[Este artículo apareció originalmente en Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 57, no. 1 (2019): 161-174. Reimpreso aquí con permiso.]
Resumen. La tradición mengeriana-misesiana en economía es también conocida como el enfoque causal-realista — en otras palabras, estudia la estructura causal de los fenómenos económicos concebidos como consecuencia de las acciones humanas reales. Por lo tanto, las descripciones y declaraciones verbales sólo tienen sentido desde el punto de vista económico en la medida en que pueden vincularse con las preferencias demostradas y sus interacciones causales. En este documento, investigaré cómo el enfoque en cuestión se relaciona con temas como el debate sobre el cálculo económico, la democracia deliberativa y la provisión de bienes públicos. En particular, en el contexto de la discusión de los temas anteriores, me centraré en el espíritu empresarial del mercado, entendido como un ejemplo crucial de «practicar lo que se predica» en el ámbito de la cooperación social a gran escala. En resumen, intentaré demostrar que la tradición mengeriana-misesiana ofrece una visión única de la lógica de la racionalidad comunicativa al enfatizar y explorar sus asociaciones indispensables con la lógica de la acción.
Palabras clave: realismo causal; empresariado; cálculo económico; democracia deliberativa; bienes públicos; racionalidad comunicativa.
1. Introducción
La tradición económica mengeriana-misesiana se conoce también como el enfoque causal-realista (Salerno 2010). Esta denominación indica que el enfoque en cuestión investiga las relaciones causales que se dan en el contexto de fenómenos económicos reales, en lugar de centrarse en el análisis de construcciones puramente hipotéticas o idealizadas, como la competencia perfecta o el equilibrio general, que contrasta fuertemente con el enfoque típico adoptado en la economía neoclásica. Más específicamente, los realistas causales insisten en que los fenómenos económicos son analíticamente significativos sólo en la medida en que pueden rastrearse hasta las preferencias demostradas en acciones humanas específicas y sus diversas interrelaciones (Rothbard 1956). En otras palabras, la tradición mengeriana-misesiana concibe los datos económicos como palabras respaldadas por hechos; en ausencia de estos últimos, tales datos, en forma de, por ejemplo, encuestas de opinión o extrapolaciones históricas, se consideran insuficientes para tratar temas como el bienestar social (Herbener 1997), la satisfacción del consumidor (Hutt 1940) o la competitividad empresarial (Hayek 2002).
Esto no quiere decir, sin embargo, que tales datos, aunque no sean útiles para el teórico económico, no son útiles para varios participantes en el orden económico. Por el contrario, podría considerarse especialmente importante para los empresarios del mercado, cuyo papel, según la tradición considerada, es ejercer el juicio empresarial en condiciones de incertidumbre (Foss y Klein 2012). Este juicio, que tiene por objeto imaginar las necesidades de los futuros consumidores, la disponibilidad futura de factores de producción adecuados y la configuración futura de otros datos pertinentes, tiene necesariamente un carácter prospectivo y, por lo tanto, está desvinculado de las preferencias realmente demostradas, pero puede y debe basarse en la información suplementaria facilitada por los datos de mercado anteriores, incluidas las encuestas a consumidores y empresas. El punto crucial en este contexto es que, en primer lugar, el juicio empresarial es un arte más que una ciencia exacta, y en segundo lugar, que necesariamente implica exponer los recursos propios a pérdidas potenciales (Salerno 2008). En otras palabras, en contraste con las predicciones de los economistas neoclásicos, los juicios empresariales no aspiran a una precisión cuantitativa similar a la del derecho, ni evitan el requisito de la «piel en el juego». Así, como palabras respaldadas por hechos, y a diferencia de las predicciones económicas antes mencionadas, son consideradas por los realistas causales como la fuerza motriz del proceso de mercado - un fenómeno de suma importancia para una ciencia económica sólida.
