Cuando Elizabeth Warren realiza distorsiones verbales, contables y económicas para afirmar que su cornucopia de planes de expansión del gobierno será pagada casi sin costo alguno a cualquiera que no esté etiquetado con la letra escarlata R (de rico), está siguiendo los pasos del presidente Obama. Durante su campaña, se burló de las propuestas de impuestos y gastos de John McCain por no sumar y alegó superioridad ética porque sus propios planes estaban «totalmente pagados». Por supuesto, luego se lanzó a la mayor expansión no financiada del Estado de la historia.
Desafortunadamente, el hecho de impulsar programas supuestamente «pagados» no justifica el acicalamiento ético. Incluso cuando la afirmación es cierta, lo cual no es ni siquiera remotamente posible en el caso de Warren, ya que la característica central de sus planes es tomar grandes cantidades de unos para dárselas a otros, viola las normas morales universalmente aceptadas (p. ej., «no robarás»), incluso si identifica quién será victimizado y el alcance planeado de la victimización.
Es cierto que en un sentido, las expansiones de gastos que establecen cómo se financiarán son más honestas que las que no lo hacen. En lugar de dejar ambigua la cuestión de quién soportará el daño (como en el caso del gasto deficitario), revelan quién se verá obligado a pagar y cuánto. Sin embargo, esto no hace que la imposición de un daño financiero — llamado robo si se hace en privado — sea ética.
Los planes «pagados» pueden ser políticamente valientes, porque corren el riesgo de sufrir desventajas que se pueden evitar con una financiación indefinida. Notificar a los «donantes por mandato» puede crear más oposición que dejar al portador de la carga en la incertidumbre. Pero los planes de Warren se duplican con respecto al enfoque de Obama de minimizar ese riesgo yendo tras aquellos que pueden ser satanizados — corporaciones — o explotados a través de la envidia de otros — «los ricos».
Los planes «pagados», incluso si esa descripción es exacta, para dispensar beneficios a los electores políticos de los bolsillos de otros, sólo son éticamente superiores en la medida en que el anuncio de las víctimas previstas por adelantado hace que el robo sea menos poco ético. Pero los ladrones un poco más próximos siguen siendo ladrones. Nombrar quién será saqueado no justifica el saqueo. El énfasis ético en los planes «pagados», que resulta que no lo son, simplemente contrasta el terreno ético elevado que se alega con el terreno ético bajo que realmente se persigue.
Los planes de Warren, al igual que los planes de Obama antes que ella, sólo se «pagan» mediante suposiciones heroicamente exageradas. No puede saber realmente lo que sucederá con los planes aún por implementar, porque no puede anticipar todas las respuestas a los muchos incentivos que cambiarán. Las esperadas premisas de su administración, poco analizadas, son frecuentemente absurdas. Y exagerar los planes como soluciones, cuando no se pueden conocer realmente sus efectos, también es éticamente cuestionable. Esa enfermedad se ve amplificada por el hecho de que, para cuando sus propuestas se apliquen plenamente, podría ser prácticamente imposible deshacer el daño causado por una centralización equivocada.
Dejando de lado las posturas políticas, la cuestión principal no es si la expansión propuesta de los beneficios del Estado para algunos es «pagada». Esa pregunta, que queda clara en el Preámbulo de la Constitución, es: ¿avanzará el bienestar general de los estadounidenses? Cuando la redistribución del ingreso es el resultado primario, no se puede cumplir con esa prueba. Algunos ciudadanos tienen la intención de beneficiarse mediante la imposición de daños a otros, comprando efectivamente sus votos.
Si Elizabeth Warren realmente creyera que estar «pagada» es la piedra de toque de una política exitosa, no estaría proponiendo inflar sin precedentes el alcance del gobierno federal en casi todos los lugares a los que se dirija. Además, no propondría que se pasen por alto tantos acuerdos voluntarios de mercado por la simple razón de que en el mercado, en ausencia de fraude (cuya prevención es un trabajo legítimo en el que el gobierno falla rutinariamente, como demuestra ampliamente la experiencia reciente), los beneficios son en realidad «pagados». Nadie puede forzar el daño a otros cuando los intercambios deben ser voluntarios. Todos los partidos ganan, lo cual no puede decirse de los planes que intencionalmente toman de sus «blancos» para dar a los políticamente favorecidos. Y, éticamente, el robo pagado sin el robo es mejor que la depredación política pagada. Una y otra vez, las propuestas de Warren no revelan una ética superior, sino violaciones éticas de mayor escala. Tales depredaciones «pagadas» me recuerdan el chiste de Will Rogers, «Puedo recordar cuando un liberal progresista era generoso con su propio dinero».
