No importa cuánto crezca la economía americana durante la próxima década, el gobierno tendrá serios problemas para financiar la expansión de los derechos, el aumento del gasto en educación y las guerras en curso en el Medio Oriente, mientras mantiene una policía militar global y presencia en todas partes. Algo tiene que ceder. No importa cómo se hagan los cálculos, se avecina una crisis y los americanos verán caer su nivel de vida y colapsar su imperio global.
Ha sucedido antes. Considere ese evento seminal y catastrófico que inauguró la era de la política de masas, el centralismo burocrático y el estado ideológico: la Revolución francesa. Es un evento grande y complejo digno de un Gibbon, pero puede que no hubiera sucedido en absoluto si la monarquía francesa hubiera equilibrado su presupuesto.
Si bien las causas de la Revolución son muchas, la causa de la crisis que provocó la Revolución no lo es. Fue una crisis fiscal y crediticia que debilitó tanto la autoridad y la confianza de la monarquía que pensó que tenía que convocar una asamblea política difunta antes de llevar a cabo con seguridad un programa exitoso de reforma constitucional liberal y de libre mercado. Sería como si el gobierno federal americano convocara una convención constitucional con una agenda abierta y esperara que todo salga bien. Los Estados Generales duraron poco más de un mes antes de que los líderes del Tercer Estado (burguesía, artesanos y campesinos) lo transformaran en Asamblea Nacional y tomaran el poder político de la monarquía. La revolución estaba en marcha.
Los historiadores revisionistas han desafiado la interpretación estándar de la teoría prerrevolucionaria. Francia como un país con una economía estancada, un campesinado oprimido, una burguesía encadenada y una estructura política arcaica. En Citizens (1989), Simon Schama describe a Francia bajo Luis XVI como una nación que se moderniza rápidamente con nobles empresarios, una monarquía reformista, una industrialización naciente, un comercio creciente, progreso científico e intendentes enérgicos (administradores reales en las provincias).
Además, Montesquieu estaba de moda; la constitución mixta inglesa era el centro de la reforma política, y la filosofía económica de la fisiocracia, con su creencia en la ley económica y la defensa del laissez faire, había desacreditado los dogmas del mercantilismo estatal.
En 1774, Luis XVI nombró a Jacques Turgot, fisiócrata, Contralor General de Finanzas. Turgot creía que los subsidios, las regulaciones y las tarifas paralizaban la productividad y la empresa en Francia. Acaba con ellos, le aconsejó al rey, y los negocios prosperarían y los ingresos estatales aumentarían. Propuso un ambicioso programa de reforma que incluía eliminar las barreras aduaneras internas, levantar los controles de precios de los cereales, abolir los gremios y el corvee (servicio de trabajo forzoso) y devolver el poder político a las asambleas provinciales recién creadas (dos de las cuales estableció). Turgot imaginó un federado Francia, con una cadena de órganos electos que se extiende desde el pueblo a través de las provincias hasta alguna forma de asamblea nacional.
No es sorprendente que hubiera una oposición tanto aristocrática como popular a estas reformas, pero lo que realmente las condenó fue la oposición inveterada de Turgot a la intervención francesa en la Guerra de Independencia Americana. Muchos todavía estaban enfurecidos por la derrota humillante y catastrófica sufrida por Francia en la Guerra de los Siete Años (1756-1763). El país había perdido sus posesiones norteamericanas (Quebec, Luisiana) y toda la India francesa, excepto dos estaciones comerciales. El ministro de Relaciones Exteriores (Vergennes) calculó que al ayudar a los americanos a obtener su independencia podrían debilitar el Imperio Británico, vengarse y restaurar la posición anterior de Francia como una de las dos superpotencias del mundo.
Turgot argumentó perspicazmente que otra guerra con Inglaterra descarrilaría su programa de reformas, arruinaría al Estado y, aunque tuviera éxito, haría poco por debilitar el poder británico. «El primer disparo llevará al Estado a la bancarrota», advirtió al rey. Fue en vano. La política del poder internacional y las consideraciones de prestigio nacional prevalecieron sobre la reforma interna, y el rey lo destituyó en mayo de 1776. Se demostraría que tenía razón en los tres puntos.