Esta observación pone de relieve otro aspecto esencial de la tradición mengeriana-misesiana: el énfasis que pone en el carácter emprendedor de toda acción humana, es decir, su entrelazamiento inherente con los problemas de escasez e incertidumbre. Este énfasis permitió a sus representantes desarrollar una visión única de temas como el cálculo económico, el crecimiento económico y la teoría del ciclo económico. Más específicamente, permitió a los realistas causales investigar el papel desempeñado por la rivalidad empresarial y la licitación competitiva por los recursos productivos en el contexto del desarrollo de una cooperación social a gran escala basada en la especialización productiva y la división del trabajo.
Lo que deseo argumentar en el presente documento es que un aspecto importante y tal vez todavía subestimado de tales percepciones es que revelan la acción empresarial como una encarnación de normas cruciales de racionalidad comunicativa. Esto sugiere que, contrariamente a lo que afirman algunos de los teóricos más notables del fenómeno en cuestión (Habermas 1984), existen aspectos significativos de racionalidad que no pueden ser abarcados por una comunicación exitosa conducida a un nivel puramente verbal y deliberativo (Pennington 2003). Del mismo modo, las ideas antes mencionadas ponen en duda la noción de que cualquier norma sustantiva genuinamente racional de justicia puede ser desarrollada por espectros que flotan libremente y debaten detrás del «velo de la ignorancia» (Rawls 1971). La razón esencial por la que esto es así es que todos los intentos puramente verbales y deliberativos de determinar políticas sociales racionales están fundamentalmente desvinculados de las consideraciones de escasez de recursos y de incertidumbre económica.1
Esto no quiere decir que tales intentos no puedan desempeñar otras funciones útiles. Por ejemplo, son absolutamente indispensables en lo que se refiere a la construcción de teorías, especialmente cuando utiliza conscientemente el método lógico-deductivo, como claramente lo hace en la tradición realista causal. En otras palabras, si bien la mera deliberación y la comunicación verbal no pueden resolver el problema de la asignación racional de recursos en una economía compleja ni generar modelos únicos de marcos jurídicos y reglamentarios, sí constituyen herramientas cruciales en el contexto de la deducción de los requisitos normativos e institucionales generales que deben cumplirse para que se cumplan las tareas mencionadas.
Entre estos requisitos se encuentran derechos de propiedad sólidos, libre intercambio de títulos de propiedad, respeto por la innovación empresarial y normas culturales que protegen a todas las instituciones mencionadas. Sólo dentro de ese marco puede complementarse la racionalidad comunicativa de tipo verbal y deliberativo con su contraparte praxeológicamente activa, mediante la cual se diseñan, implementan, comparan y evalúan soluciones concretas simultáneas en el proceso de competencia empresarial, experimentación y aprendizaje empírico policéntrico. En este sentido, los precios, las ganancias y las pérdidas resultan ser herramientas comunicativas no menos importantes que las palabras, los argumentos verbales y las deliberaciones formales. De hecho, las soluciones basadas en las primeras pueden considerarse de mayor solidez institucional que las basadas en las segundas (Boettke y Leeson 2004, Leeson y Subrick 2006, Wisniewski 2011), ya que, en primer lugar, están respaldadas por preferencias realmente demostradas, demostrando así el compromiso honesto de sus ejecutores, y, en segundo lugar, son implementadas por los propietarios que gastan sus propios recursos, asegurando así «jugarse la piel».
Habiendo hecho estas observaciones generales, permítanme ahora pasar a un debate sobre ilustraciones más específicas de la forma en que la orientación empresarial de la tradición causal-realista informa y enriquece la noción de racionalidad comunicativa.
2. Cálculo económico
Hoy en día, el debate sobre el cálculo económico puede ser visto como poco más que un artefacto intelectual de la era de la Guerra Fría, cuando existía una discusión teórica genuina y acalorada sobre los respectivos méritos y deméritos económicos del socialismo y el capitalismo. Ahora, se podría argumentar, este debate ha terminado hace mucho tiempo, ya que el capitalismo ha sido declarado un claro ganador. Sin embargo, para un investigador perspicaz sigue siendo un tesoro de argumentos causal-realistas que demuestran las capacidades comunicativas únicas de las instituciones del mercado.
