«Nunca dejes que una crisis se desperdicie», dice el viejo adagio, y el fiasco del coronavirus ha demostrado este principio en acción más veces de las que se pueden contar. Desde las declaraciones de un verdadero arresto domiciliario en toda la sociedad hasta el gasto público enloquecido y la política monetaria, no han faltado actores oportunistas que trabajan para hacer realidad sus sueños de poder y dominio sobre otros que los tiempos «normales» no permitirían. Otro ejemplo de aprovechamiento de las ventajas ha salido a la luz en la forma de la directriz «Marco de asignación ética para tratamientos emergentes de COVID-19» del Departamento de Salud de Pensilvania, un documento que apenas oculta el deseo de sus autores de utilizar el fiasco actual como una oportunidad para participar en sus propios esquemas de ingeniería social igualitaria.
Como recordatorio del tipo de planificadores centrales con los que estamos tratando, este es el mismo Departamento de Salud de Pensilvania que decretó el 12 de mayo que los asilos de ancianos «deben continuar recibiendo nuevas admisiones, si hay camas apropiadas disponibles, y un presunto o confirmado positivo para COVID-19 no es razón para negar la admisión» Meses después, casi el 70 por ciento de las muertes por coronavirus en el estado han ocurrido en asilos de ancianos.
No contento con causar tal desastre, el departamento de salud del estado ha publicado orientaciones sobre la forma en que los centros de atención de la salud deben racionar el suministro limitado del nuevo medicamento Remdesivir en caso de que no haya suficientes dosis para todos, pero señala que las orientaciones deben aplicarse a cualquier forma de tratamiento que sea escasa. Si bien es cierto que se trata de un tema desagradable de tratar, es cierto que ante la escasez será necesario racionar el suministro limitado de Remdesivir o de cualquier otro tratamiento y que se necesitará algún tipo de método de elección. La escasez es simplemente un hecho de la vida que debe ser tratado. Sin embargo, debido a que la distribución de Remdisivir ha sido asumida por el gobierno federal, que lo distribuye a los gobiernos estatales, que a su vez lo distribuyen a los proveedores de servicios de salud, el proceso se ha convertido inevitablemente en político.
Dejando toda la jerga a un lado, la pauta es muy clara en varios puntos. En primer lugar, no se considera aceptable distribuir la atención a través de una lotería al azar, o por orden de llegada. Más bien, los proveedores de atención médica deben tener en cuenta el «beneficio para la comunidad» al racionar la atención y el departamento recomienda el uso de un sistema de lotería ponderado.
Como pueden ver, el ejemplo de lotería que proporciona el departamento de salud utiliza tres criterios diferentes para determinar cómo se ponderan las posibilidades de lotería de un paciente: pertenecer a una comunidad desfavorecida, ser un trabajador esencial y la probabilidad de morir en el próximo año.
Si bien la determinación por parte del estado de quién es y quién no es un trabajador esencial es arbitraria y ha estado llena de problemas, se puede al menos ver la lógica que subyace a tal consideración, así como para aquellos pacientes que no es probable que vivan mucho más tiempo, aunque hay que preguntarse de dónde saca el Estado la autoridad para dictar tales cosas a los hospitales.
Lo que más preocupa es la idea de que a los miembros de las «comunidades desfavorecidas» se les debe dar una mejor oportunidad de recibir tratamiento que a los demás. Según la orientación, dado que «las comunidades de bajos ingresos y ciertas minorías raciales/étnicas» están siendo desproporcionadamente afectadas por el coronavirus, el objetivo final de la salud pública se cumple beneficiando a algunos grupos más que a otros. Según la orientación, «la razón de ser es que un objetivo básico de la salud pública es corregir las desigualdades que hacen que la salud y la seguridad sean menos accesibles para los grupos desfavorecidos».
Se podría haber pensado que el principal objetivo de la salud pública era salvar el mayor número posible de vidas. Pero en cambio, parece que el departamento de salud del estado considera que la sala de emergencias es el lugar perfecto para empezar a «mitigar las desigualdades estructurales que hacen que ciertas comunidades soporten la mayor carga durante la pandemia».
