La izquierda americana ha decidido que la llamada meritocracia es algo malo. En un ejemplo típico de Los Angeles Times de esta semana, Nicholas Goldberg señala una serie de cuestiones que exploran cómo el mérito no es en realidad la clave del poder y la riqueza en América:
Se supone que los Estados Unidos es una meritocracia. La historia dice que si trabajas duro y sigues las reglas, especialmente en lo que respecta a la educación, puedes competir, ascender y tener éxito aquí. . . . Pero los americanos se están dando cuenta de que no siempre es así. El terreno de juego no está nivelado.
Goldberg afirma que la tan alabada meritocracia tiene menos que ver con el mérito y más con el control del acceso a las instituciones de élite. Es difícil discutir algo de esto. Es fácil ver la mentira que se esconde tras las afirmaciones de meritocracia cuando nos fijamos en lo más alto de la jerarquía artificial. No es una mera coincidencia que personas como George W. Bush y Al Gore —hijo de un presidente de EEUU e hijo de un senador de EEUU, respectivamente— fueran a escuelas de élite de la Liga de la Hiedra. Los cuatro hijos de Al Gore, y uno de Bush, fueron a Harvard. Pensar que estas siete personas entraron en estas escuelas porque tenían más «mérito» que todos los solicitantes rechazados requiere niveles gigantescos de credulidad.
Gran parte de la retórica de la izquierda contra la meritocracia ha estado al servicio de la justificación de las preferencias raciales y las pruebas estandarizadas en las admisiones universitarias. Los defensores del statu quo se han lanzado a apoyar la supuesta meritocracia del complejo gobierno-universidad. Por ejemplo, Victor Davis Hansen, en un artículo serpenteante y poco convincente, intentó recientemente culpar de los repetidos fracasos de la política exterior de los Estados Unidos a un supuesto declive de la meritocracia. Mientras tanto, Alan Dershowitz insiste en que las facultades de leyes de hoy en día están llenas de mediocres, a diferencia de cuando él y sus amigos llenaban las universidades de élite de una brillantez sin límites.
Obsérvese que estos ejemplos de Hansen, Goldberg y Dershowitz no tienen nada que ver con la verdadera meritocracia del mercado que hizo de América un lugar próspero donde la gente corriente podía tener una vida cómoda. Más bien, los expertos tienden a centrarse en la falsa meritocracia, que tiene que ver con el gobierno y las instituciones cuasi-gubernamentales: exámenes estandarizados, universidades de élite controladas por la clase dominante, y lo que equivale a licencias profesionales controladas por el gobierno. En estos casos, lo que constituye el mérito lo definen los tecnócratas. La mayor parte de lo que hoy consideramos la meritocracia oficial fue desarrollada y popularizada por los reformadores sociales del régimen de la Era Progresista a principios del siglo XX.
La única meritocracia real es la meritocracia de mercado
La meritocracia real es algo totalmente distinto. La meritocracia real sólo existe en el mercado, donde no hay ningún ideal objetivo de mérito. Más bien, en el mercado, el mérito viene determinado por la medida en que una persona aporta valor según los valores subjetivos de los agentes del mercado. El valor —es decir, el «mérito»— de un trabajador, un empresario o una empresa lo determina el cliente. ¿Ha proporcionado un empresario un bien o servicio valioso? Si es así, será recompensado con ingresos y una buena reputación. ¿Ha prestado un abogado servicios valiosos a clientes y acusados? Si es así, será recompensado con creces en el mercado. Si se permitiera que los mercados funcionaran realmente en el ámbito de la medicina, encontraríamos una relación similar entre el «mérito» y el valor aportado a los demás. Los que tienen más méritos son los que tienen más éxito en el mercado. Pero es el público consumidor el que determina lo que constituye mérito. En otras palabras, el verdadero «mérito» —que debería considerarse como otra palabra para «valor de mercado»— no viene determinado en absoluto por los ideales de los tecnócratas del gobierno y sus aliados en el mundo académico.
De dónde vienen las pruebas estandarizadas
Un ejemplo destacado del alcance de la meritocracia oficial es el examen de acceso a la abogacía. En un artículo de 2015, el defensor del libre mercado (y profesor de leyes) Allen Mendenhall señaló que el examen no trata realmente de méritos, sino que es
una forma de autorización profesional que restringe el acceso a una determinada profesión y reduce la competencia en el mercado. . . . El examen de acceso a la abogacía evalúa la capacidad para realizar exámenes, no la capacidad para ejercer la abogacía. La mejor manera de aprender la profesión jurídica es a través de la experiencia y la formación práctica, que, en nuestro sistema actual, se retrasan durante años, en primer lugar por el requisito de que los aspirantes a abogados se gradúen en facultades de leyes acreditadas y, en segundo lugar, por el examen de acceso a la abogacía y el examen de aptitud profesional que lo acompaña.