El primero de estos argumentos, que en realidad es anterior a la tradición en cuestión y se remonta a los comienzos de la economía política clásica, sugiere que, puesto que la propiedad connota la responsabilidad y el conocimiento íntimo de las cosas que se poseen, y puesto que en una sociedad libre los propietarios individuales prosperan en la medida en que armonizan sus propios intereses con los intereses de los demás, no existe una visión argumentativamente deducible de una buena sociedad superior a la que surge de la interacción sin trabas de las acciones humanas voluntarias y contractuales (Bastiat 1851, Smith 1976). A la vista de las observaciones incluidas en la introducción, debería quedar claro inmediatamente que, si bien el argumento en sí mismo puede exponerse en el curso de una deliberación puramente verbal, sus recomendaciones sólo pueden aplicarse a través del tipo de cooperación que se basa fundamentalmente en señales extra verbales comunicadas por datos de mercado continuos y en los juicios subyacentes de los propietarios-empresarios.
Sin embargo, aunque importante por derecho propio, este argumento en particular no pertenece al núcleo esencial del debate sobre el cálculo económico en la medida en que se centra principalmente en los incentivos psicológicos, no en las instituciones económicas. Un argumento mucho más fuerte contra la organización económica basada en la planificación central burocrática y la abolición de la propiedad privada, que constituye la principal contribución de la tradición causal-realista al tema en cuestión, demuestra que no puede haber precios puramente «declarativos», que están desvinculados de la competencia empresarial por los factores de producción (Lavoie 1985, Mises 1990). Estos precios tampoco pueden servir de punto de partida útil en una búsqueda burocrática de sus equivalentes de equilibrio, guiada por preferencias demostradas por diversos bienes de consumo y los consiguientes excedentes y carencias. Por el contrario, los únicos precios que pueden funcionar como señales creíbles de escasez relativa en condiciones de incertidumbre dinámica son las relaciones de intercambio intersubjetivas a las que se llega a través de opciones empresariales reales y que culminan en «estados de reposo simples» establecidos continuamente (Klein 2008). Sólo tales relaciones de intercambio pueden comunicar la eficiencia relativa (o la falta de ella) de varias soluciones económicas de una manera genuinamente racional –es decir, económicamente significativa–, indicando cuán cerca se encuentra cualquier solución de este tipo frente a un número literalmente infinito de alternativas potenciales (Wisniewski 2015).
La observación anterior se hace aún más clara en el contexto de la propuesta socialista de que los gerentes nombrados por el Estado podrían replicar la eficiencia del sistema de precios capitalista haciéndose pasar por empresarios y jugando a la competencia, la especulación y la inversión (Mises 1996, pp. 705-710). A lo que equivale una propuesta de este tipo es a la extensión de la deliberación burocrática al ámbito de la toma de decisiones de gestión, en el que los gestores socialistas pueden pretender hacer auténticos juicios empresariales, mientras que de hecho permanecen dentro del ámbito de la señalización puramente verbal, que no tiene ningún significado económico en lo que se refiere a la asignación racional de recursos. A todos los efectos prácticos, un juego es una forma de hablar: nunca pasa del ámbito de las declaraciones al de las acciones. Por lo tanto, jugar al emprendedorismo es una contradicción en términos, que nunca puede generar el tipo de racionalidad comunicativa que es necesaria para abordar los desafíos que plantean la escasez y la incertidumbre.
Es importante darse cuenta aquí de que incluso un empresario de pura cepa puede ser reducido parcialmente a un mero «jugador» verbal en el improbable caso de convertirse en el único usuario de un factor de producción no específico (Klein 1996). En tales condiciones, su situación, desde el punto de vista praxiológico, no es diferente de la de un administrador socialista. En otras palabras, puede planificar incesantemente la optimización del uso del factor en cuestión, pero, en ausencia de una licitación competitiva para sus servicios, todos esos planes están obligados a seguir siendo un mero juego de palabras, no una acción empresarial informada por los costos de oportunidad pertinentes. Así, la investigación de los aspectos empresariales de la racionalidad comunicativa demuestra la inestabilidad inherente de los «monopolios de mercado», es decir, que las empresas cooperativas se ven privadas de las señales necesarias para evaluar su rendimiento cooperativo.
