La reciente decisión de la administración Biden de pausar una venta de armas a Israel suscitó las reacciones previsibles de los defensores de ambos bandos de la guerra de Gaza representados en los Estados Unidos, y aunque esa decisión no detuvo otros envíos de armas a Israel, subraya la importancia política de la venta de armas como instrumento de la política exterior de EEUU y de la intervención en conflictos extranjeros. El Departamento de Estado de Joe Biden recomendó la pausa en la venta de armas ante la preocupación de que Israel pudiera haber violado la ley internacional al llevar a cabo la guerra sin la debida atención a las bajas no combatientes. No voy a sopesar aquí las pruebas; en su lugar, considero esta decisión como un recordatorio de las implicaciones jurídicas, políticas y morales de la venta de armas de EEUU a gobiernos extranjeros.
En febrero de 2024, la Casa Blanca emitió el Memorando de Seguridad Nacional 20 a petición de congresistas preocupados por el nivel de violencia en la guerra de Gaza y su relación con las transferencias de armas de EEUU a Israel. El Memorando de Seguridad Nacional 20 exige a la administración que ponga en pausa o detenga la venta de armas a beligerantes que puedan estar cometiendo abusos contra los derechos humanos en violación del derecho internacional. Las enmiendas de la Ley Leahy a la Ley de Ayuda Exterior de EEUU de 1961 prohíben la ayuda de seguridad a ejércitos extranjeros que hayan cometido graves violaciones de los derechos humanos, aunque a menudo la ley ha sido convenientemente ignorada. Los EEUU ha retrasado o cancelado ventas de armas a gobiernos extranjeros con anterioridad debido a abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas militares de esos gobiernos, como en Nigeria en 2021 (sólo para renovar las ventas en 2022) y Camerún en 2019 (sólo para renovarlas en 2021). En ocasiones, los EEUU continúa con las ventas de armas tras las denuncias de abusos sin ni siquiera hacer una pausa, como a Arabia Saudí en su guerra contra los rebeldes houthis en Yemen.
Tanto si detiene la venta de armas como si continúa con ella, existe una base jurídica en el derecho internacional para poner fin a dichas ventas cuando un gobierno comprador de armas tiene como objetivo a no combatientes. La Cuarta Convención de Ginebra, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1949 y ratificada por los Estados Unidos en 1955, prohíbe a los Estados y a los beligerantes no estatales atacar a los no combatientes o no tomar las debidas precauciones para reducir al mínimo las bajas de no combatientes en la conducción de la guerra.
A pesar de su respaldo a la legislación internacional sobre derechos humanos, los EEUU emplea la venta de armas como herramienta de su política exterior, lo que puede convertirle en cómplice de violaciones de los derechos humanos. Las ventas militares al extranjero son aprobadas por el Congreso y los Departamentos de Estado y Defensa, y son un componente clave de la política exterior EEUU. Los EEUU puede utilizar las ventas de armas para desarrollar vínculos políticos con otros países, como hizo durante la Guerra Fría en competencia con la Unión Soviética en el mundo en desarrollo. Los EEUU también utiliza la venta de armas para influir en los resultados o librar guerras indirectas, como hace actualmente en Oriente Medio, África y Ucrania. El hecho de que también haya fuerzas de operaciones especiales de EEUU en al menos algunos de estos lugares profundiza la implicación de los EEUU en guerras extranjeras y amenaza con escalar el papel de EEUU hasta el de combatiente activo en guerras en las que el interés americano es discutible y en las que, como en el caso de la implicación de EEUU en numerosos países de Oriente Próximo y África, no hay un debate real y los votantes americanos están poco concienciados para exigir responsabilidades a los funcionarios.
Pero esos funcionarios rinden cuentas ante empresas con intereses creados en la guerra. Las ventas de armas americanas se realizan en forma de ventas militares al extranjero, que son transacciones entre gobiernos, ventas privadas a ejércitos extranjeros y asistencia de seguridad de EEUU, que son transferencias de armas y equipos de EEUU a ejércitos extranjeros. La venta de armas a potencias extranjeras es un gran negocio, y los fabricantes de armas con sede en EEUU vendieron la cifra récord de 238.000 millones de dólares en 2023. Los comités de acción política afiliados a los fabricantes y exportadores de armas donaron más de 50 millones de dólares a políticos americanos deseosos de que el dinero de la campaña siguiera llegando, incluidos varios cientos de miles de dólares a cada uno de los miembros de los comités clave del Congreso que influyen en la fortuna de los traficantes de armas, y gastaron casi 138 millones de dólares en grupos de presión sólo en 2023. El presidente Biden promocionó recientemente la venta de armas al extranjero como una forma de estimular la demanda en la economía de EEUU. Alimentar la guerra es un gran negocio para la industria armamentística de EEUU y sus políticos.
Los EEUU no puede controlar directamente los usos que se dan a las armas que vende, por lo que las armas que vende a gobiernos extranjeros se utilizan a veces para cometer abusos contra los derechos humanos que violan el derecho internacional. Hay buenas razones para que los americanos se preocupen por esto. Por un lado, los EEUU es cómplice de esos crímenes cuando su gobierno permite la venta de armas a gobiernos extranjeros, y lo hace en nombre del pueblo americano. Por otro, las ventas de armas al extranjero corrompen el sistema político al vincular los beneficios privados con las decisiones de política exterior de EEUU. Por último, estas ventas implican a los EEUU en guerras extranjeras, cualquiera de las cuales podría escalar hasta la implicación directa de EEUU. La Tercera Guerra Mundial en 2024 es una posibilidad real. Lo que el presidente Dwight Eisenhower llamó el complejo militar-industrial es realmente peligroso.
