[The Free Market 26, nº 4 (Abril 2008)]
Una tarea esencial de los economistas es analizar la naturaleza, causas y efectos de los incentivos: las circunstancias que hay para motivar la acción humana. Los economistas están de acuerdo en el papel positivo que desempeñan los incentivos “buenos” para aumentar la producción. También están de acuerdo en que los incentivos “malos” tienen un impacto contrario. Uno de estos incentivos malos es el llamado riesgo moral.
El riesgo moral es el incentivo de una persona A para usar más recursos de los que habría usado en otro caso, porque sabe, o cree saber, que algún otro B proporcionará algunos o todos esos recursos. Lo importante es que esto ocurre contra la voluntad de B y que B es incapaz de aprobar inmediatamente esta apropiación. El mero incentivo para confiar en recursos proporcionados por otros no es problemático de por sí.
Por ejemplo, el anuncio de una futura herencia puede animar al futuro heredero a gastar más en el presente de lo que habría gastado en otro caso. En esos casos no hablaríamos de riesgo moral. Un problema genuino de riesgo moral aparece sin embargo si A tiene la posibilidad de usar los recursos de B contra la voluntad de B y si sabe esto. La gente normal llamaría a los incentivos de A una “tentación para robar” o una “tentación para actuar irresponsablemente”. Los economistas, siempre temerosos de moralizar, han adoptado la expresión tecnocrática “riesgo moral”.
La característica esencial del riesgo moral es que incita a algunas personas A a expropiar a otras personas B. Las personas B, a su vez, si aprecian la presencia de dicho riesgo moral, tienen incentivos para reaccionar contra esta posible expropiación. Tomas otras decisiones distintas de aquellas que considerarían las mejores si no hubiera riesgo moral.
Por tanto, muchos economistas han concluido que el riesgo moral conlleva fallos de mercado: produce una asignación de recursos distinta de la que existiría en ausencia de riesgo moral. La teoría económica convencional explica el riesgo moral como una consecuencia del hecho de que los participantes en el mercado están desigualmente informados acerca de la realidad económica. En otras palabras, el riesgo moral deriva de las “asimetrías de información” y la teoría del riesgo moral se considera por tanto parte de la economía de la información.
Difícilmente puede discutirse que la gente actúa a partir de conocimientos distintos acerca del mundo real. El panadero sabe cosas distintas del astronauta, el cantante de ópera cosas distintas del maestro de matemáticas. Tampoco puede dudarse de que la gente está desigualmente informada acerca del mundo real. Algunos panaderos saben más que otros acerca de panes, fabricación de pan y mercado del pan y así sucesivamente. En resumen, las asimetrías de información son un aspecto universal de la vida humana tal y como la conocemos. Son al tiempo causa y resultado de la división del trabajo. No hay razón para suponer que son a priori dañinas o una señal de imperfección. Por tanto, la teoría convencional destaca una condición adicional para explicar la aparición del riesgo moral, que es la separación de propiedad y control. Pueden distinguirse dos casos principales: copropiedad y contratos de agencia.
En el caso de la copropiedad, cualquier propietario tiene control sobre una parte concreta de propiedad, pero no un control exclusivo. Las asimetrías informativas pueden producir así riesgo moral en conjunción con esta separación de propiedad y control. Siempre que un copropietario de una piscina no puede controlar eficazmente las actividades de los demás propietarios, tiene un incentivo para nadar sin limpiar, reparar las vallas y así sucesivamente, aumentando así su propia renta (monetaria y psicológica) a su costa.
Igualmente, en el caso de un contrato de agencia, un riesgo moral pueda parecer cuando un bien económico no está controlado eficazmente por su dueño (el “principal”), sino por una persona distinta, llamada el “agente”, por ejemplo, por un empleado. De nuevo las asimetrías informativas producen riesgo moral en conjunción con esta separación de propiedad y control. El agente, que está completamente informado acerca de sus propias actividades, tiene un incentivo para actuar de acuerdo con su propio interés material en contra de los intereses materiales de su principal, peor informado. Por tanto, siempre que el principal no pueda monitorizar eficazmente las actividades de su gente, este último tendrá un incentivo para aumentar su propia renta (monetaria y psicológica) a costa del primero.
El caso estándar de riesgo moral de agencia es un contrato de seguro. Aquí la empresa aseguradora es el principal menos informado y la persona asegurada es el agente. Por ejemplo, el seguro de automóvil es un riesgo moral para los conductores: crea un incentivo adicional para conducir de manera arriesgada porque otras personas (otros clientes de la compañía aseguradora) pagarán una parte de los costes de los accidentes del agente.
