El gobierno canadiense está congelando las cuentas bancarias y los bienes personales de quienes hicieron donaciones para apoyar el Convoy de la Libertad, que es una protesta política organizada contra los mandatos de las vacunas. El viceprimer ministro anunció que mantendrán estos llamados poderes de emergencia de forma permanente en adelante y que también tratarán de aplicar medidas adicionales para restringir aún más la capacidad de los manifestantes políticos para recaudar fondos o utilizar de otro modo el sistema bancario.
Esto pone de manifiesto la necesidad de eliminar el control del Estado sobre el dinero, al menos en las sociedades que desean seguir siendo libres. Como se ha expresado en un fascinante hilo de Twitter, los derechos constitucionales pierden todo su sentido si no hay medios prácticos para ejercerlos. El derecho a la libertad de expresión y el derecho a reunirse no sirven de mucho para quienes no tienen la posibilidad de acceder a su dinero. Para organizar una asamblea hay que poder permitirse los gastos asociados a los desplazamientos. Ejercer los derechos de libertad de expresión, al menos si se desea hacerlo de forma efectiva, requiere al menos algunos fondos para garantizar que el mensaje llegue a una gran audiencia.
El primer ministro Justin Trudeau comprende este hecho, y por eso su administración ha decidido congelar las cuentas bancarias de quienes participan directamente en la protesta, así como de quienes simplemente hicieron donaciones para apoyar los esfuerzos de la protesta. Cuando un tirano igualmente ávido de poder intente hacer lo mismo aquí en Estados Unidos, la Constitución será totalmente impotente para detenerlo. Buena suerte para organizar una protesta efectiva contra un gobierno injusto y tiránico sin tener acceso al dinero o al sistema bancario.
Por lo tanto, es necesario que los americanos empiecen a tomar las medidas necesarias para ayudar a garantizar que esa tiranía no pueda llegar aquí. Aunque la solución definitiva requerirá encontrar un camino hacia el dinero de libre mercado, la experiencia canadiense deja claro que esperar simplemente a que eso ocurra es demasiado arriesgado.
Mientras tanto, hay que hacer más para poner fin inmediatamente a la guerra del gobierno al efectivo. Un futuro presidente y el Congreso pueden lograrlo exigiendo al Tesoro de EEUU que comience a imprimir inmediatamente billetes de 500 y 1.000 dólares, para compensar la pérdida de poder adquisitivo que se ha producido desde que el Tesoro suspendió formalmente esos billetes de mayor denominación en 1969. También debería exigirse que se introduzcan nuevos billetes de mayor denominación cuando sea necesario para compensar los efectos de la inflación. En otras palabras, cuando los efectos acumulativos de la inflación produzcan inevitablemente otro descenso del 50% en el valor de la moneda de EEUU, el Tesoro también debería estar obligado a introducir automáticamente un billete de 2.000 dólares en la circulación, por ejemplo. Esto es necesario para garantizar que el derecho fundamental de los americanos a acceder al efectivo no se vea erosionado por los efectos silenciosos, pero increíblemente perniciosos, de la inflación. Y aunque el valor práctico de esta reforma es ciertamente modesto, su principal valor reside en lo que logra en términos de replantear el debate sobre la naturaleza del dinero y del Estado.
En otras palabras, es mucho más fácil para un gobierno aplicar las medidas totalitarias que se están aplicando en Canadá cuando la población ya admite que el Estado tiene derecho a controlar las transacciones bancarias y considera que las transacciones no controladas son sinónimo de actividad ilícita. La mera protección del derecho de acceso al efectivo físico es, por tanto, un repudio inherente a esta visión y, en cambio, señala el reconocimiento de que los americanos tienen derecho al dinero y a la banca, especialmente a aquellas formas de dinero que son difíciles de controlar por el gobierno. Y desplazar con éxito la ventana de Overton de esa manera aumentaría en gran medida la probabilidad de promulgar reformas más sustantivas, como la derogación de la Ley Patriota y otras leyes de vigilancia bancaria.
Así que, mientras esperamos la adopción generalizada de una alternativa al dinero controlado por el gobierno, ya sea en cripto o en cualquier otro lugar, aquellos que creen en la libertad deberían considerar hacer de la reintroducción de los billetes de gran denominación una prioridad política. El nivel de opresión que se muestra actualmente en Canadá deja claro que debemos hacer todo lo posible para evitar que ocurra lo mismo aquí.