Los franceses comenzaron a suministrar de manera encubierta material de guerra a los colonos rebeldes en 1777, y en 1778 firmaron un tratado de alianza con los americanos. A lo largo de la guerra, proporcionaron préstamos de dinero fuerte y suscribieron otros para la compra de suministros de guerra en Europa. En 1780, desembarcaron un ejército de 5.000 hombres en Rhode Island. En 1781, la marina francesa bloqueó al ejército de Lord Cornwallis en Yorktown.
El sucesor de Turgot, Jacques Necker, un banquero suizo, financió estos gastos casi en su totalidad a través de préstamos. Aunque tuvo éxito, la intervención de Francia costó 1.300 millones de libras y casi duplicó su deuda nacional. Schama escribe: Ningún Estado con pretensiones imperiales, de hecho, nunca ha subordinado lo que se considera que son intereses militares irreductibles a las consideraciones de un presupuesto equilibrado. Y como apologistas de la fuerza militar en el siglo XX America, los «imperialistas» en la Francia del siglo XVIII señalaron las vastas reservas demográficas y económicas del país y una economía floreciente para sostener la carga. Aún más, afirmaron que la prosperidad estaba supeditada a tales gastos militares, tanto directamente en bases navales como Brest y Toulon, como indirectamente en la protección que dio al sector de la economía en expansión más rápida. Plus ca change, plus c’est la meme chose.
Necker no era un derrochador financiero ni un ultrarrealista. Simplemente estaba financiando una guerra que el gobierno consideraba de interés nacional. Durante el conflicto, mantuvo bajos los gastos reales en el país, eliminó muchas sinecuras, publicó un presupuesto nacional en 1781 y propuso la formación de una tercera asamblea provincial. Sin embargo, cuando su solicitud para unirse al consejo real (como protestante) fue rechazada, renunció. Su sucesor inmediato, Joly de Fleury, restauró muchas de las oficinas que había eliminado.
Tras el retorno de la paz con la firma del Tratado de París (1783), la monarquía tuvo otra oportunidad de instituir reformas económicas, financieras y políticas, pero la desperdició. Al igual que con la primera administración Bush después de la Guerra Fría, no habría dividendos de paz. El gobierno estaba decidido a explotar el vacío creado por la derrota británica para restaurar el poder imperial francés. Su estrategia global era mantener un ejército permanente de 150.000 hombres para defender las fronteras y preservar el equilibrio de poder en el continente mientras construían una armada transoceánica capaz de desafiar a los británicos en todos los océanos del mundo. Es más, el nuevo Contralor General, Calonne, no hizo ningún esfuerzo por restringir los gastos domésticos o judiciales. El resultado fue una ola de gastos en tiempos de paz, déficits presupuestarios crónicos y la adición de 700 millones libras a la deuda nacional. En 1788, el servicio de la deuda por sí solo absorbería el cincuenta por ciento de los ingresos anuales. Era pistolas y mantequilla, al estilo francés. Hoy lo estamos saboreando, al estilo Texas.
En pocos años, Calonne se enfrentó a una inminente catástrofe fiscal. Se proyectaba que el déficit anual en 1786 sería de 112 millones de libras, y los préstamos de guerra americanos comenzarían a vencer el próximo año. La acción era imperativa. Tal era el poder de las ideas liberales y federalistas en Francia que Calonne convocó al fisiócrata Dupont de Nemours, un antiguo asociado de Turgot, para que lo asesorara. Mientras tanto, con su bendición, el canciller Vergennes firmó un tratado de libre comercio con Gran Bretaña (1786). Con la ayuda de Nemours, Calonne propuso las siguientes medidas para abrir la economía francesa: la desregulación del comercio nacional de cereales, el desmantelamiento de las barreras aduaneras internas y la conmutación del corvee por un impuesto a las obras públicas. Para obtener un ingreso regular y equitativo, sugirió una subvención territorial (es decir, un impuesto directo que grava a todos los propietarios, sin excepción, a ser evaluado y recaudado por las asambleas provinciales representativas).