Igualmente, en presencia de un seguro de desempleo, una persona parada tiene un incentivo adicional para mantenerse desempleada, porque otras personas pagarán al menos una parte de sus costos vitales. O, en presencia del seguro de salud, la gente asegurada tendrá un incentivo adicional para dedicarse a actividades o modos de vida de riesgo o porque otros pagarán al menos parte del tratamiento en caso de enfermedad o accidente.
Sin embargo, el riesgo moral no es en modo alguno un problema particular del sector asegurador. Puede aparecer en casi cualquier otro campo de la actividad humana en el que haya una separación de propiedad y control. Los empleados pueden estar sometidos a riesgo moral en la medida en que pueden reducir sus esfuerzos sin temer que se les pague menos. Los deudores pueden estar sometidos a riesgo moral si creen que pueden desperdiciar dinero sin consecuencias negativas cuando resulten ser incapaces de devolverlo. Ciertas empresas de auditoría han estado sometidas a riesgo moral al vender servicios de consultoría a las mismas empresas a las que se supone que auditan (por ejemplo, en el caso Enron).
Un banco central puede producir riesgo moral a la comunidad bancaria si los banqueros comerciales perciben al banco central como prestamista de último recurso. El FMI puede producir riesgo moral entre gobiernos deudores. Los contribuyentes se dice que están sometidos a riesgo moral si pueden eludir las regiones con altos impuestos y así sucesivamente. Igualmente, en la literatura sobre la elección pública o la economía política constitucional, gobiernos y parlamentos son retratados a menudo como agentes propensos al riesgo moral, en el que los votantes son los principales peor informados.
Sin embargo, por muy importante que pueda ser en la práctica el riesgo moral que deriva de una definición deficiente de los derechos de propiedad, no tiene comparación con el riesgo moral que resulta de una separación obligada de propiedad y control.
Con separación “obligada” de propiedad y control nos referimos una separación producida contra la voluntad de su dueño. Aunque los dueños podrían verse forzados tanto por gobiernos como por partes privadas, el intervencionismo público es mucho más importante en la práctica. Es así no solo debido a un mayor impacto cuantitativo, sino también porque, en nuestras sociedades occidentales al menos, el intervencionismo está normalmente incluido en la ley y por tanto puede preverse.
El intervencionismo público no debe confundirse con una economía mixta. En esta última, el gobierno es uno de los varios dueños y solo controla su propiedad. Por contrario, un gobierno intervencionista ordena a otros dueños de propiedades usar sus recursos de una manera diferente de la aquella en la que la habrían usado estos mismos dueños. Al hacerlo, el gobierno intervencionista hace a alguna persona o grupo A (por ejemplo, él mismo) copropietario no invitado a la propiedad de otro agente B. La esencia del intervencionismo es exactamente esta: la institucionalización de la copropiedad no invitada.
El gobierno hace de sí mismo un copropietario no invitado y no deseado siempre que grava, regular y prohíbe. Las formas específicas de un gravamen, regulación y prohibición son multitud. El hecho importante es que cualquier forma de intervencionismo público, por su misma naturaleza, conlleva una separación obligada de propiedad y control efectivo.
Los impuestos significan que el gobierno se proclama a sí mismo el dueño de (cierta parte de) recursos pertenecientes a sus ciudadanos y que les obliga a acabar entregando estos recursos, que estos últimos no habrían entregado voluntariamente (en caso contrario, no se hablaría de impuestos, sino de donaciones al gobierno). Hoy en día los impuestos no se refieren a cosas físicas concretas, sino a su equivalente monetario. De esto se deduce que, hasta que se paga el impuesto, el gobierno se impone como copropietario de prácticamente todos los activos físicos de los contribuyentes. Sin embargo, hasta que el impuesto se paga, los recursos en cuestión están normalmente controlados por el ciudadano.
Regulación significa que el gobierno prescribe cierto uso de los recursos. Este uso normalmente no es el que los ciudadanos habrían elegido (en caso contrario, la regulación no tendría sentido). De nuevo el gobierno se proclama a sí mismo como copropietario de estos recursos. Consideremos el caso de los controles de precios. Si el gobierno fija un salario mínimo, en la práctica se proclama como copropietario los trabajadores, porque no les permite trabajar bajo las condiciones que a estos les parezcan. Y también se proclama como copropietario de los capitalistas o, más exactamente, del dinero que estos últimos planean gastar en mano de obra. Sin embargo, el gobierno no controla permanentemente las acciones de los trabajadores ni interfiere con otros usos del dinero de los capitalistas.
