En una reciente declaración, la ministra francesa de Energía, Olga Givernet, expresó su frustración: «Estoy dispuesta a tomar medidas enérgicas de obligado cumplimiento», lo que indica la intención del Gobierno de imponer normas más estrictas a las empresas que no adopten flotas de vehículos más ecológicas con la suficiente rapidez. Este impulso a la adopción de vehículos eléctricos forma parte de un programa más amplio para reducir las emisiones de carbono y promover la sostenibilidad en Francia y Europa. El ministro de Energía francés está dispuesto a imponer a las empresas la obligación de adquirir un mayor porcentaje de vehículos de bajas emisiones (como coches eléctricos e híbridos) al renovar sus flotas, ya que los actuales esfuerzos voluntarios no están cumpliendo los objetivos medioambientales del Gobierno. El objetivo original era empujar a las empresas a una transición más rápida hacia flotas más ecológicas, aumentando con el tiempo la disponibilidad de vehículos eléctricos en el mercado de segunda mano.
Regulación gubernamental: un enfoque de mano dura
Como dijo sucintamente Murray Rothbard, «Todo estatuto o norma administrativa es, por tanto, ilegítimo y en sí mismo invasivo y una interferencia criminal en los derechos de propiedad de los no criminales». Esta observación es muy pertinente en el caso de la intervención del gobierno francés en el mercado de vehículos de empresa. Al coaccionar a las empresas para que adopten vehículos eléctricos, el gobierno está violando de hecho los derechos de propiedad de las empresas. La decisión de qué vehículos comprar debería corresponder a las empresas, basándose en sus cálculos económicos, y no a los burócratas que pretenden alcanzar objetivos medioambientales políticamente motivados.
Este tipo de coacción ignora el principio fundamental de la libertad de mercado. Las empresas funcionan mejor cuando pueden tomar decisiones basadas en su análisis coste-beneficio sin verse obligadas a cumplir mandatos arbitrarios. El argumento de Rothbard subraya que la coerción estatal beneficia a una parte a expensas de otras, creando ineficiencia y caos en el mercado. Al obligar a las empresas a cumplir con los mandatos de los vehículos eléctricos, el gobierno interrumpe el flujo natural de la toma de decisiones económicas, lo que lleva a consecuencias negativas imprevistas. Sin duda, la ministra francesa de Energía, Olga Givernet, ignora que nunca ha trabajado directamente en el sector energético, ni en los mercados de vehículos, y probablemente nunca ha estudiado economía.
La mala asignación de recursos
Uno de los principales problemas de las intervenciones gubernamentales, como señaló Rothbard en Hombre, economía y el Estado, es que «la coerción sólo conduce a más problemas: es ineficaz y caótica, paraliza la producción y provoca dificultades acumulativas e imprevistas». Esto es particularmente cierto con el impulso del gobierno francés a los vehículos eléctricos. Aunque la intención es reducir las emisiones de carbono, la realidad es que tales mandatos centralizados dan lugar a una mala asignación de recursos. Al imponer normativas de arriba abajo, el gobierno interrumpe el proceso natural de toma de decisiones de las empresas, obligándolas a invertir prematuramente en vehículos eléctricos en lugar de centrarse en otras innovaciones potencialmente más productivas o sostenibles.
Por ejemplo, las empresas son reacias a pasarse a los vehículos eléctricos debido a su preocupación por la autonomía de los vehículos y las repercusiones financieras a largo plazo. Obligar a las empresas a comprar vehículos eléctricos antes de tiempo, sin permitir que el mercado innove y mejore la tecnología de forma natural, conduce a una asignación ineficiente del capital. Los recursos que podrían haberse invertido mejor en otras áreas de negocio productivas se desvían para cumplir los mandatos normativos. Esta mala asignación obstaculiza el crecimiento económico y la innovación, ya que las empresas deben cumplir la normativa gubernamental en lugar de responder a las señales del mercado.
Consecuencias imprevistas de la fiscalidad y la regulación
Obsérvese que sólo el 11% de los nuevos vehículos de empresa en Francia son eléctricos, frente al 35% en Bélgica y Dinamarca, donde se han aplicado incentivos fiscales más importantes. Aunque el Gobierno francés puede verse tentado a seguir el mismo camino aumentando los impuestos o las sanciones a las empresas que no cumplan la normativa, tales medidas no harían sino agravar el problema.
La fiscalidad y la regulación, en este caso, actúan como formas de coerción. El gobierno corre el riesgo de reducir la productividad general al aumentar la carga financiera sobre las empresas que no cumplen las cuotas de VE. Las empresas pueden reducir otras inversiones, como la contratación o la ampliación de sus operaciones, para cumplir la costosa normativa medioambiental. Este efecto dominó afecta a la economía, reduciendo el crecimiento y aumentando el desempleo.
Además, como señaló Rothbard, «la propia regulación gubernamental es la causa del problema». En primer lugar, el hecho de que el gobierno imponga mandatos a las empresas crea distorsiones en el mercado. Si se dejara a las empresas operar libremente, adoptarían los vehículos eléctricos (o no) cuando tuviera sentido económico para ellas, no por coacción gubernamental.
La carga de las pequeñas y medianas empresas (PYME)
Uno de los aspectos más ignorados de la regulación gubernamental es su impacto desproporcionado en las empresas más pequeñas. Rothbard señaló en La Era Progresista que el coste de cumplir las normas «supone una carga adicional para los competidores pequeños, nuevos e innovadores y dificulta sus posibilidades de competir con las grandes empresas existentes y más estables». Esto es especialmente relevante en el caso de los mandatos sobre vehículos eléctricos que se están imponiendo a las empresas francesas.
Las grandes empresas, como Carrefour e Iliad, pueden disponer de los recursos financieros necesarios para realizar una transición gradual a los vehículos eléctricos sin alterar significativamente sus operaciones. Sin embargo, para las pequeñas y medianas empresas (PYME), la compra de nuevos VE, la instalación de infraestructuras de recarga y el mantenimiento de estos vehículos pueden resultar prohibitivos. Las empresas con más de 100 vehículos deben adquirir un 20% de vehículos de bajas emisiones cuando renueven sus flotas. Este tipo de mandato podría suponer una presión financiera significativa para las empresas más pequeñas que operan con márgenes más estrechos, reduciendo su capacidad de invertir en crecimiento e innovación.
Conclusión: dejemos que el mercado decida
El planteamiento del gobierno francés de «ecologizar» las flotas de vehículos de las empresas es emblemático de la cuestión más amplia de la intervención estatal en la economía. Al imponer mandatos a las empresas, el gobierno altera el funcionamiento natural del mercado, lo que provoca ineficiencia, mala asignación de recursos y consecuencias imprevistas. Como escribió Rothbard en El hombre, la economía y el Estado, «No hay coerción alguna en el libre mercado. Las empresas sólo pueden prosperar e innovar mediante decisiones voluntarias e impulsadas por el mercado.
En lugar de obligar a las empresas a adoptar vehículos eléctricos a través de la regulación, el gobierno francés debería permitir que el mercado determine si se produce esta transición, cuándo y cómo. Las empresas, en respuesta a la demanda de los consumidores y a los incentivos económicos, adoptarán de forma natural prácticas más sostenibles cuando les interese económicamente hacerlo. Mientras tanto, el gobierno debe reducir las barreras a la innovación y la competencia, no imponer mandatos de mano dura que distorsionan el mercado y crean daños económicos a largo plazo.
