Desde la Guerra Civil, tal vez ningún acontecimiento en la ley o la política americana haya hecho más por ampliar el poder de jure del gobierno federal que la doctrina de incorporación. Esta doctrina legal tomó una carta de derechos diseñada para limitar el poder federal sobre los estados e hizo exactamente lo contrario: amplió enormemente el papel del gobierno federal en la regulación potencial de todos los aspectos de la vida cotidiana dentro de los propios estados.
¿Qué es la doctrina de incorporación?
Stephan Kinsella lo define:
El significado de la decimocuarta enmienda, «ratificada» en 1868, ha sido debatido durante unos 140 años, y cada vez más en los últimos 90 años, ya que la cláusula del «Debido Proceso» de esa Enmienda fue utilizada como fuente de poder federal sobre los estados, a través de la «doctrina de incorporación», bajo la cual muchos de los derechos implícitos en las primeras 8 enmiendas de la Carta de Derechos han sido «incorporados» a la cláusula del Debido Proceso y, por lo tanto, «aplicados» a los estados.
Luego concluye:
Llego a mi punto principal. Si es cierto que, en el mejor de los casos, la decimocuarta enmienda no concede claramente a los federales una serie de nuevos poderes —e incluso si hay argumentos para ello (como el propio Thomas se inclina), está claro que no existe tal concesión clara—, entonces no los concede. Del mismo modo que interpretamos los acuerdos serios de forma estricta y en contra del redactor; del mismo modo que exigimos formalidades y escrituras para los asuntos serios (como los testamentos en vida, las ventas de bienes inmuebles, etc.), una amplia concesión de poderes al Estado central, en el contexto de una Constitución descentralista en la que los estados han guardado históricamente con celo su soberanía, debe ser clara y estar expresamente redactada para que tenga efecto. En otras palabras, no se debe permitir que el Estado central —como cuestión de normas constitucionales o libertarias— desplace legítimamente el equilibrio de poder de los estados hacia sí mismo, mediante una redacción vaga y ambigua que él mismo redactó.
No hay ninguna base histórica o legal para la Doctrina en los textos reales de la Constitución, pero como una cuestión de limitar el poder estatal, la Doctrina también debe oponerse por razones prácticas. Después de todo, es la Doctrina de Incorporación la que ha proporcionado a los juristas y a los políticos un pretexto para afirmar que el gobierno federal debe tener la última palabra en prácticamente todos los conflictos legales de América, desde la oración en las escuelas hasta los impuestos locales y la posesión de armas. Uno incluso se encuentra a menudo con libertarios autodenominados de laissez-faire que aceptan completamente que los tribunales federales intervengan en las reuniones de los ayuntamientos locales para decidir la conveniencia de las leyes locales de dominio eminente. Lew Rockwell ha explicado lo erróneo de este enfoque:
No sería una victoria para su libertad si, por ejemplo, el gobierno chino asumiera la jurisdicción sobre sus calles del centro de la ciudad para liberarlas de las ordenanzas de zonificación. La zonificación viola los derechos de propiedad, pero el imperialismo viola el derecho de un pueblo a gobernarse a sí mismo. El gobierno chino carece tanto de jurisdicción como de capacidad moral para intervenir. Lo que es válido para el gobierno chino es válido para cualquier gobierno lejano que se arrogue el control del gobierno más cercano.
¿Cómo debe elegir el libertario cuando hay un conflicto entre las demandas de libertad y las restricciones contra el imperio? La respuesta no siempre es fácil, pero la experiencia y toda la historia intelectual del liberalismo sugieren que el gobierno descentralizado es el más compatible con la preocupación por la libertad a largo plazo. Por eso, todos los fundadores estaban apegados a la idea del federalismo: que los estados dentro de la unión eran las principales unidades de gobierno, y que la Carta de Derechos debía proteger tanto a los individuos como a los estados de las imposiciones del gobierno central, incluso cuando se invoca la libertad como justificación.