Prohibición significa que el gobierno ilegaliza totalmente cierto uso de ciertos recursos. De nuevo, se proclama así a sí mismo como el copropietario de todos los recursos que podrían dedicarse al uso prohibido. Por ejemplo, si prohíbe la producción y venta de bebidas alcohólicas en la práctica se impone como propietario de todos los recursos que podrían usarse para la producción y venta de dichas medidas. Sin embargo, no interfiere cuando esos recursos se usan de otra manera.
El intervencionismo no anula la propiedad privada. Los ciudadanos siguen teniendo la posesión y el control de su propiedad, aunque tengan que compartir ambas cosas con el gobierno de sus agentes. Es verdad que está copropiedad obligada normalmente es un asunto de grado. El creciente intervencionismo aumenta la porción del control público de los recursos, aunque sin ilegalizar el control simultáneo de otras personas sobre estos mismos recursos. Pero la naturaleza obligada de la copropiedad en sí misma no es un asunto de grado. Es una característica categórica y esencial de cualquier intervención, por muy pequeña que sea.
El intervencionismo público siempre y en todo lugar conlleva una separación obligada de propiedad y control. Siempre y en todo lugar crea “sociedades” no deseadas entre los ciudadanos y su gobierno. Y de esto se deduce que, por su propia naturaleza, crea un riesgo moral tanto para los ciudadanos como para el gobierno. Más en concreto, crea una situación en la que cada una de las partes implicadas (los ciudadanos por un lado y el gobierno por el otro) desea expropiar los recursos sometidos a intervencionismo a costa de las otras. Consideremos primero la reacción de los ciudadanos a los impuestos, las regulaciones y las predicciones.
A partir del mismo hecho de que la intervención conlleva copropiedad obligada, se deduce que los ciudadanos tienen un incentivo para eludir la intervención. Pueden, hasta cierto punto, eludirla porque tienen algún control sobre su propiedad. Por ejemplo, para evitar los impuestos, pueden elegir invertir capital en un país con impuestos bajos en lugar de en un país con impuestos altos; pueden decidir emigrar a países con impuestos bajos en lugar de quedarse en países con impuestos altos; pueden elegir una profesión que esté menos grabada que otras profesiones o pueden elegir hacer declaraciones fraudulentas de renta y capital. Para eludir regulaciones, pueden elegir no comprar o vender productos sometidos a controles de precios o pueden elegir comprarlos y venderlos en el mercado negro. Para eludir prohibiciones pueden comprar y vender objetos prohibidos en el mercado negro. Sin embargo, operar en el mercado negro es arriesgado y por tanto muy costoso y la evasión a otros países es también costosa. De esto se deduce que hay un incentivo para que los ciudadanos usen una parte mayor de su propiedad para consumo personal en lugar de para invertirla. De ahí que la tendencia general del intervencionismo sobre los ciudadanos es conllevar un consumo excesivo y hacer la producción más costosa, debido a la necesidad de eludir la intervención.
Pero el riesgo moral también entra en juego en el lado del propio gobierno. Los gobiernos confían en el uso de recursos que provienen de los impuestos y la regulación. Tenderán por tanto a gravar más y regular más para neutralizar las maneras en las que los ciudadanos eluden sus intervenciones anteriores. Tratará de “cerrar los agujeros”. Aquí tenemos un mecanismo básico de la dinámica del intervencionismo público. Los gobiernos intervencionistas tienen un incentivo para extender los impuestos a todas las ramas de la vida económica, a regular sectores que hayan escapado hasta ahora a la regulación y a buscar la sumisión de los países que sirven como refugios fiscales. El resultado final es reforzar las tendencias que hemos indicado antes: consumo excesivo y producción insuficiente; en resumen, un empobrecimiento general de la sociedad.
No es la copropiedad de por sí la que causa estos excesos. Los causan la copropiedad no invitada e indeseada que nace del intervencionismo.
Advirtamos que nuestro análisis anterior no depende en modo alguno de la existencia de información asimétrica. Podríamos suponer de todas maneras que los ciudadanos son perfectamente conscientes de las actividades públicas y que el gobierno también está perfectamente bien informado acerca de las actividades de todos los ciudadanos. Esto no alteraría el panorama. El intervencionismo público conlleva riesgo moral tanto por parte del gobierno como por parte de los ciudadanos. Este riesgo moral no puede neutralizase eligiendo dispositivos contractuales apropiados, porque no tienen ninguna base contractual en absoluto: viene impuesto. No puede dejarse un lado eligiendo eludir completamente la situación propensa al riesgo moral, porque la propia situación es obligada. El significado mismo del intervencionismo es, como hemos dicho, imponerse a las decisiones de los dueños de propiedad.
