El Presidente Trump anunció una orden ejecutiva el 8 de agosto que extendería los beneficios de desempleo a una tasa reducida y requeriría que los estados asumieran parte del costo. Esto generó un rechazo casi inmediato por parte de los gobernadores, que en su lugar exigieron más fondos federales sin condiciones.
La orden ejecutiva firmada por el presidente fue una de las cuatro destinadas a evitar el bloqueo del Congreso que ha impedido que se apruebe otro proyecto de ley para el alivio del coronavirus. La extensión del presidente reduce el monto de los beneficios de desempleo ofrecidos a los estadounidenses de 600 dólares a 400 dólares por semana, pero también requiere que los estados asuman el 25 por ciento (o 100 dólares) de este costo semanal.
Este requisito se cumplió con la desaprobación de múltiples gobernantes de todos los partidos. El gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, y el republicano de Arkansas, Asa Hutchinson, emitieron una declaración a través de la Asociación Nacional de Gobernadores (NGA, por sus siglas en inglés) en la que expresaban su preocupación por «las importantes cargas administrativas y los costes que esta última acción supondría para los estados». El gobernador de California, Gavin Newsom, y el de Colorado, Jared Polis, también expresaron su preocupación por la capacidad de sus estados para cubrir el costo.
La orden ejecutiva del presidente llegó pocos días después de una solicitud de la NGA de 500.000 millones de dólares en fondos federales adicionales no restringidos para los estados. Los fondos existentes se han restringido en gran medida a los gastos relacionados con el coronavirus, y algunos estados sólo han distribuido pequeñas porciones de sus acciones.
La ayuda federal que ya se ha extendido a los estados incluye más de 150 mil millones de dólares de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés) junto con el programa de préstamos de 500 mil millones de dólares de la Reserva Federal para apoyar tanto a los gobiernos estatales como a los locales. El paquete de beneficios de desempleo de 600 dólares semanales recientemente expirado de la Ley CARES también compensa los costos significativos para los estados. Estas medidas han ayudado a que los estados puedan aplicar medidas de bloqueo ante la disminución de la actividad económica y la reducción de las proyecciones de ingresos fiscales. De esta manera, han podido sortear algunas de sus limitaciones presupuestarias sin tener que hacer los tipos de recortes de gastos o reasignaciones que de otra manera serían necesarios ante una emergencia.
En ausencia de medidas federales de alivio, los estados deben hacer frente a restricciones presupuestarias porque no tienen la vasta base impositiva ni la misma capacidad de emitir reclamos de deuda que el gobierno federal, que últimamente ha demostrado su capacidad de gasto casi ilimitada. Por supuesto, otro factor importante que contribuye a estas circunstancias es que, a diferencia del gobierno federal, los estados no tienen sus propias monedas o bancos centrales para monetizar sus gastos. Sin embargo, el alivio del Congreso y de la Reserva Federal ha permitido a los estados utilizar estos mecanismos de gasto y dispersar sus costos en forma de una deuda nacional y una oferta monetaria en rápido aumento.
Mientras el decreto ejecutivo del presidente continúe con los beneficios de desempleo, lo hará a un costo menor que la política anterior. Exigir a los estados que paguen parte de la cuenta es también un pequeño paso hacia la responsabilidad fiscal en un ambiente político donde el único conflicto en el Congreso ha sido cuánto pueden añadir al déficit.