En resumen, el énfasis en el núcleo competitivo-empresarial del cálculo económico sólido demuestra que en el ámbito de la cooperación social compleja las acciones no sólo hablan más fuerte que las palabras, sino que son indispensables para que las palabras tengan sentido en primer lugar.
3. Democracia deliberativa
Otra área en la que la noción de racionalidad comunicativa ocupa un lugar central es la de la llamada democracia deliberativa (véase, por ejemplo, Chambers 2003, Thompson 2008). Según sus defensores, el empoderamiento social es el resultado de una mayor participación en el proceso de toma de decisiones democráticas, que debe ir más allá de la mera votación. El alcance y la especificidad de las decisiones pertinentes son definidos de diversas maneras por diversos teóricos en la materia, pero, en la medida en que la propuesta en cuestión aboga por una mayor politización de la sociedad, se aproxima a alguna forma de planificación económica central cooperativa. Por lo tanto, es presa de todos los problemas discutidos en la sección anterior.
Peor aún, genera problemas adicionales por su cuenta. Si el procedimiento deliberativo en cuestión se combinara con la democracia representativa –especialmente si se aplica a una escala típica de los Estados-nación contemporáneos– entonces ningún ciudadano individual tendría un incentivo para hacer que su aportación deliberativa sea realmente reflexiva e informada. Dado que un solo voto en las democracias representativas contemporáneas a gran escala tiene una probabilidad infinitamente pequeña de influir en las elecciones, y dado que los votantes exitosos pueden externalizar los costos de sus decisiones sobre los votantes fracasados, los arreglos en cuestión hacen que sea racional que los votantes ignoren las cuestiones relevantes (Downs 1957, Matsusaka 1995). Peor aún, algunos votantes pueden usar tales arreglos para darse el gusto de expresar sus preferencias irracionales (Caplan 2007). «Empoderarlos» mediante su participación en un proceso deliberativo no contribuye en nada a resolver los problemas mencionados, ya que, independientemente del alcance de sus contribuciones puramente verbales, su falta de interés en el sistema electoral y su influencia infinitesimal en sus resultados garantiza que sus decisiones sean característicamente no empresariales, es decir, carentes de la virtud de la prudencia y aisladas de un compromiso honesto con las cuestiones de la escasez y la incertidumbre.
Por el contrario, es probable que tal compromiso se vea por parte de varios grupos de intereses especiales decididos a sacar provecho del sistema. Tales grupos, caracterizados por intereses uniformes y capaces de perseguir ganancias altamente concentradas, pueden superar el problema de la acción colectiva (Olson 1971, Ostrom 1990) precisamente haciendo caso omiso de las características deliberativas del sistema bajo consideración y comprometiendo sus propios recursos financieros para hacer campaña, cabildeo, soborno y otras actividades comprendidas bajo el paraguas del llamado empresariado político (McCaffrey y Salerno 2011). En otras palabras, lejos de aumentar la influencia política de los desorganizados sin recursos, el modelo de democracia deliberativa proporciona una ilustración adicional de la influencia crucial de los organizados, que es en gran medida derivada de su papel como empresarios-propietarios, es decir, «comunicadores racionales» capaces de respaldar sus palabras con hechos económicamente significativos.
Las mismas observaciones parecen aplicarse a la historia deliberativa originada por Rawls (1971), que involucra a personajes sin propiedades que debaten detrás de un «velo de ignorancia» sobre la forma ideal de un sistema social justo. Estos personajes, a pesar de estar conceptualizados como enfrentados a la incertidumbre acerca de sus dotes naturales y su posición social, se ven completamente desligados de los problemas de incertidumbre y escasez que surgirían tan pronto como se enteraran de sus dotes naturales y de su posición social. Una de las principales lecciones de la tradición causal-realista es que la viabilidad y eficiencia de varios arreglos institucionales específicos sólo pueden evaluarse ex post, es decir, sólo como resultado del libre desarrollo del proceso rival que tiene lugar entre varios empresarios institucionales (Boettke y Coyne 2009). En consecuencia, parece inadmisible sugerir, como hace Rawls, que la forma singularmente apropiada de una sociedad justa puede deducirse a través de discusiones puramente verbales conducidas por deliberadores desencarnados.