Esta formulación hace que no quede claro qué significa la orientación cuando afirma que el primer objetivo del marco ético es «salvaguardar la salud pública asignando los escasos tratamientos para maximizar el beneficio de la comunidad». ¿El beneficio de la comunidad significa salvar el mayor número posible de vidas? ¿O se trata de una concepción de la igualdad en los estudios de agravios en la que el objetivo es llegar a una tasa de supervivencia más «distribuida equitativamente» en función de la raza y la situación socioeconómica?
Ciertamente se puede argumentar que ciertas poblaciones no tienen muy buen acceso a los recursos de atención de la salud, pero parece indignante pensar que el momento de tratar de remediar esa desigualdad es cuando se hace un triaje de los pacientes.
También es preocupante la forma en que la guía recomienda que se retire a los médicos tratantes del proceso de racionamiento y que se deje en manos de los burócratas de los hospitales, atando efectivamente las manos de los médicos para tratar a sus pacientes. ¿Es este el tipo de asistencia sanitaria estatal que tenemos que esperar en el futuro? ¿Médicos tan indefensos como sus pacientes como burócratas «evalúan» la idoneidad social de un paciente para ser tratado?
En la orientación se recomiendan algunos procedimientos para determinar la pertenencia a una «comunidad desfavorecida». Tras señalar que tanto los miembros de las comunidades de bajos ingresos como los de las minorías raciales se han visto afectados negativamente por el virus y, por lo tanto, merecen una mayor posibilidad de recibir tratamiento, el componente racial deja de ser considerado en las recomendaciones, sin duda porque tal discriminación sería altamente ilegal y daría lugar a un torrente de demandas contra el Estado y cualquier hospital lo suficientemente tonto como para intentarlo. La directriz es explícita en el sentido de que «nadie queda excluido del acceso por motivos de edad, discapacidad, religión, raza, etnia, origen nacional, condición de inmigrante, género, orientación sexual o identidad de género y para garantizar que no se niegue el acceso a nadie por estereotipos, calidad de vida percibida o juicios sobre el valor de una persona». Sin embargo, no se puede dejar de pensar que si la discriminación racial no fuera ilegal la lógica de esta directriz dictaría que se emprendiera en nombre de la «igualdad».
Lo que falta en esa lista es la prohibición de la discriminación basada en la situación socioeconómica, que es el método que la orientación sugiere que se utilice a los efectos de sopesar la lotería. En concreto, recomienda el uso del Índice de Privación de Área, que se basa en datos de la Encuesta de la Comunidad Americana de 2015. Los hospitales utilizarían el Atlas de Vecindarios del índice para introducir la dirección de un paciente y determinar si es un miembro desfavorecido de la comunidad.
Uno no puede evitar sentir que tal sistema es arbitrario hasta el extremo. Cuando introduje mi dirección en el Atlas del Vecindario descubrí que nadie en mi vecindario recibiría ninguna ventaja ponderada si se necesitara Remdisivir. Sin embargo, cuando busqué en Google la distancia entre mi casa y el sector más cercano considerado como desfavorecido, descubrí que estaba a sólo dos minutos en coche. ¿Puede algo basado en algo tan arbitrario como los datos de bloques censales agregados de hace cinco años ser considerado como una herramienta útil para el racionamiento justo del tratamiento?
Todo este esquema es sólo una muestra de las formas en que la atención médica se infectaría con la política si fuera dirigida por el gobierno. En un sistema de medicina socializada, ¿veríamos introducir esquemas similares de racionamiento redistributivo? Sin duda, muchas personas de todas las tendencias políticas lo verían como un campo fértil para los intentos de ingeniería social. Del mismo modo, no es difícil ver a los políticos maquinando para asegurar que los electores y los bloques de votantes favorecidos tengan acceso a la atención a expensas de los partidarios de su oponente, o que clases enteras de personas sean desfavorecidas a propósito y conscientemente en base a quien tenga las llaves del poder en ese momento.
En medio de una pandemia no es el momento de la ingeniería social, pero tampoco es el momento de que el estado se involucre en el cuidado de la salud para empezar. Esa participación ha llevado a la muerte de miles de pacientes de hogares de ancianos y ahora ha llevado a un descarado esquema redistribucionista de racionamiento de fármacos. Una mayor implicación sólo va a empeorar las cosas y continuará envenenando un aspecto crucial de nuestras vidas con la política aún más de lo que ya está.