Antes del auge de la meritocracia oficial, los profesionales de las leyes accedían a la profesión a través de varias vías, de las cuales sólo una requería estudios de leyes. El mercado era el árbitro último a la hora de determinar si un abogado aportaba o no valor añadido. La misma flexibilidad caracterizaba muchos campos, desde la barbería hasta la medicina. Sin embargo, con el tiempo, varios cárteles profesionales consiguieron convencer a los gobiernos para que controlaran estrictamente el acceso a diversas profesiones. Se impusieron al público nuevas medidas «objetivas», que no lo eran en absoluto, sino que estaban determinadas por burócratas gubernamentales.
Los propios burócratas introdujeron una supuesta meritocracia para proteger sus propios puestos de trabajo. En 1883, el Congreso aprobó la Ley Pendleton de Reforma del Servicio Civil. Ésta imponía pruebas estandarizadas obligatorias para los posibles empleados del gobierno a cambio de disposiciones de seguridad laboral según las cuales los trabajadores federales no podían ser despedidos por motivos políticos. Esto sustituyó al antiguo «sistema de botín» en el que la burocracia federal estaba vinculada a la responsabilidad pública a través de elecciones. La reforma Pendleton se ha vendido durante mucho tiempo como un cambio que «profesionalizaba» la burocracia federal. Murray Rothbard, sin embargo, vio a través de esta artimaña y señaló que la supuesta meritocracia creó una nueva clase gubernamental permanente «aislada» del público: «Con el advenimiento de la reforma de la Administración Pública, el conjunto de burócratas, antes temporal, se convierte ahora en una clase o casta permanente y consciente de sí misma, apartada de la masa de la ciudadanía y en oposición fundamental a ella».
Se nos dice que todo esto hizo que los burócratas rindieran «mejor». Sin embargo, no hay ninguna medida objetiva para el «rendimiento burocrático» que no sean los objetivos y protocolos arbitrarios establecidos por los políticos. El único resultado innegable de la meritocracia burocrática es que ayuda a los responsables de la política federal a paralizar el escepticismo público y la oposición política a los agentes federales, allanando así el camino para un inmenso crecimiento del empleo y el gasto federales.
Las pruebas se extienden al público en general
A principios del siglo XX, los reformadores sociales querían extender la meritocracia a toda la población. Los planificadores gubernamentales vieron el potencial de las pruebas como medio para ayudarles a planificar la sociedad y la economía. Con el tiempo, esto se materializó en los exámenes estandarizados para todos los estudiantes y su fenómeno relacionado, el test de cociente intelectual.
La idea en sí no era nueva. Como tantas otras innovaciones en materia de burocratización destructora de la libertad y centralización política, esta idea procedía de Prusia:
A mediados del siglo XIX, los reformadores escolares de Boston Horace Mann y Samuel Gridley Howe, inspirándose en el sistema escolar centralizado prusiano, introdujeron los exámenes estandarizados en las escuelas de Boston. Las nuevas pruebas se concibieron para proporcionar un «estándar único con el que juzgar y comparar el rendimiento de cada escuela» y para recopilar información objetiva sobre la calidad de la enseñanza.
Sin embargo, hasta finales del siglo XIX, la aplicación siguió siendo irregular. El sistema educativo de EEUU estaba muy descentralizado y muchos distritos escolares simplemente decidieron no participar. No obstante, las pruebas estandarizadas fueron ganando terreno junto con el nuevo campo conocido como psicología.
La adopción de los exámenes estandarizados —como tantas otras tendencias de la sociedad americana orientadas a la planificación gubernamental— se vio acelerada por la Primera Guerra Mundial. Con la guerra llegó un reclutamiento militar a una escala que superó con creces cualquier esfuerzo de reclutamiento anterior. Este nuevo reclutamiento convirtió a millones de americanos en empleados del gobierno, y los gobiernos buscaron formas de gestionarlos de manera más «eficiente»:
La Primera Guerra Mundial fue el escenario de la primera aplicación a gran escala de la psicología. Los Estados Unidos y los demás países de ambos bandos se enfrentaron a la ingente tarea de procesar a millones de personas para servir como soldados. El presidente de EEUU Woodrow Wilson pidió ayuda a los psicólogos y, en mayo de 1917, su administración formó el Comité para el Examen Psicológico de los Reclutas, compuesto por las personas más destacadas en la investigación psicológica de las diferencias individuales. . . . En dos meses, habían elaborado un test escrito de papel y lápiz, el test Army Alpha, para evaluar a los reclutas.