Para que quede claro este último punto: el propósito de la Carta de Derechos era establecer de forma muy clara y sencilla lo que el Gobierno Federal no puede hacer. Por eso se adjuntaron a la Constitución. Los estados, bajo la influencia de los escépticos de los límites de la Constitución al poder central, insistieron en que se detallaran las restricciones al gobierno. La Carta de Derechos no establece un mandato sobre lo que puede hacer el Gobierno Federal. Se puede discutir todo lo que se quiera sobre la 14ª enmienda y el debido proceso. Pero una lectura que dice que mágicamente transforma toda la Carta de Derechos para significar exactamente lo contrario de su intención original es pura fantasía.
En el centro de todo esto está el hecho de que un gobierno federal que tiene el poder y la autoridad para decidir lo que es «constitucional» en cada rincón del imperio también tiene el poder de obligar a los gobiernos estaduales y locales a someterse a las leyes federales.
En otras palabras, la Doctrina de Incorporación abolió en gran medida a los Estados Unidos como una confederación de Estados independientes, y los hace avanzar mucho en el camino de convertirse en un gobierno unitario consolidado. Los liberales clásicos más prácticos y sabios de los siglos XVIII y XIX comprendieron esto y se opusieron a la consolidación de la ley americana bajo un gobierno nacional. Mike Maharrey explica por qué:
Creo que centralizar el poder es siempre una pérdida neta para la libertad. Así lo pensaba la generación fundadora. Por eso los redactores de la Constitución rechazaron rotundamente la propuesta de dar al gobierno federal poder de veto sobre las leyes estaduales. También es la razón por la que el primer Congreso rechazó aplicar algunas disposiciones de la Carta de Derechos a los estados.
Cuando digo esto, tiende a confundir a la gente, porque, en el sistema político actual, el gobierno federal veta las leyes estaduales todo el tiempo a través de los tribunales federales. Y prácticamente cada vez que alguien percibe que un gobierno estadual ha violado sus derechos, corre directamente a los tribunales federales para detener la acción estadual ofensiva.
A pesar de mis protestas, la aplicación de la Carta de Derechos federal a los estados se ha convertido en una característica clave del sistema político americano.
Como ya he dicho, creo que esto acabará siendo una pérdida neta para la libertad. Cuando uno recurre a los tribunales federales para proteger su libertad de las acciones del Estado, está jugando a la ruleta rusa con cinco balas cargadas en su pistola de seis tiros. A pesar de algunas victorias menores aquí y allá, los tribunales federales casi siempre emiten opiniones que amplían el poder del gobierno, no protegen la libertad individual. Y estas expansiones del poder gubernamental se convierten en la ley del país en todos los Estados Unidos. En un sistema descentralizado, las malas decisiones de los tribunales estaduales sólo afectan a la población de ese estado.
El riesgo no vale la pena la recompensa.
Esencialmente, la doctrina de incorporación anula la décima enmienda. Podemos tener una décima enmienda que funcione, o podemos tener una doctrina de incorporación. Pero no ambas.
También es la razón por la que aquí, en mises.org, somos explícitamente descentralistas y nos oponemos a aplicar la carta de derechos a los gobiernos estaduales. Es bueno que las constituciones estaduales tengan sus propias cartas de derechos, naturalmente. La mayoría de los estados las tienen, y la mayoría de ellas son bastante buenas. Pero es peligroso y antiliberal insistir en que el gobierno federal se entrometa en los gobiernos estaduales y locales para cambiar las leyes estaduales y dictar a los estados lo que es «constitucional». Esa nunca fue la intención del sistema constitucional americano, y la propia idea de la incorporación destruye la intención original de la Carta de Derechos, que era limitar la ley federal.
Más bien, la idea de la confederación americana era proporcionar protección a la libertad a través de la competencia entre los estados, y mediante el equilibrio entre el poder estadual y el poder federal. Sin embargo, la Doctrina de Incorporación ha inclinado en gran medida la balanza legal a favor del poder federal y convierte a los Estados Unidos en un Estado mucho más consolidado de lo que nunca se pretendió. Si nos tomamos en serio la expansión del laissez-faire y la verdadera autodeterminación en los Estados Unidos, la Doctrina de Incorporación debe ser abolida.
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