Calonne recordó el error que había cometido Turgot diez años antes. Había confiado exclusivamente en la autoridad real para poner en práctica su programa y, al hacerlo, había antagonizado a la nobleza a la que no le gustaba que se le presentara un hecho consumado. Para evitar un destino similar, Calonne sugirió la convocatoria de una Asamblea de Notables para principios de 1787 para considerar, modificar y sancionar las reformas antes de que fueran enviadas al Parlamento de París para su registro (convirtiéndolas en ley). El rey aprobó todo el programa de Calonne en diciembre de 1786. Esta era la última oportunidad para que la monarquía instituyera un programa de reforma económica liberal y constitucional descentralista que liberaría la economía, resolvería la crisis fiscal, transmutaría el absolutismo en constitucionalismo y evitaría un cataclismo.
Por desgracia, a pesar de lo excelentes y necesarias que fueron las reformas de Calonne, no era el hombre adecuado para llevarlas a cabo. Era profundamente impopular por su generoso gasto judicial y por usar su oficina para cultivar varios esquemas de acciones corruptos. La nobleza no confiaba en él y la gente lo despreciaba. Reconociendo que era un lastre, el rey lo destituyó y nombró a Lomenie de Brienne en su lugar. Brienne era un alto noble y reformador. La Asamblea apoyó todas las reformas, excepto los impuestos. Antes de que dieran su sanción a los nuevos impuestos, querían que el rey publicara un presupuesto anual y aceptara una comisión permanente de auditores.
Su preocupación era obvia. ¿Por qué deberían estar de acuerdo con los cambios que aumentarían los ingresos reales si no tuvieran forma de monitorear los gastos reales para ver si esos fondos se estaban gastando con prudencia? Ahora el rey se resistió. Consideró las propuestas una violación de sus prerrogativas sobre las finanzas y el presupuesto. Los vetó. Fue un error grave, pero típico de la mente vacilante del rey y las cadenas intelectuales de una tradición política absolutista.
El Parlamento de París registró debidamente los decretos que liberaban el comercio de cereales, conmutando el corvee, y la constitución de las asambleas provinciales, pero no registrarían el impuesto de timbre ni el impuesto territorial. Afirmaron que solo los Estados Generales, la asamblea representativa medieval de los tres estados del reino (clero, nobleza y comunas) que se habían reunido por última vez en 1614, podían aprobar los impuestos. Los nobles jugaban a que Luis nunca se atrevería a convocar una asamblea de los Estados. Fue una astuta estratagema para derrotar las propuestas fiscales sin incurrir en el odio popular por hacerlo. La nobleza y el clero no renunciarían a sus exenciones fiscales ni otorgarían a la monarquía una nueva fuente de ingresos potencialmente inagotable sin una participación en el poder político. Una consecuencia imprevista fue la creación de una expectativa popular por la reconquista de los Estados. Esta vez la nobleza se equivocó.
Si la monarquía no hubiera estado tan presionada por fondos para evitar la bancarrota, podrían haber declarado los edictos registrados como una victoria para la reforma y esperar otro día para lidiar con los impuestos. Al no tener ese lujo, Brienne y el rey entraron en pánico. Decidieron recurrir a las armas del absolutismo real para forzar las reformas fiscales. Publicaron lits de justice que declaran los nuevos impuestos a ser ley por voluntad real. En segundo lugar, exiliaron al recalcitrante Parlamento a Troyes. El clamor público y la resistencia institucional a estas medidas tiránicas fue tal que la monarquía tuvo que dar marcha atrás. El rey llamó al Parlamento y retiró los lits de justice.
