Un artículo en Vox señala hoy que la administración Biden pretende añadir muchísimas hectáreas a la lista de tierras «protegidas» en Estados Unidos. Las tierras protegidas son tierras que, en la mayoría de los casos, ya eran públicas —generalmente federales— y en las que se han restringido mucho las actividades humanas. La tierra protegida «ideal» —desde la perspectiva de los ecologistas más acérrimos— es un área silvestre donde se prohíben casi todas las actividades humanas.
La administración Biden quiere ampliar esta restricción hasta el punto de abarcar el 30% de la tierra y el 30% de las zonas oceánicas de Estados Unidos. Esto básicamente triplicaría la cantidad de tierra actualmente protegida.
Pero al menos esto dejaría una cantidad considerable de tierra en manos privadas. No se puede decir lo mismo de los océanos. Dado que Estados Unidos no permite la propiedad privada del territorio oceánico, todo está controlado directamente por el gobierno estadounidense.
Mark Brandly discutió algunas de las implicaciones de esto en 2016, escribiendo:
¿Y las tierras sumergidas? El gobierno federal también reclama la propiedad de lo que llaman las tierras sumergidas de Estados Unidos. Estas reclamaciones comenzaron con la legislación de 1799 relativa a las «aguas aduaneras», que permitía el abordaje de buques de pabellón extranjero a menos de 12 millas náuticas de la costa. Con el tiempo, estas reclamaciones se han ampliado y, en 1945, Harry Truman declaró la jurisdicción y el control del gobierno estadounidense sobre la plataforma continental. Durante las décadas siguientes, los gobiernos del mundo reclamaron cantidades cada vez mayores de los fondos oceánicos. Sin embargo, se producían problemas si dos gobiernos discrepaban sobre estas reclamaciones. Esto se convirtió en una cuestión de las Naciones Unidas en la década de los setenta, y en 1982, en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los países del mundo llegaron a un acuerdo sobre sus Zonas Económicas Exclusivas (ZEE), por el que cada país era propietario del mar y de los fondos marinos hasta 200 millas náuticas de la costa.
Debido a la resistencia del Congreso a los tratados de las Naciones Unidas, el Congreso no ratificó este acuerdo. Pero Ronald Reagan, en 1983, simplemente proclamó los derechos de soberanía sobre la Zona económica exclusiva de Estados Unidos. Ratificó el acuerdo por mandato presidencial.
Según un informe del Departamento del Interior, hay 3.900 millones de acres en la ZEE estadounidense. La proclamación de Reagan fue el mayor acaparamiento de tierras de la historia del gobierno estadounidense.
Considere este mapa de EEUU que incluye la ZEE de EEUU. Los distintos colores destacan las regiones de la ZEE.
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Un punto a destacar aquí es que hay más de un 70% de tierras sumergidas en EEUU que la cantidad total de tierra seca en este país. Es decir, el gobierno federal posee más tierras sumergidas que la cantidad total de tierras en los 50 estados.
Así, el 76,9% del total de la tierra en Estados Unidos es propiedad del gobierno. No cabe duda de que en lo que respecta a este recurso esencial, la tierra, nuestra economía está fuertemente socializada.
Ni que decir tiene que el hecho de que los federales ya controlen directamente el litoral facilita enormemente los esfuerzos federales por añadir estas zonas a una lista de áreas «protegidas». Los que se oponen a esto pueden dar las gracias a Ronald Reagan. En consecuencia, no hay ningún «mercado» en el uso del litoral, sino que todo es propiedad directa y está planificado por el personal federal. No parece que haya una oposición significativa a esto. Muchos expertos y teóricos —incluyendo la mayoría de los supuestos tipos de «libre mercado»— han rechazado durante mucho tiempo la idea de privatizar las tierras oceánicas cuando la sugirió Walter Block, por ejemplo. Pero mientras se asuma que las zonas oceánicas son «públicas», su uso estará directamente controlado por los federales y restringido a los fines que el régimen considere políticamente más convenientes.
