American Bonds: How Credit Markets Shaped a Nation
Sarah L. Quinn
Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2019
289 págs.
Patrick Newman (patrick.newm1@gmail.com) es profesor asistente de economía en el Florida Southern College y miembro de su Centro para la Libre Empresa. También es miembro del Instituto Mises.
Este es un libro frustrante. El American Bonds de Quinn muestra que las políticas crediticias del gobierno federal fueron factores importantes detrás de la evolución particular de la securitización y los mercados de crédito en los Estados Unidos. La narración histórica de Quinn, desde la fundación del país hasta la actualidad, está entrelazada con una breve reseña de importantes ciclos económicos y crisis económicas que afectaron a los mercados crediticios, como el Pánico de 1819 y la crisis financiera de 2008. Aunque Quinn investiga la importancia de la legislación y las instituciones federales para facilitar la intermediación del crédito en diversos mercados, incluidos los de la tierra, los ferrocarriles y las hipotecas, omite por completo el análisis de la eficiencia de las políticas. Tampoco contribuye a que entendamos si el gobierno era necesario para la formación y el desarrollo de esos mercados concretos o si los agentes privados podrían haber proporcionado una especialización financiera similar sin la participación del gobierno. En definitiva, American Bonds se limita a ofrecer una visión histórica de los mercados de crédito sin investigar seriamente si la intervención del gobierno era indispensable o sopesar los costos y beneficios de su participación.
El principal problema del libro es su marco teórico. Según Quinn los mercados no pueden funcionar, y mucho menos existir, sin una importante ayuda e intervención del gobierno. Además, una intervención gubernamental equivocada no promueve la ineficiencia ni las recesiones económicas, porque sin la participación del gobierno el resultado habría sido aún peor. De hecho, el laissez-faire es «un sueño utópico», y «los intentos de pasar a un mundo de laissez-faire significarían la desregulación, que inevitablemente causa inestabilidad, crisis y sufrimiento humano, lo que lleva a la gente a exigir protección al gobierno» (pág. 203). Aunque Quinn argumenta que los mercados libres son una ilusión, sorprendentemente esto no le impide describir varios mercados financieros como «laissez-faire» porque carecen (o supuestamente carecen) de supervisión gubernamental directa. Naturalmente, Quinn deja de lado la supervisión indirecta de esos mercados financieros, como la regulación del sistema bancario por parte de la Reserva Federal y su capacidad para inyectar crédito en los mercados financieros. Aunque Quinn utiliza las teorías de Hyman Minsky y reconoce que «todas las burbujas dependen de la expansión del crédito», la política monetaria expansiva está sorprendentemente ausente de la lista de posibles culpables del inicio de un auge (pág. 27). Siempre que el gobierno contribuye claramente a una crisis financiera, la escotilla de escape es que el mercado sin restricciones habría sido mucho peor, de modo que en realidad el gobierno no hizo nada malo. Quinn expone sucintamente su punto de vista cuando habla de la reciente crisis financiera de 2008 y de la participación del gobierno durante décadas en la securitización de las hipotecas y las políticas de crédito barato:
¿Todo esto significa que el gobierno federal es el culpable de la crisis? Después de todo... el gobierno jugó un papel central en mantener el crédito barato, y el crédito barato alimentó la crisis. Aunque es una pregunta justa, me preocupa que sea una pregunta engañosa. Obviamente es una mala política que un gobierno pise el acelerador en los mercados financieros y al mismo tiempo quite los frenos. Aparte de la cuestión de si esta pregunta desvía la responsabilidad de Wall Street... conlleva la suposición tácita de un mundo donde los mercados capitalistas avanzados de alguna manera existen sin una amplia participación gubernamental... el verdadero problema no era la regulación sino una desregulación demasiado entusiasta. (p. 210)
La teoría de Quinn sobre los mercados y el carácter indispensable de la asistencia estatal le permite eludir la investigación de la eficacia y las posibles consecuencias adversas de las políticas gubernamentales. Así, Quinn es capaz de escribir sobre el desarrollo de las ventas de tierras a crédito sin cuestionar si fue un factor importante detrás de la especulación de la tierra que llevó al Pánico de 1819. Lo que es más importante, Quinn no analiza cómo la suspensión de los pagos de especies por parte del gobierno desde 1814 hasta la posguerra de 1812 (con sólo una reanudación nominal en 1817) y el recién creado Second Bank of the United States (establecido en 1816) fueron factores importantes que facilitaron el aumento de la oferta monetaria y el auge de la posguerra. Una falta de análisis similar se muestra en la sección de Quinn sobre la asistencia federal a los ferrocarriles en la era posterior a la guerra civil, porque no vincula el generoso préstamo y la asistencia de tierras con la ineficiencia y la corrupción de las empresas de transporte (págs. 23 a 36).
Lo más agravante es su visión general del desarrollo de los mercados de crédito a principios del siglo XX. Quinn defiende la Ley Federal de Préstamos Agrícolas de 1916, que estableció un sistema de bancos de tierras para prestar a los agricultores. Ella documenta la asistencia posterior del Tesoro y describe cómo los bancos habían prestado aproximadamente 350 millones de dólares a finales de 1920. Sin embargo, no vincula en absoluto estas acciones con las dificultades que experimentaron los agricultores en la era posterior a la Primera Guerra Mundial (págs. 82, 86-87). ¿Podría la nueva legislación, además de la demanda europea de productos agrícolas de los Estados Unidos durante la guerra, haber fomentado una expansión excesiva de la agricultura y luego retrasado la recuperación subvencionando la agricultura después de que ya no fuera necesaria en cantidades tan grandes? Quinn no da ninguna respuesta. Quinn también pasa por alto cómo otras regulaciones gubernamentales equivocadas en el mercado de la vivienda en esta época dieron un carácter superficial e indispensable a la asistencia federal. Reconoce que durante la Era Progresista los reformadores de la vivienda defendieron nuevos códigos de construcción que fueron factores importantes para elevar los costos de la construcción más allá del aumento de los precios al consumidor, así como la forma en que la guerra aumentó la rentabilidad de la manufactura en relación con el mercado inmobiliario y condujo al control de los alquileres y a la prohibición de la construcción de viviendas. Sin embargo, Quinn documenta entonces la subvención del gobierno a la construcción de viviendas a través del Departamento de Ordenanzas del Ejército, la Corporación de la Flota de Emergencia y la Corporación de la Vivienda de los Estados Unidos, sin plantear nunca la posibilidad de que el gobierno creara la crisis que el público y los intelectuales llegaron a creer que sólo él podía resolver (págs. 92-93, 99-103). En cambio, «los defensores del laissez-faire tenían buenas razones para estar preocupados», porque era evidente la necesidad de que el gobierno entrara en la brecha (pág. 103).
En general, aunque este libro proporciona importante información empírica sobre el desarrollo de los mercados de crédito y varios programas gubernamentales relacionados, carece de un marco teórico e interpretativo serio.
