Recientemente, escribí un artículo defendiendo la legitimidad del término “marxismo cultural”. A menudo se acusa a la derecha conservadora de lanzar el término sin significado real, lo que puede ser cierto en muchos casos, pero argumenté que sí tiene una definición legítima eso se puede reconocer incluso fuera de la división política izquierda-derecha. Al igual que el “marxismo cultural” de la derecha, creo que se puede decir lo mismo sobre una frase favorecida por la izquierda progresista: el racismo institucionalizado.
Al igual que todos los clichés políticos, es fácil reconocer que la acusación de racismo institucionalizado se emite con demasiada frecuencia, y esto hace que sea fácil descartar el término como carente de significado. Pero a diferencia de los términos genuinamente sin sentido (por ejemplo, “justicia social”), el concepto de racismo institucionalizado puede definirse y aplicarse de manera clara y sin objeciones a la historia de la política gubernamental en los Estados Unidos.
Orígenes racistas de las leyes modernas
Para encontrar cualquier significado coherente en el concepto de racismo que ha sido “institucionalizado”, uno debe primero reconocer las motivaciones explícitamente racistas detrás de varias leyes. Esto no es difícil de hacer Las leyes que prohíben las drogas fueron abiertamente defendidas por motivos raciales, como he detallado en longitud. Las leyes de marihuana fueron diseñadas apuntando a negros y mexicanos. La prohibición de cocaína dirigida a los negros. Las leyes de opio estaban dirigidas a los chinos. El propósito de estas leyes era sólo nominalmente proteger al público de autolesiones; la realidad, como lo expresan claramente varios prohibicionistas, era atacar a las clases étnicas indeseables y producir persecuciones racialmente dispares.
Las leyes de salario mínimo tenían una motivación racial similar, y se diseñaron originalmente para evitar que los trabajadores negros libres pudieran superar a los trabajadores blancos en el mercado laboral. Las leyes lograron los objetivos originalmente previstos: el empleo negro disminuyó y los salarios blancos se apoyaron artificialmente. Como señaló Tho Bishop recientemente, las leyes de control de armas se establecieron con el propósito explícito de eliminar la capacidad de los negros para protegerse.
Las tres categorías de leyes, independientemente de los cambios y modificaciones que hayan tenido lugar a lo largo del tiempo, se promovieron abiertamente por motivos raciales, y su propósito fue producir consecuencias racialmente dispares. Históricamente, esto está fuera de discusión. Por supuesto, sería una falacia lógica (específicamente, la “falacia genética”) decir que estas leyes son perjudiciales debido a sus orígenes raciales; y muchos han argumentado con razón que son dañinos independientemente de si tienen o no motivación racial.
Pero lo que vale la pena reconocer es que estas leyes fueron todas exitosas, de acuerdo con sus objetivos previstos. La prohibición de drogas sí resultó en un arresto desproporcionadamente alto de las minorías étnicas, a pesar de que los blancos no fueron completamente excluidos. Las leyes de salario mínimo, al explotar los sentimientos racistas más comunes del siglo XIX y principios del XX, ciertamente produjeron niveles más altos de desempleo negro. El control de armas claramente hizo más difícil para los grupos minoritarios protegerse de la aplicación de la ley y de las turbas violentas en tiempos y regiones donde la violencia de motivación racial por parte de los blancos pasó desapercibida.
Pero eso fue hace mucho tiempo, cuando el racismo fue normalizado y aceptado. Hoy, incluso la izquierda obsesionada con la raza tendrá dificultades para negar que el racismo haya disminuido exponencialmente en las últimas décadas. En la era moderna, sería un suicidio político abogar por la prohibición de las drogas, el aumento de los salarios mínimos o la regulación de armas por motivos raciales. Entonces, ¿importa la historia racista de estas leyes?
Racismo sin racistas
Las leyes que nacieron del racismo hoy se defienden por motivos muy diferentes. Las leyes de salario mínimo son compatibles para ayudar al trabajador negro tanto como el trabajador blanco. El control de armas se justifica como la protección de los niños - todos los niños.
Pero como una vez observó con coraje Milton Friedman, “uno de los grandes errores es juzgar las políticas y programas por sus intenciones más que por sus resultados”. Puede ser cierto que la motivación detrás de estas leyes ya no es racial, pero los resultados de estas leyes todavía demuestran las consecuencias racialmente dispares que pretendían los legisladores originales y racistas. Y mientras ese sea el caso, yo diría que entender la historia racista de las leyes todavía importa.