Así comenzó la era de los exámenes estandarizados masivos. Esto allanó el camino para la aplicación de pruebas masivas en muchas otras áreas también:
Al final de la Primera Guerra Mundial, más de dos millones de reclutas del ejército se habían sometido a las [pruebas]. . . fueron las primeras pruebas prácticas administradas a grandes grupos de personas. En las dos décadas siguientes al desarrollo del Alpha del ejército, las pruebas de capacidad cognitiva se convirtieron en una importante herramienta utilizada en las decisiones de contratación y admisión a la universidad.
Los planificadores federales también colaboraron con psicólogos para desarrollar lo que se conoce como pruebas de cociente intelectual. Estas pruebas fueron desarrolladas por primera vez por el psicólogo francés Alfred Binet. En 1904, el Estado francés —durante mucho tiempo líder mundial en centralización política y escolarización estatal obligatoria— pidió a Binet que ayudara al Ministerio de Educación a evaluar a los alumnos. La «promesa» del invento de Binet fue inmediatamente percibida por los planificadores gubernamentales de otros países.
Los métodos de Binet se ampliaron durante la guerra. Los tests estandarizados se convirtieron así en una nueva categoría de datos gubernamentales, en la línea de los datos sobre la renta de los hogares, los datos de empleo y los datos del producto interior bruto. Y como todos los sistemas de recopilación de datos, se convirtieron en una herramienta para la planificación gubernamental.
Los planificadores centrales eugenistas
Los más notorios de los planificadores centrales progresistas que gravitaron hacia estas pruebas fueron los eugenistas. Naturalmente, la nueva era de las pruebas cognitivas permitió al gobierno justificar cualquier número de nuevos planes gubernamentales para gestionar las poblaciones y los recursos gubernamentales. Uno de los eugenistas más destacados fue Lewis Terman, un psicólogo que desarrolló su propio test de CI en 1916. El test
definía la inteligencia en términos puramente cuantitativos y se utilizó para justificar la esterilización forzosa de grupos minoritarios en los Estados Unidos. . . . Carl Brigham, psicólogo de Princeton y miembro de la American Eugenics Society, se basó en el trabajo de Terman para desarrollar el SAT [basado en gran medida en el Army Alpha Test] con el College Board en 1926. La prueba se convirtió en una herramienta omnipresente en las admisiones universitarias a finales de la Segunda Guerra Mundial.
Una herramienta clave en las asociaciones federales, empresariales y académicas
No es casualidad que hablar de la «meritocracia» tienda a girar en torno a instituciones estrechamente reguladas por organismos gubernamentales y que disfrutan de una estrecha colaboración con el gobierno federal. Las grandes universidades, que dependen en gran medida de las subvenciones federales, llevan mucho tiempo trabajando mano a mano con los gobiernos para hacer cumplir los caprichos de poderosos grupos de interés y cárteles industriales. La financiación pública de la enseñanza superior ayuda a la industria privada a transferir a los contribuyentes los costes de formación y selección. Además, las universidades llevan mucho tiempo contribuyendo a garantizar que innumerables estudiantes tengan opiniones ideológicas «correctas», acordes con las del régimen. Es exactamente el tipo de resultado que deberíamos esperar de los planes desarrollados por y para los reformistas de la Era Progresista. Este hecho también debería ayudarnos a darnos cuenta de que la izquierda moderna no tiene realmente un problema con la meritocracia en general. La Izquierda simplemente desea controlar la meritocracia implementada por sus antepasados ideológicos para producir una mezcla diferente de «élites». Este plan no es más que un retoque del sistema establecido de «mérito».
Por otra parte, si realmente queremos encontrar a las personas más productivas, más cualificadas y más beneficiosas para nuestra vida cotidiana, debemos mirar mucho más allá de la meritocracia oficial, que sólo nos dice lo bien que se han desempeñado las personas según las normas del régimen. En su lugar, debemos mirar a la competencia del mercado.
