientes» de Dominion no son el público en general, sino un pequeño número de burócratas gubernamentales que toman decisiones sobre los equipos de tabulación de votos. ¿Influyen mucho las opiniones de los presentadores de Fox News en la forma de pensar de esas personas? Eso no está nada claro.
En cualquier caso, no se debe permitir que agencias gubernamentales de facto como Dominion (o Academi o Raytheon) se hagan pasar por compañías privadas legítimas merecedoras de las protecciones legales del sector privado. Si no les gusta, estas compañías pueden dedicarse a ofrecer servicios reales y voluntarios en el mercado sin la generosidad de los contribuyentes.