Lo que hace que el racismo se institucionalice, entonces, es la elaboración exitosa de una ley con el propósito de producir consecuencias racialmente dispares. La izquierda está en lo cierto cuando señalan las disparidades raciales en las prisiones, en gran parte producto de la prohibición de las drogas. Pero se olvidan de un punto importante cuando argumentan que la policía, los abogados o los jueces son racistas. Sin duda, puede encontrar casos de policías que abogan por sentimientos racistas en la conducción de su trabajo, pero este no es ciertamente el caso para todos, o incluso para la mayoría, de los oficiales de policía, y puede contrarrestar fácilmente tales anécdotas con una conmovedora historia de un oficial que realmente ayuda a una persona no blanca que lo necesita. La idea del racismo generalizado entre la policía tampoco explica el papel de los oficiales no blancos que hacen cumplir las leyes contra los ciudadanos de su propia raza.
Los libertarios - y otros preocupados por el abuso de la policía- también tienen razón al señalar que los problemas de la policía militarizada, la prohibición de las drogas, el salario mínimo y el control de armas también se extienden a los blancos. El abuso del gobierno es abuso del gobierno, ya sea racial o no. Sin embargo, si bien es bueno criticar las leyes negativas independientemente de su componente racial, no se debe pasar por alto el hecho de que las leyes de motivación racial continúan produciendo sus consecuencias racialmente dispares previstas.
Por lo tanto, para aplicar una definición significativa al concepto de “racismo institucionalizado”, primero debemos reconocer que las figuras históricas que ponen su racismo en forma legislativa han creado una situación en la que los actores no racistas logran consecuencias racistas. Un oficial de policía no necesita ser racista para perpetuar el resultado esperado de una ley racista.
Johanne Hari, en su libro Tras el Grito, cuenta la historia de un policía blanco que estaba en una relación con un hombre negro, mientras que casi exclusivamente arrestaba a ciudadanos negros por delitos de drogas. Al darse cuenta de que estaba perpetuando las intenciones racistas de la ley históricamente racista, renunció a su trabajo. Sí, podríamos reconocer, su aplicación de las leyes sobre drogas era dañina independientemente del componente racial, pero el componente racial no fue un accidente. Fue una cuestión de diseño original y efectivo tanto en 1913 como en 1971 (un ex miembro del personal de Nixon reconoció recientemente lo que muchos de nosotros ya sospechábamos: la guerra contra las drogas fue deliberadamente diseñada para atacar, entre otros grupos, a los negros).
Si la izquierda fuera consistente, por supuesto, reconocerían que las consecuencias racialmente dispares de la prohibición de las drogas son análogas a las consecuencias de otras leyes motivadas por la raza. Las leyes de salario mínimo afectan predominantemente a los trabajadores adolescentes que ingresan por primera vez a la fuerza de trabajo. Mientras que la tasa de desempleo entre negros y blancos de más de 25 años puede diferir en solo un par de puntos, la tasa de desempleo adolescente entre esas dos clases raciales difiere en casi quince puntos. Los partidarios modernos de las leyes de salario mínimo más elevado prefieren ignorar esta disparidad, pero debe reconocerse como la consecuencia prevista de las leyes originales, independientemente de si los perpetradores modernos son, o no, racistas.
La misma historia podría decirse para el control de armas. En un artículo involuntariamente irónico de David Cole, del New York Times, Cole defiende (entre otras cosas) leyes de armas más estrictas porque “los jóvenes negros mueren por homicidio con armas de fuego a un ritmo ocho veces mayor que el de los hombres blancos jóvenes”. ¿Podría ser que se tolere la laxitud de las leyes de armas de la nación porque sus costos mortales corren por cuenta de las poblaciones segregadas de negros y latinos del norte de Filadelfia y del sur de Chicago?”
Su reconocimiento de la disparidad racial de los homicidios no es incorrecto, pero cita contradictoriamente ejemplos de áreas en las que las leyes de armas de fuego son las más estrictas del país. Pero incluso entre la izquierda, hay reconocimiento ocasional de que la posesión de armas por parte de minorías étnicas es una solución al problema que Cole señala. Julia Craven del Huffington Post escribe: “HuffPost habló con 11 propietarios de armas negras sobre sus motivos para poseer un arma de fuego. Trump no fue un factor. En cambio, hablaron sobre querer protegerse por miedo a que nadie más lo hiciera “.
En resumen, no es necesario negar el concepto de racismo institucionalizado. Es importante reconocer que las leyes mencionadas en este artículo tienen consecuencias negativas independientemente de la raza, pero las disparidades raciales en las consecuencias son un factor del mundo real. Esencialmente, el racismo institucionalizado -política racista que tiene efectos racialmente dispares incluso sin aplicación de motivación racial- es el reconocimiento de que las disparidades raciales modernas en el desempleo adolescente, el encarcelamiento de negros y latinos y las víctimas de homicidios minoritarios no son consecuencia involuntaria de malas leyes, sino, son en gran medida las consecuencias previstas.