Sin embargo, una conclusión crucial que puede deducirse de esta manera es la que se refiere a la forma adecuada de las condiciones «meta-institucionales» bajo las cuales puede operar el proceso rival antes mencionado, condiciones que incluyen un respeto robusto por los derechos de propiedad, la libertad de asociación y la experimentación empresarial. Sólo en un entorno de este tipo los empresarios institucionales pueden no sólo deliberar libremente sobre sus respectivos proyectos organizativos, sino también ponerlos en práctica sobre la base de decisiones genuinamente contractuales y unánimes (Boudreaux y Holcombe 1989, Wisniewski 2017). Así, contra Rawls, parece que el tipo de racionalidad comunicativa que permite tender un puente entre el ámbito de las deliberaciones organizacionales y el ámbito de las acciones organizacionales emprendidas simultáneamente emerge sólo en la sociedad entendida no como una única empresa cooperativa, sino como la suma total de las interacciones cooperativas dirigidas a la actualización de las diferentes empresas en competencia (Chartier 2014).
En resumen, si bien la deliberación ocupa un lugar importante como instrumento de planificación, y si bien su forma democrática ocupa su lugar como instrumento de empoderamiento, ninguna de las dos puede ayudar a lograr resultados sociales deseables cuando se divorcia del ámbito del juicio empresarial, es decir, el ámbito en el que las palabras están respaldadas por hechos y los hechos están respaldados por recursos de propiedad privada.
4. Los bienes públicos
El último aspecto que me gustaría mencionar en relación con la importancia de considerar la noción de racionalidad comunicativa a través de la lente de la tradición mengeriana-misesiana es el de los llamados bienes públicos. Según la exposición neoclásica dominante, éstos constituyen una categoría distinta de bienes caracterizada por los criterios de no rivalidad y no exclusión (véase, por ejemplo, Willis 2002, págs. 161-3; Arnold 2004, págs. 720-3; Ayers y Collinge 2004, págs. 555-9). Se supone que esto implica que tales bienes no pueden suministrarse efectivamente sobre la base de la voluntariedad, la contractualidad y la competencia empresarial, ya que no debe excluirse a ningún consumidor potencial de su disfrute y no debe permitirse que ningún consumidor real eluda el pago por su disfrute. Esto, a su vez, se supone que indica que la cantidad «óptima» de tales bienes puede ser determinada y suministrada sólo sobre la base de una deliberación electoral y burocrática.
Sin embargo, en vista de las consideraciones de las secciones precedentes de este artículo, debería quedar claro que la argumentación de los bienes públicos neoclásicos plantea la cuestión en contra del enfoque competitivo-empresarial al asumir saber de antemano lo que, de acuerdo con la tradición causal-realista, sólo puede aprenderse utilizando el procedimiento competitivo-empresarial.
Esto puede demostrarse en varios frentes. En primer lugar, dado que los costos son fenómenos inherentemente subjetivos y relativos a los agentes (Buchanan, 1969), la supuesta no rivalidad de un producto dado no puede establecerse en ausencia de preferencias libremente demostradas por parte de los consumidores. Si, por ejemplo, un determinado individuo desistiera de consumir un bien específico al darse cuenta de que está siendo consumido simultáneamente por otros individuos, entonces sería la prueba más clara posible del hecho de que el bien en cuestión es, de hecho, rival. Sin embargo, tal evidencia sólo puede surgir de la operación del proceso competitivo-empresarial (Kirzner 1997). En segundo lugar, puesto que no vivimos en un mundo de superabundancia edénica, incluso si tratáramos ciertos bienes de consumo como no rivales, tendríamos que tener en cuenta que los bienes del productor necesarios para su existencia son claramente rivales. Esto, a su vez, implica que sus usos específicos están asociados con costos de oportunidad específicos, los cuales deben ser economizados si se quiere producir la cantidad «óptima» de los bienes finales relevantes. Sin embargo, lo que son estos costes de oportunidad sólo puede descubrirse, una vez más, sobre la base de una competencia empresarial sin trabas y de la experimentación simultánea. Por lo tanto, el que un bien determinado pueda ser clasificado como no rival sólo puede establecerse con la ayuda del tipo de racionalidad comunicativa que aparece exclusivamente en el curso de la gestión activa de los activos de capital de una persona en condiciones de escasez e incertidumbre (Wisniewski 2013a).