Brienne solicitó ahora que el Parlamento registrara nuevos préstamos reales para evitar la quiebra. Así lo hizo, pero volvió a pedir la convocación de los Estados Generales. También intentó establecer su nueva posición como parlamento de facto. Declaró que los decretos reales no eran ley a menos que fueran debidamente registrados por los parlamentos y negaba la constitucionalidad tanto de los lits de justice como de las lettres de cachet (órdenes de arresto reales). El rey y Brienne creían que el futuro del absolutismo real estaba en juego, por lo que respondieron con fuerza. Rodearon el Parlamento con tropas. El rey lo despojó de sus poderes de protesta y registro, e invirtió esos poderes en un nuevo Tribunal Plenario para ser designado por él.
El golpe de mayo volvió tanto a la nobleza como al clero contra la Corona, provocó protestas y disturbios civiles y creó una crisis política a la altura de la crisis fiscal. Una vez más, había fracasado un tonto intento de preservar intactas las senescentes instituciones del absolutismo. En agosto de 1788, la monarquía estaba en quiebra y sin crédito. No podía pedir prestados nuevos fondos ni en París ni Amsterdam. Brienne no tuvo más remedio que dimitir. El rey recordó a Necker, que era el único hombre que tenía la confianza de los inversores, era de confianza para la nobleza y era popular entre las masas. El rey también convocó a los Estados Generales a reunirse en mayo de 1789.
La gente se reuniría por orden en asambleas locales y elegiría delegados. El electorado estaría compuesto por más de seis millones de franceses. Schama lo llama «el experimento de representación política más numeroso que se haya intentado en cualquier parte del mundo.» Por tradición, las asambleas podían elaborar una lista de quejas y solicitudes que sus representantes llevarían consigo a Versalles. Llevarían 25.000 de ellos. A los estudiantes se les enseña que la nobleza y el clero estaban decididos a preservar el antiguo orden, el ancien regime, con la mayoría de sus privilegios intactos, y admitir solo un mínimo de cambio, mientras que el Tercer Estado exigía una transformación en Francia en el que las consignas serían libertad, progreso y modernidad.
La verdad es casi precisamente lo contrario. La mayoría de la nobleza imaginaba una Francia racional, liberal y constitucional. Estaban dispuestos a renunciar a sus exenciones fiscales y cuotas señoriales. Pidieron la abolición de las lettres de cachet y todas las formas de censura; querían una declaración de derechos al estilo anglosajón con protección constitucional para las libertades civiles. Recomendaron reformas financieras: un presupuesto nacional publicado, la abolición de la venta de oficinas gubernamentales y el fin de la agricultura fiscal. También instaron a la abolición de los gremios comerciales y la supresión de las barreras aduaneras internas.
Si bien muchas de estas recomendaciones se encuentran en los cahiers del Tercer Estado, están eclipsadas por preocupaciones materiales: quejas comprensibles sobre el alto precio del pan, las leyes del juego, la gabelle (el impuesto a la sal) y las depredaciones de los recaudadores de impuestos. También hay numerosas críticas a reformas recientes, como el tratado de libre comercio con Inglaterra, el levantamiento de los controles de precios de los cereales, los cercados agrícolas y la concesión de derechos civiles a los protestantes.
En resumen, la voz del Tercer Estado fue en gran parte una reacción, y aunque querían menos impuestos, querían más gobierno. Según Schama, «gran parte de la ira que desencadenó la violencia revolucionaria surgió de la hostilidad hacia esa modernización, más que de la impaciencia con la velocidad de su progreso».
El Tercer Estado tenía algunos comerciantes liberales e industriales innovadores, pero tenía muchos más artesanos y campesinos urbanos. Estos últimos creían que estaban siendo perjudicados y que la nobleza y el clero, así como los miembros ricos de su propio estado, eran los culpables. Querían que se volvieran a imponer los controles de precios de los cereales, que se impusieran restricciones a su exportación, que se prohibieran las manufacturas extranjeras y que se castigara a los “especuladores” y “acaparadores”. Encontraron líderes entre abogados intelectuales de su propio patrimonio y algunos miembros visionarios de los demás, que hablaban en un lenguaje cargado de agravio, polaridad y combate. Sabiendo poco y preocupándose menos por la libertad económica o el constitucionalismo federal, hablaron de patriotas versus traidores, ciudadanos versus aristócratas, virtud versus vicio, la nación asaltada por sus enemigos. Ofrecieron a las masas panaceas para su situación, villanos a los que culpar, y promesas de que la posesión del poder político levantaría los diques de los privilegios y desataría las fuentes de la riqueza.
