En enero de 1819, el fiscal del distrito de Nueva York presentó su caso contra un hombre que permitió que sus cerdos recorrieran las calles de la ciudad, creando una molestia. Aunque el abogado no llamó a testigos, entregó al jurado historias de horror sobre los problemas asociados con dejar que los cerdos vagabundeen por las calles de Nueva York. Esta práctica, que se observaba comúnmente en las localidades más pobres, creaba molestias cuando, por ejemplo, los muchachos se metían en problemas por montar a los cerdos. A veces, los cerdos defecaban en las personas. Las mujeres pueden encontrarse con la imagen inquietante de dos cerdos copulando en un espacio público.
El alcalde, luego nombrado por el consejo de la ciudad, se desempeñó como juez del caso y su posición fue clara. La costumbre de permitir que los cerdos vaguen por las calles de la ciudad de Nueva York debía terminar. A los ciudadanos más adinerados les importaban poco las calles llenas de cerdos.
Pero hubo contraargumentos. Los pobres dependían de los cerdos para proporcionar calorías extra durante el invierno y permitirles moverse libremente en las calles de la ciudad tenía dos propósitos. Por un lado, les permitió a los cerdos alimentarse y engordarse de los desperdicios que recogían. Por otro lado, al permitir que los cerdos se alimentaran de los excrementos y la basura en las calles, sirvieron como un medio para mantener limpias las calles frente a un gobierno local que no proporcionó servicios de saneamiento a las áreas más pobres. Por muy imperfecta que haya sido esta forma de saneamiento, era una función que las personas valoraban.
Lo más importante, sin embargo, es que la práctica de dejar que los cerdos vagan sueltos en las calles de la ciudad era una costumbre en ciertas áreas. Fue visto como el derecho tradicional de las personas en estos barrios.
Sin embargo, el alcalde de la ciudad de Nueva York en 1819 opinaba lo contrario. Claro, puede ser la práctica habitual de ciertos barrios defendidos por los tribunales locales pero su jurisdicción era la ciudad entera y los ciudadanos, en su opinión, tenían el mismo derecho a todas las calles de cada localidad de Nueva York. No estaba dentro de la autoridad legítima de la gente de un barrio decidir lo que consideraban una molestia. “Una molestia en Corlaer’s Hook no puede, necesariamente, ser una molestia para la gente de Battery”, dice la opinión del alcalde sobre el caso, “pero debe ser tal que la gente en general se ofendería si llegara a venir al lugar.”1 Todos los ciudadanos tenían derecho a un dominio igualitario de cada localidad dentro de la ciudad de Nueva York, independientemente de si vivían o no en el vecindario en cuestión.
Esto, sin embargo, no era la práctica común en ese momento. La gran mayoría de los asuntos legales de esta naturaleza fueron extremadamente localizados luego de la Revolución Americana. La práctica de permitir que los cerdos vaguen libremente por las calles se mantuvo en los barrios respectivos que observaron la práctica y se proscribió en otros. Esto pareció funcionar bien para mantener la “paz del pueblo” pero fue un anatema para las élites políticas que deseaban que la ley se convirtiera en un cuerpo esotérico de leyes uniformes que se aplicaban ciegamente a todos los ciudadanos, independientemente de su contexto o costumbre. Y para esto, la ciudad necesitaba una regulación legal que dictara la práctica de todas las distintas localidades dentro de la ciudad. Y eso es exactamente lo que pasó la ciudad.
La centralización del sistema legal estadounidense.
El gran movimiento centralizador en el sistema legal estadounidense generalmente se ve como resultado de la Guerra Civil, durante la cual, el gobierno de Lincoln concentró una cantidad de poder sin precedentes en manos del gobierno nacional. Este análisis es correcto, pero eclipsa los movimientos centralizadores que lo precedieron: es decir, el movimiento para centralizar el sistema legal desde el nivel local, barrial hasta la ciudad y el estado.
Anacrónicamente, la concepción moderna de los “derechos de los estados” se ve como una reducción descentralizadora de la autoridad nacional. En el clima político actual - y este ha sido el caso ahora por más de un siglo - esta noción de los derechos del estado es precisa. El llamado a “derechos de los estados” implica el aumento relativo en la autoridad legal de un estado en relación con el gobierno nacional, a través de la reducción de poder en Washington, D.C.
Pero en los primeros años de la nueva república, la búsqueda de los derechos de un estado era bastante diferente. El aumento en la autoridad de un estado no se produjo a través de la reducción del gobierno federal casi inexistente, sino a través de grandes aumentos en la autoridad legal del gobierno estatal sobre las ciudades y localidades más pequeñas.
En el caso de la controversia porcina en la ciudad de Nueva York, la regulación de toda la ciudad que prohíbe a los cerdos de las calles nunca fue bien observada en los vecindarios que tenían una larga tradición de cerdos que holgazaneaban libremente. Treinta años después de que la ciudad prohibiera los cerdos, un viajero noruego visitó Nueva York y escribió con cariño “la mascota favorita de los estadounidenses, el cerdo” que vio en todas partes, “vagando pacíficamente en enormes manadas”.2 Los intentos de la ciudad para regular y prohibir esta práctica fueron difíciles de aplicar y produjeron consecuencias imprevistas (como el surgimiento de “pignapers” que entregaron cerdos robados para cobrar las multas pagadas por los propietarios para recuperarlos).
