Hace unos seis meses, escribí un artículo aquí explicando que las prelaciones estaduales sobre el gobierno local son algo malo —incluso cuando Ron DeSantis lo hace. Mantengo con vehemencia estos principios. Sin embargo, ahora es el momento de que Ron DeSantis tome ese principio de control descentralizado y corra con él, en contra de la administración Biden. Así como es aceptable ver a los gobiernos locales aprobar leyes en desafío a su estado, ahora es el momento de que los estados aprueben leyes en desafío al gobierno federal. Esto se debe a que el 9 de septiembre de 2021, el presidente Joe Biden anunció que todos los empleadores con más de 100 empleados estarán obligados a exigir vacunas o pruebas de covid semanales negativas.
Nunca en mi vida ha ocurrido algo tan atrozmente opuesto a los conceptos misesianos de liberalismo y libertad. De hecho, esto está directamente en línea con la ideología quizás más opuesta al liberalismo: el fascismo. El propio Benito Mussolini dijo que «el fascismo debería llamarse más apropiadamente corporativismo porque es una fusión del poder estatal y corporativo». En el discurso político actual, la gente abusa de la palabra fascismo y a veces incluso cita esta definición de corporativismo alejándola un poco de la verdad. Sin embargo, el hecho de que el Estado exija a las empresas la vacuna de una de las tres grandes corporaciones apuntaladas por el Estado es, sin duda, la fusión del poder estatal y corporativo con la que soñaba Mussolini.
En mi pieza mencionada anteriormente criticando la intervención de DeSantis remitiendo multas aprobadas por los gobiernos locales con respecto a las regulaciones locales de covid, tuve dos problemas principales con la orden. En primer lugar, era una preferencia por el localismo, citando al presidente del Instituto Mises, Jeff Deist, afirmando que «Insistir en acuerdos políticos universales es un enorme error táctico para los libertarios». Esta preocupación es aún más cierta en lo que se refiere al más reciente anuncio de Biden, ya que se trata simplemente de otro acuerdo político universal, que ahora se expande a nivel nacional. Mi otra preocupación era que un acuerdo político universal tan amplio como éste —incluso en el mejor de los casos, cuando la decisión es hipotéticamente buena para todos sin ningún coste— sienta el precedente de que el Estado central tiene ahora autoridad sobre esa cuestión.
Ahora mismo, tómate un momento para pensar en el asunto que es, con diferencia, más importante para ti. Todos tenemos uno. Luego piensa en el político que lo amenaza más que nada. ¿Quieres que ese individuo tenga este precedente en el que basarse cuando llegue al poder algún día?
Por suerte, la solución a esto fue descrita por el gran Tom Woods:
La anulación es la idea jeffersoniana de que los estados de la Unión Americana deben juzgar la constitucionalidad de los actos de su agente, el gobierno federal, ya que no existe ningún árbitro imparcial entre ellos.
Muchas empresas de todo el país actuarán por incumplimiento civil, pero eso no es suficiente. Si se quiere ver el fin de esto, los estados de todo el país tendrán que rechazar esto sin duda. No estoy aquí para hacer ninguna crítica a la vacuna. Sigo manteniendo mi artículo inicial de que estas prohibiciones a los comercios familiares que quieren no correr el riesgo de interactuar con personas no vacunadas son una peligrosa amenaza para la libertad. Sin embargo, diría que cualquier acto de anulación en este momento tiene poco o nada que ver con la vacuna o la pandemia. Ahora nos enfrentamos a una simple pregunta: ¿aceptaremos o rechazaremos un precedente para la fusión del poder estatal y corporativo? Si elegimos rechazarlo, entonces los gobernadores del estado libre de Florida así como de Nueva York, los gobernadores de Texas así como de California, todos estos gobernadores por igual deben mantenerse firmes contra esta tragedia.