En tercer lugar, «beneficios externos» no es un término que pueda ser operacionalizado económicamente, ya que, al igual que en el caso de la no rivalidad, tales beneficios putativos están por definición desvinculados de los pagos reales de los consumidores capaces de revelar las escalas de preferencias subyacentes (momentáneas). Esto no necesariamente indica que el término en cuestión tenga que ser eliminado de la teoría económica, pero sí sugiere que puede ser aconsejable reconceptualizarlo como un elemento del desafío empresarial general. En otras palabras, aunque es imposible construir una prueba praxeológica de que en una situación dada un individuo específico se ve afectado por externalidades positivas, un empresario puede especular que los bienes que produce en realidad generan tales externalidades, y que al interiorizarlos puede aumentar sus ingresos (Bloque 1983). Una vez más, si sus especulaciones en esta materia son correctas o no, sólo se puede establecer de forma retrospectiva, a través de la operación del sistema de pérdidas y ganancias empresariales (Mises 2008). En cuarto lugar, no es cierto que someter la producción de bienes supuestamente no excluibles a una deliberación electoral y burocrática elimine el problema del free rider. Por el contrario, se puede sugerir de manera plausible que sólo recrea este problema de una forma más problemática, ya que, mientras algunos miembros de un sistema deliberativo dado sean consumidores netos de impuestos, no sólo pueden conservar su condición de beneficiarios sin contrapartida, sino que también pueden solidificarla de manera institucional, bloqueando cualquier intento de los empresarios de internalizar las externalidades relevantes. Es sólo bajo tales condiciones que los beneficios externos se convierten en un fenómeno económicamente operacionalizable – cuando se trata de compulsión institucional, el beneficio sin pagar es demostrable de una manera praxeológicamente obvia. Así, la no excluibilidad puede ser vista como una abstracción que flota libremente cuando se analiza a través de la lente del marco neoclásico, pero asume un significado económico concreto cuando se mira desde el punto de vista de la tradición Mengeriano-Misia (Wisniewski 2013b).
En resumen, si bien la noción de bienes públicos en su formulación estándar parece estar cargada de una serie de dificultades conceptuales, su reformulación en el espíritu del enfoque causal-realista permite convertirla en un elemento de la caja de herramientas mental que puede utilizarse de manera rentable en el contexto del diseño de estrategias empresariales.
5. Conclusión
Parece poco controvertido sugerir que vivimos en un mundo en el que el dinamismo económico, la interconexión social y la complejidad de la información aumentan rápidamente. Por lo tanto, huelga decir que la noción de racionalidad comunicativa debe ser vista como cada vez más pertinente y digna de investigación. Sin embargo, como se ilustra en el presente documento, también es crucial darse cuenta de que en un mundo así, una comprensión puramente deliberativa de la racionalidad comunicativa es cada vez más inadecuada, si no totalmente engañosa. Como traté de demostrar, la tradición económica de mengeriana-misesiana es la única adecuada para integrar la noción en cuestión en el ámbito de la praxeología, vinculándola así con las cuestiones de escasez, incertidumbre, beneficios, pérdidas, propiedad y responsabilidad personal, y permitiéndole asumir una forma causalmente realista. Sólo habiendo asumido tal forma puede entonces iluminar una serie de fenómenos económicos esenciales característicos del entorno cultural, institucional y organizativo de hoy en día.
