El presidente electo Donald Trump basó gran parte de su campaña en promesas de tomar medidas enérgicas contra la inmigración y llevar a cabo deportaciones masivas.
Desde el punto de vista político, este fue probablemente un tema ganador para Trump después de que las redes sociales expusieran a millones de americanos a innumerables informes y vídeos de extranjeros que recibían dinero gratis, vivienda gratis, subsidios de comida y, en general, un trato especial a expensas de los contribuyentes. Mientras tanto, los verdaderos contribuyentes americanos soportaban subidas de precios impulsadas por la inflación y un empeoramiento de la economía mientras eran arengados por las engreídas clases altas sobre la necesidad de ser «acogedores». Muchos votantes optaron por apoyar al candidato que no estaba a favor de importar una nueva subclase subvencionada por los contribuyentes.
Por ello, es probable que Trump dé prioridad al cumplimiento de al menos parte de su prometida mano dura contra la inmigración.
Sin embargo, no hace falta ser un defensor de las fronteras abiertas para preocuparse cuando se oye hablar de una agencia federal de aplicación de la ley que emprende una «represión». Los funcionarios federales no tienen precisamente un historial estelar cuando se trata de respetar los derechos de propiedad de los americanos pacíficos y respetuosos de la ley, incluso cuando el supuesto objetivo son los extranjeros. Las innumerables violaciones de los derechos de los americanos en virtud de la Ley Patriota y la «guerra contra el terrorismo» son ejemplos de ello.
Por otra parte, muchos aspectos de la propuesta de Trump son, podríamos decir, «obvios» y no tienen ningún inconveniente aparente. Por ejemplo, cortar todo tipo de financiación a los inmigrantes y deportar a todos los extranjeros con antecedentes penales conocidos.
No obstante, algunos aspectos de la política de inmigración de Trump tienen el potencial de alimentar una mayor expansión de un estado policial federal. Estos incluyen cualquier plan de deportación que implique una «red de arrastre» y ponga a residentes pacíficos bajo sospecha sin más delito que «parecer» un inmigrante.
Las soluciones obvias
La inmigración ha estado subvencionada durante mucho tiempo en los Estados Unidos, en el sentido de que existen pocas barreras para que los nuevos inmigrantes se beneficien de un conjunto de programas de prestaciones sociales. Los inmigrantes que obtienen el estatuto de refugiado o asilado pueden acceder casi inmediatamente a los programas de asistencia social. Incluso los inmigrantes legales corrientes sólo necesitan esperar cinco años para empezar a vivir de las prestaciones financiadas por los contribuyentes.
Estos planes de subvención no han hecho sino aumentar en los últimos años. Ahora es bien sabido que muchas ciudades y estados americanos —por no hablar del gobierno federal— ofrecen dinero en efectivo, vivienda, alimentos y mucho más «gratis».
Esto ha contribuido en gran medida a atraer a la avalancha de inmigrantes que ha llegado a los EEUU en los últimos años. A principios de este año, por ejemplo, The New York Post informó de que el alcalde de Nueva York está regalando tarjetas de prepago —cada una con «hasta 10.000 dólares»— a los extranjeros que se encuentran en Nueva York. La mayoría de estos inmigrantes han llegado a Nueva York sin invitación, sin perspectivas de empleo y sin plan de vivienda. Pero la mayoría piensa quedarse. ¿Y por qué no habrían de hacerlo? A su llegada, miles de ellos pasaron inmediatamente al paro público de una forma u otra, recurriendo a albergues financiados por los contribuyentes, programas de vivienda y diversas fuentes de alimentos «gratuitos». El gobierno federal también proporciona transporte gratuito a varias comunidades americanas para muchos migrantes, incluyendo 400.000 viajes gratuitos sólo en 2023.
Revertir esto debería ser visto como «fruta madura» por la administración Trump. Obviamente, todo acceso a dólares federales debe ser cortado inmediatamente. Esto es válido tanto para los inmigrantes legales como para los ilegales. La inmigración debe ser un proceso de mercado totalmente privado, no una actividad subvencionada por los contribuyentes.