Schama deduce correctamente que fue la politización de las masas lo que «convirtió una crisis política en una revolución en toda regla». Una vez que se le dijo al vasto Tercer Estado que ellos eran la nación y que una «verdadera asamblea nacional, en virtud de su calidad moral superior —su patriotismo común— proporcionaría satisfacción, se les dio una participación directa en un cambio institucional radical.» El panfleto del abad Sieyes ¿Qué es el Tercer Estado? apareció en enero de 1789 y sería para la Revolución francesa lo que Sentido común de Thomas Paine (1776) había sido para la americana. Cuando los Estados Generales se reunieron en mayo, las masas y los principales intelectuales consideraban la existencia continuada de órdenes sociales separados con su propia representación institucional no sólo como un obstáculo para la reforma, sino como antipatriótica, incluso traidora. Cuando los Estados Generales hicieron metástasis en la Asamblea Nacional en junio de 1789, fue el comienzo de una revolución radical.
Durante 1788 y hasta 1789, los dioses parecían estar conspirando para provocar una revolución popular. Una sequía primaveral fue seguida por una devastadora tormenta de granizo en julio. Las cosechas se arruinaron. Siguió uno de los inviernos más fríos de la historia de Francia. Los precios de los cereales se dispararon. Incluso en el mejor de los casos, un artesano o factor puede gastar el 40 por ciento de sus ingresos en pan. Al final del año, el 80 por ciento no era inusual. «Fue la conexión de la ira con el hambre lo que hizo posible la Revolución», observó Schama. También fue la envidia lo que llevó a la Revolución a sus violentos excesos y su destructiva reforma.
Tomemos como ejemplo los disturbios de Reveillon de abril de 1789. Reveillon fue un exitoso fabricante parisino de papeles pintados. No era un noble, sino un hombre hecho a sí mismo que había comenzado como aprendiz de papelero, pero ahora era dueño de una fábrica que empleaba a 400 operarios bien pagados. Exportó sus productos terminados a Inglaterra (no es una hazaña). La clave de su éxito fue la innovación técnica, la maquinaria, la concentración de la mano de obra y la integración de los procesos industriales, pero por todo ello los artesanos de su distrito lo veían como una amenaza para sus puestos de trabajo. Cuando se pronunció a favor de la desregulación de la distribución del pan en una reunión electoral, una multitud enojada marchó hacia su fábrica, la destrozó y saqueó su casa.
A partir de entonces, la mafia de París sería el poder detrás de la Revolución. A la ciencia económica no le iría bien. Según Jean Baptiste Say, «En el momento en que surgió alguna duda en la Asamblea Nacional sobre comercio o finanzas, se escucharon violentas invectivas contra los economistas». Eso es lo que sucede cuando el poder político se entrega a pseudointelectuales, abogados y la turba.
Los exponentes de la Ilustración racionalista habían defendido una monarquía constitucional, un orden económico y legal liberal, el progreso científico y una administración competente. Según Schama, «Fueron herederos del espíritu reformador del reinado de Luis XVI y auténticos predictores de la ‘nueva notabilidad’ que emergería después de que la Revolución había terminado. Su lenguaje era razonable y su temperamento sereno. Lo que tenían en mente era una nación investida, a través de sus representantes, con el poder de eliminar los obstáculos a la modernidad. Tal estado... no haría la guerra en la Francia de la década de los 1780 pero consuma su promesa».
Si tan solo las élites francesas hubieran podido ponerse de acuerdo en un curso de reforma en este sentido, no habría habido Terror, ni Napoleón, ni una revolución estatista centralizadora. Y fue la apremiante crisis financiera, provocada por el gasto deficitario para financiar un imperio global que al final frustró el tipo de liberalización política y económica evolutiva que es el verdadero camino del progreso civilizado.