Pero la ciudad solo estaba autorizada a usar multas para hacer cumplir las ordenanzas; para establecer cualquier oficina pública encargada de eliminar cerdos, deberían apelar a la autoridad del estado. Por lo tanto, solo unos pocos años después de la aprobación de la ordenanza original, se redactó una nueva ley y se envió a Albany para promulgar una ley estatal que regulara los cerdos. El objetivo era la uniformidad en la ley, ahora moviéndose incluso más allá de la ciudad. En nombre de la uniformidad, la autoridad legal estaba siendo centralizada.
La ley del cerdo es poco más que un entretenido ejemplo del proceso mediante el cual los primeros estados americanos centralizaron su sistema legal de modo que, a mediados de siglo, el poder político y legal se había concentrado significativamente en las manos de las legislaturas y judicaturas estatales.
La motivación para centralizar la autoridad legal era completamente política. Para las elites políticas que generalmente habían recibido una educación legal formal, hacer que la ley fuera uniformemente aplicable a todos los ciudadanos de un estado era una manera de hacer que los asuntos legales fueran arcanos. Esto era bueno para los negocios de un abogado capacitado pero era problemático para el ciudadano medio, que dependía cada vez más de costosos conocimientos jurídicos para manejar lo que deberían haber sido asuntos menores.
La justificación para la búsqueda de la uniformidad era la coherencia legal y para la mente moderna, esto parece una meta totalmente razonable y digna de perseguir. Después de todo, el concepto del “Estado de Derecho” es considerado casi sagrado por personas de ambos lados del espectro político. Pero a principios del siglo XIX, la coherencia se valoraba menos que la flexibilidad en el sistema legal. Cuando los tribunales eran locales, las personas de una comunidad dada tenían un interés personal en que la justicia se llevara a cabo de acuerdo con las particularidades de cada caso individual, ya que las personas involucradas eran figuras conocidas, en lugar de abstracciones sin rostro en forma de teoría legal.
Y para aquellos que no tuvieron la suerte de encontrarse a sí mismos en la cima de la jerarquía legal -la gente sin educación, los pobres, las mujeres, los niños y los negros- esta flexibilidad mantuvo incluso las nociones modernas de justicia -si bien imperfectamente- más eficazmente que la centralización y tribunales legalmente consistentes que siguieron. Por poner un ejemplo, cuando John Belton O’Neall fue enjuiciado por golpear a su esposa en Carolina del Sur en los primeros años del siglo XIX, su abogado argumentó -correctamente, de acuerdo con las costumbres legales en ese momento- que un esposo tenía el derecho a disciplinar a su esposa.
El juez no estuvo de acuerdo, un fallo que dejó perplejo a O’Neall durante décadas, incluso cuando reflexionó sobre la decisión en la década de 1850, después de hacer una carrera como una de las principales figuras en la presión de Carolina del Sur por la coherencia estatal en la ley. Para O’Neall, los argumentos legales que hizo en defensa de su abuso conyugal eran completamente correctos de acuerdo con la ley consuetudinaria, pero el derecho consuetudinario localizado era inconsistente. Le dejaba demasiado inseguro de cómo un juez determinado podría fallar sobre su autoridad para golpear a su esposa, así como podría producir algunos vecindarios en Nueva York que permiten a los cerdos vagar libremente mientras que otros no. La ley consuetudinaria era flexible, pero no era consistente.
La flexibilidad de estos sistemas legales localizados no garantizaba que se hiciera justicia. Con la misma facilidad, el juez podría haber defendido el derecho de O’Neall a ser abusivo, o el derecho de un esclavo a matar a un esclavo por alguna infracción, por mencionar otro asunto de incoherencia en los tribunales locales. Pero para aquellos que no formaban parte de la elite política, la flexibilidad de los tribunales locales defendía la justicia mejor que la consistencia de la legislación estatal. Como señala Laura F. Edwards, dada la ambigüedad legal de un término como “crueldad”, un jurado local, al “evaluar las pruebas en contexto, donde era imposible separar a las personas involucradas de las abstracciones legales, el local los tribunales vieron la crueldad con más frecuencia que la legislatura [del estado].”3
Pero el movimiento para centralizar las cortes ganó, y los estatutos uniformes del estado que gradualmente eliminaron nociones como “contexto” y “circunstancia” se convirtieron en la norma para 1840. El localismo estaba muriendo. Se erigieron nuevos juzgados grandiosos y muchos ciudadanos ya no podían permitirse presentar agravios ante un tribunal que ahora requería un viaje que lleva mucho tiempo a la ciudad y los costosos servicios legales de un abogado capacitado. Pero con la autoridad legal ahora concentrada en la legislatura y la judicatura estatal, la elite política se benefició tremendamente de la nueva consistencia de la ley que (al menos en teoría) se aplicaba por igual a todos los ciudadanos. Cuando el gobierno federal centralizó la autoridad en la década de 1860, solo estaba llevando a cabo la tradición establecida por los gobiernos estatales en la primera mitad del siglo.
- 1People v. Harriet, New York Judicial Repository 271 (1819).
- 2Oscar Handlin, ed., This Was America: True Accounts of People and Places, Manners and Customs, as Recorded by European Travelers to the Western Shore in the Eighteenth, Nineteenth, and Twentieth Centuries (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1949), 217.
- 3Laura F. Edwards, The People and Their Peace: Legal Culture and the Transformation of Inequality in the Post-Revolutionary South (Chapel Hill, N.C.: The University of North Carolina Press, 2009).