Cualquier gobierno estatal o local que intente atraer a más inmigrantes con programas de prestaciones sociales debería perder todo acceso a subvenciones federales. Las escuelas públicas que atiendan a inmigrantes ilegales deberían dejar de recibir fondos federales. Cualquier ONG que intente canalizar el dinero de los contribuyentes hacia los inmigrantes debería ser excluida de cualquier subvención federal. Estas ONG siguen siendo libres de ofrecer servicios a quien quieran, pero no con el dinero de los contribuyentes.
Muchos de estos programas de ayuda social a inmigrantes se facilitan hoy en día mediante aplicaciones para teléfonos inteligentes. Por ejemplo, la aplicación CBP One, diseñada para agilizar las solicitudes de asilo de los inmigrantes. Esto, por supuesto, es un intento de eludir el proceso normal de inmigración y conseguir que los inmigrantes reciban prestaciones sociales aún más rápido. Obviamente, todas estas aplicaciones deberían desactivarse de inmediato.
Nótese que nada de esto requiere contacto alguno de las fuerzas de seguridad con los inmigrantes. Estas soluciones simplemente cortan el acceso de los inmigrantes a los dólares duramente ganados por los contribuyentes. Las aplicaciones telefónicas dejarán de funcionar. El dinero gratis ya no se materializará para proporcionar comida y alojamiento gratis a los migrantes. Los inmigrantes que tengan trabajo y contribuyan a la comunidad podrán seguir haciéndolo. Los que dependían de robar a los contribuyentes se autodeportarán cuando desaparezca el viaje gratis.
La opción de la inmigración —incluida la legal— a los Estados Unidos debe privatizarse por completo para que sólo sea una opción para quienes tengan capacidad para mantenerse económicamente.
Nótese que nada de esto viola los derechos de propiedad de nadie. No se limita el derecho de nadie a viajar cortando el dinero gratis a los emigrantes. No se está impidiendo a nadie contratar con otra parte privada para el empleo o la vivienda. Simplemente se está obligando a la gente a hacer todo esto con su propiedad privada.
Otras soluciones laissez-faire: no hay vía rápida a la ciudadanía
Otra clave de la ecuación es limitar el acceso a la ciudadanía. La ciudadanía no es un derecho de propiedad de ningún tipo, y no existe el derecho natural a la ciudadanía en ningún lugar concreto. Excluyendo al minúsculo número de inmigrantes que son auténticos apátridas, todos los extranjeros que llegan a los Estados Unidos ya disfrutan de los beneficios de la ciudadanía en algún lugar.
Además, obtener la nacionalidad en los Estados Unidos conlleva una serie de ventajas económicas. Proporciona acceso permanente al Estado benefactor. La concesión de la ciudadanía también proporciona a los extranjeros —pocos de los cuales renuncian a la ciudadanía en sus países de origen— un mayor acceso a las instituciones gubernamentales americanas.
Los beneficios de la ciudadanía deberían estar muy limitados para los nuevos inmigrantes, con un periodo de espera de al menos una década, o quizá incluso veinte años. Una vez más, esto no limita la capacidad de un inmigrante para ejercer plenamente sus derechos de propiedad.
También debería abolirse la ciudadanía por derecho de nacimiento, un «derecho» inventado por un juez federal.
El problema de las deportaciones masivas
En última instancia, cuando consideramos opciones para limitar la inmigración, respetando al mismo tiempo los derechos de propiedad, la autodeportación debe ser el centro de atención. La alternativa es facultar al gobierno federal para que localice y reúna a innumerables residentes en EEUU, les exija «papeles, por favor» y luego deporte a quienes no dispongan de los formularios gubernamentales adecuados.
Muchos partidarios de los planes de deportación masiva parecen pensar que los agentes federales pueden, mediante algún poder mágico, identificar a los inmigrantes ilegales nada más verlos. La realidad es que el estatus de inmigrante debe determinarse mediante una investigación sobre si un residente tiene o no la documentación adecuada.