Por ejemplo, en el medio informativo contemporáneo, compuesto por innumerables nodos contextuales independientes y horizontalmente integrados, es cada vez más importante darse cuenta de que la asimetría de la información no es un defecto que deba rectificarse mediante la deliberación comunitaria y la igualación burocrática del acceso a la «oportunidad intelectual», sino una condición necesaria de especialización, división del trabajo y descubrimiento empresarial (DiLorenzo 2011). En otras palabras, la información social pertinente, especialmente la de carácter muy contextual y tácito, sólo puede revelarse y utilizarse mediante la participación no en deliberaciones políticas, sino en la acción del mercado, y cuanto más compleja y orientada a la información sea la economía, tanto más esencial será esta comprensión.
Además, en un entorno social y económico altamente interconectado, los errores a gran escala tienden a generar efectos dominó destructivos. Por ello, para reducir al mínimo la fragilidad del sistema, no se puede institucionalizar la capacidad de cometer esos errores y sus autores tienen que soportar personalmente los riesgos asociados. Se podría argumentar aquí que las democracias deliberativas, los intervencionismos impulsados por el bien público y otras formas político-burocráticas de organización social son particularmente propensos a institucionalizar tales errores, conocidos bajo el término genérico de «riesgo moral», ya que centralizan el poder, monopolizan los canales cruciales de toma de decisiones, fomentan la ignorancia y la irracionalidad racionales, y externalizan por la fuerza los costos de sus acciones sobre otros. En otras palabras, se podría argumentar que es la asimetría de poder y responsabilidad, no la asimetría de información, lo que es particularmente propicio para la aparición del riesgo moral y la consiguiente fragilidad sistémica (Hülsmann 2006). Esto, a su vez, implica que un sistema de organización social altamente descentralizado, competitivo, emprendedor y basado en la propiedad privada –es decir, uno que requiere respaldar las palabras con hechos y mantener «jugarse la piel»– debe ser visto como especialmente resistente al riesgo moral institucionalizado y a la fragilidad sistémica (Taleb 2012).
Por último, a medida que crece la complejidad informativa de la economía, incluso los elementos deliberativos por excelencia del funcionamiento de las entidades empresariales –como las reuniones de consejo de administración– deben complementarse cada vez más con la iniciativa «intrapreneurial» de los gerentes contratados y otros empleados no propietarios, animados a emprender acciones creativas a través del ejercicio del «juicio derivado» (Foss, Foss y Klein 2007). Como resultado, el procedimiento de descubrimiento competitivo y la consiguiente experimentación empresarial pueden tener lugar no sólo entre los participantes institucionales del mercado, sino también dentro de sus estructuras organizativas, lo que aumenta aún más su capacidad para descubrir y crear conocimientos socialmente útiles y comunicarlos de manera eficaz.
Por lo tanto, parece que, en contraste con las creencias de los proponentes de la deliberación comunitaria como la mejor manera de generar soluciones a cuestiones sociales complejas, cuanto más orientada a la información, más tiene que confiar en el tipo de racionalidad comunicativa que trasciende un nivel puramente verbal y deliberativo y aborda los problemas de la escasez y la incertidumbre utilizando los aspectos claramente empresariales de la lógica de la acción. Llevada a su conclusión lógica, esta observación indica que el enfoque en cuestión se aplica no sólo a «jugar el juego» de la cooperación social a gran escala, sino también a especificar sus reglas (Wisniewski 2013c, 2014). En mi opinión, sólo la tradición económica de mengeriana-misesiana, que identifica el espíritu empresarial como el puente crucial entre la palabra y la acción en un mundo de recursos escasos y resultados inciertos, hace que esta observación sea suficientemente clara y fructífera desde el punto de vista intelectual. Cuando se combina con la teoría de la racionalidad comunicativa, permite formular una visión causalmente realista del razonamiento práctico que puede servir de base sólida para el orden ampliado de la cooperación social racional (Salerno 1990). Ya es hora de reconocer estos beneficios del comercio y aprovechar al máximo su potencial.
- 1La propuesta de Rawls toma en consideración la incertidumbre que rodea la transición del mundo de la deliberación detrás del velo de la ignorancia al mundo de la interacción social real, pero está separada de la incertidumbre mucho más importante que pertenece al mundo de la interacción social real.