E igualmente, el funcionamiento del riesgo moral no puede eliminarse ni disminuir mediante expectativas correctas, como en el caso al riesgo moral en el libre mercado. Este caso es exactamente lo contrario. Será precisamente cuando los ciudadanos predigan correctamente lo alto que será el próximo impuesto y cuándo les afectará, cuando el riesgo moral empiece a afectarles y les incite a eludir el impuesto.
Vamos ahora con la explicación de un caso importante en el que el intervencionismo público produce riesgo moral a gran escala: el intervencionismo monetario.
La intervención esencial, a partir de la cual se llevan a cabo todas las demás intervenciones en este campo, es la imposición de una moneda de curso legal. Esta última es un medio de pago que los participantes en el mercado están obligados a aceptar, incluso si realizaron contratos que estipulaba un pago en términos de otros medios de intercambio. Esta intervención crea un riesgo moral para los participantes del mercado para atesorar o exportar los medios de intercambio que a sus ojos sean mejores que la moneda de curso legal, pero que están legalmente obligados a usar a la par con dicha moneda. El resultado paradójico es que solo la moneda de curso legal (el medio de intercambio que todo el mundo trata de evitar) permanece en circulación. Los economistas llaman este fenómeno la “Ley de Gresham”.
Todos los sistemas monetarios contemporáneo se basan en esos privilegios de curso legal. El papel moneda, así como el dinero electrónico (“liquidez del banco central”) no compiten con otros productos monetarios en el mercado libre, sino que se imponen por privilegio especial. Por eso se le llama papel moneda fiduciario. Esta institución es muy interesante desde el punto de vista de la teoría del riesgo moral. De hecho, conlleva riesgo moral a la máxima a escalar imaginable, repito, tanto por el lado de su productor como por el lado de sus usuarios.
El papel moneda fiduciario crea riesgo moral para el productor porque tiene la posibilidad de crear ex nihilo prácticamente cualquier cantidad de dinero y, por tanto, de comprar prácticamente cualquier cantidad de bienes y servicios a la venta. El único límite para su capacidad es la hiperinflación, que se genera ineludiblemente en el caso de una gran inflación de la oferta monetaria.
Pero el papel moneda fiduciario también crea un riesgo moral en el lado de los usuarios del dinero (los ciudadanos, los bancos y los gobiernos) porque antes o después se dan cuenta de que los amos de la imprenta tienen el poder de rescatar prácticamente a cualquier empresa o gobierno en quiebra. Así que se dedican a una planificación financiera más o menos pródiga, esperando que las autoridades monetarias no permitirán que una gran cantidad de planificadores pródigos vayan a la quiebra. Esta especulación se confirma por las deudas públicas y privadas a 30 años, que están en niveles máximos en todo el mundo.
Los teóricos monetarios fueron conscientes de este peligro desde principio, aunque no usaran la expresión “riesgo moral” en este contexto.
Aquí deberíamos mencionar primer lugar a todos los defensores de la moneda fuerte, es decir, de la moneda competitiva, como Ludwig von Mises, F.A. Hayek, Murray Rothbard y muchos otros economistas de la Escuela Austriaca.
La idea de que las normas podrían impedir un riesgo moral a gran escala en un sistema de papel moneda fiduciario desafía la lógica humana. Después de todo, el único uso posible de una imprenta es producir más dinero del que se habría producido en un mercado libre.
Las burbujas financieras son el resultado inevitable de ese estado de cosas. Si más o menos todos los grandes participantes en el mercado financiero están sometidos a riesgo moral, entonces en su momento oportuno incluso los intermediarios más pequeños se dan cuenta de que los peces gordos juegan la carta del riesgo moral y por tanto también se aventuran a seguir el mismo camino. Esto significa que los participantes del mercado antes o después empiezan a basar sus planes sobre la disponibilidad de una cantidad mucho mayor de bienes y servicios de la que está realmente disponible la economía. En resumen, el papel moneda, en virtud de su mera existencia, produce errores masivos a gran escala hasta que de la burbuja estalla en una crisis.
Repito, como en los demás casos de riesgo moral inducido por intervencionismo, estos efectos no pueden neutralizase, eludirse o disminuirse mediante previsiones. Esto significa que no pueden gestionarse a través de la gestión de expectativas. Los economistas ortodoxos han trabajado en los últimos 30 años para colocar las expectativas en el panorama de la política monetaria. Probablemente se necesiten los próximos 30 años para tener en cuenta el riesgo moral institucionalizado. El problema es que nuestro sistema monetario no sobrevivirá tanto tiempo, si podemos extrapolar la velocidad de los acontecimientos de los últimos 30 años.