Ahora bien, es cierto que muchos inmigrantes ilegales se ofrecen esencialmente voluntarios para la deportación. Entre ellos hay delincuentes condenados por delitos reales. Evidentemente, no se necesita ningún tipo de red de arrastre para deportar simplemente a los convictos que ya han atraído la atención de las autoridades. Del mismo modo, en un sistema que niega las prestaciones financiadas por los contribuyentes a los extranjeros, los inmigrantes que intenten cobrar prestaciones sociales serían culpables de fraude y, por tanto, se ofrecerían voluntarios para la deportación. Lo mismo ocurriría con cualquier no ciudadano que intentara votar.
Pero, ¿qué ocurre con los inmigrantes que siguen siendo pacíficos, autosuficientes y se mantienen al margen? La forma en que los agentes federales han identificado generalmente a estas personas es hostigando a los residentes mediante controles internos y acoso a las personas que «parecen» inmigrantes.
Por ejemplo, una de las grandes extralimitaciones del poder federal —una que es descaradamente inconstitucional— es la zona fronteriza de 100 millas. En 1946, el Congreso aprobó la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1946. La ley otorgaba a los agentes de inmigración la autoridad para «interrogar a cualquier extranjero o persona que se crea que es extranjero sobre su derecho a estar o permanecer en los Estados Unidos». Esta facultad se limitaba a una «distancia razonable» de la frontera de EEUU. Originalmente, esta «distancia razonable» era de 25 millas. Pero el Departamento de Justicia la amplió unilateralmente a 160 km sin modificar la ley. Dado que «la frontera» incluye tanto fronteras terrestres como marítimas, dos tercios de los americanos viven dentro de esta zona fronteriza. Hay estados enteros incluidos en la zona, como Florida, Michigan y Maine.
Muchos americanos pacíficos se ven atrapados en esta pesadilla burocrática. Gracias a la zona de las cien millas, los ciudadanos americanos que no llevan el pasaporte encima en todo momento pueden ser acosados y detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza, incluso bien adentro de la frontera de los EEUU. Como describe el New York Post, «los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detienen a ciudadanos de EEUU por error y los retienen en centros de detención durante meses, —a veces incluso años.»
No hay nada chocante aquí. Así funcionan las agencias gubernamentales.
Sin embargo, muchos partidarios de Trump aplauden la idea de que se suelte a un ejército de agentes del gobierno en las ciudades y pueblos americanos, como si esto no fuera a afectar en modo alguno a los ciudadanos normales y respetuosos de la ley. Esta es la misma actitud que nos dio la Ley Patriota, los programas de espionaje de la NSA y todo lo demás justificado por el despótico lema de «si no tienes nada que ocultar, no tienes nada de qué preocuparte.»
De hecho, hay innumerables formas en que el gobierno federal puede acosar a los ciudadanos de a pie y violar sus derechos de propiedad. Consideremos, por ejemplo, cómo los defensores de la antiinmigración promueven el despotismo con programas como «eVerify.» Los activistas quieren que los burócratas federales determinen si tienes derecho a trabajar. Y luego están las peticiones de nuevas leyes diseñadas para perseguir a los ciudadanos privados culpables del «delito» de utilizar su propiedad privada para alquilar apartamentos a inmigrantes o pagar a inmigrantes por servicios prestados.
Una cosa es construir un muro, deportar a delincuentes convictos o poner fin a las subvenciones a los inmigrantes financiadas por los contribuyentes. Otra muy distinta es que los agentes federales empiecen a pedirnos la documentación y a decirnos lo que podemos hacer con nuestra propiedad.
Un vídeo relacionado:
Algunas partes del plan de Trump son obvias, como poner fin a todos los fondos federales para inmigrantes. Otras cosas levantan banderas rojas, como la perspectiva de investigaciones masivas de personas no violentas para determinar si tienen todo el papeleo correcto del gobierno. Creo que la clave aquí es hacer... pic.twitter.com/5aLGrqeA4S
— Ryan McMaken (@ryanmcmaken) November 19, 2024
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