La Corte Suprema de EE. UU., falló hoy 7-2 a favor de un propietario de una pequeña empresa de Denver que había sido amenazado, sancionado y finalmente echado del negocio por la Comisión de Derechos Civiles de Colorado. La controversia surgió cuando el dueño de la pastelería, Jack Phillips de Masterpiece Cakeshop, se negó a hornear un pastel para una boda gay, alegando estar motivado por creencias religiosas.
La pastelería fue llevada ante la Comisión de Derechos Civiles de Colorado donde la comisión dictaminó que debe “cambiar las políticas de su compañía, proporcionar ‘capacitación integral para el personal’ respecto a la discriminación en el alojamiento público y proporcionar informes trimestrales para los próximos dos años con respecto a los pasos que ha tomado para cumplir y si ha rechazado a posibles clientes”.
Los jueces Kennedy, Roberts, Alito, Breyer, Kagan, Gorsuch y Thomas votaron a favor de anular la decisión del tribunal de apelaciones anterior de mantener el fallo de la Comisión contra Phillips. Solo Ginsburg y Sotomayor disintieron.
En la decisión, redactada por Justice Kennedy, gran parte del razonamiento se centró en el hecho de que la Comisión de Derechos Civiles de Colorado había demostrado un prejuicio aparentemente obvio contra las personas religiosas, aunque en estos casos se requiere legalmente la “neutralidad”. El gobernante dice:
Como muestra el registro, Como lo muestra el registro, algunos de los comisionados en la Comisión formal, las audiencias públicas que respaldaron la opinión de que las creencias religiosas no pueden ser legítimamente llevadas a la esfera pública o comercial, menospreciaron la fe de Phillips como viles y la caracterizaron como meramente retórica, y compararon la invocación de sus sinceras creencias religiosas con la defensa de la esclavitud y el Holocausto.
El fallo SCOTUS también señaló que tanto la Comisión como el tribunal de apelaciones en gran medida ignoraron y pasaron por alto el hecho de que la Comisión había fallado en tres ocasiones anteriores a favor de los panaderos que se habían negado a hornear pasteles con frases anti-gays. Había un enorme doble estándar en el trabajo.
Como señala Kagan en su opinión concurrente, la Comisión de Derechos Civiles estaba abandonando la neutralidad a favor de tomar decisiones “basadas en la evaluación del propio gobierno de carácter ofensivo”.
En otras palabras, la Comisión estaba decidiendo, basándose en los prejuicios personales y sesgos de los miembros, quién se vería obligado a hornear pasteles y quién no.
Como a veces es el caso con estas decisiones, la decisión de SCOTUS es muy específica y ciertamente no equivale a un edicto general de “no tienes que hornear ese pastel”. Sin embargo, la decisión refuerza ciertos límites en las organizaciones de “derechos civiles” que pretenden estar luchando contra los prejuicios y el fanatismo.
En realidad, como ha dejado en claro el comportamiento de la Comisión de Derechos Civiles de Colorado, los gobiernos simplemente están sustituyendo su propia intolerancia en lugar de la presunta intolerancia practicada por propietarios de pequeñas empresas como Philips. Como señala la sentencia, los miembros de la Comisión mostraron hostilidad hacia las creencias religiosas de Phillips, y este fue un factor motivador en los esfuerzos de la Comisión para destruirlo.
La intolerancia impuesta por el gobierno es peor que la intolerancia del sector privado, por supuesto, porque hay numerosas firmas del sector privado que uno puede voluntariamente boicotear o utilizarlas para hornear pasteles. Si una panadería es grosera o intolerante con ciertos clientes, los clientes pueden optar por ir a otra. Cuando se trata de comisiones gubernamentales, por otro lado, no hay escapatoria. Uno no puede simplemente decir: “No me gustas e iré al gobierno de al lado”. No, simplemente estás atrapado con los intolerantes ante la comisión del gobierno, y si no les gusta tu religión, no tienes otra opción, excepto, por supuesto, desarraigar toda tu vida y mudarte a otro estado. Esta situación es aún peor cuando la política se federaliza, y uno ni siquiera puede aprovechar las ventajas de diferentes entornos legales en diferentes estados.
Ignorando la solución real: derechos de propiedad
Desafortunadamente, el fallo de la Corte Suprema no aborda el problema central con las leyes “anti-discriminación” y otros requisitos de “alojamiento público”.
En esencia, tales leyes y reglamentos se basan fundamentalmente en la eliminación de los derechos de propiedad privada de los propietarios de negocios que deberían poder disponer libremente de sus propiedades según lo consideren oportuno.
Como tal, el problema en el caso de Masterpiece Cakeshop podría abordarse fácilmente simplemente respetando los derechos de propiedad de los propietarios de negocios en todas partes. Desafortunadamente, la elección de los jueces y legisladores en las últimas décadas ha sido recurrir a “derechos” muy estrechamente definidos, como la libertad religiosa y el derecho a la libertad de expresión. Gran parte del debate legal se ha centrado en si hornear un pastel o no, cuenta como el ejercicio de la religión, o es la libertad de expresión, o incluso es una forma de expresión artística.
Pero, como ha demostrado Murray Rothbard, los derechos a la expresión religiosa y al discurso son simplemente tipos de derechos de propiedad. En consecuencia, la libertad religiosa y la libertad de expresión pueden protegerse con un respeto más general que los derechos de propiedad.
En otras palabras, si el propietario de una pastelería puede contratar libremente con quien elija, sus derechos a la expresión religiosa y artística estarán automáticamente protegidos también.
Sin embargo, como ocurre, los jueces y los legisladores han buscado reiteradamente formas de destruir los derechos de propiedad para tomar el control de la propiedad privada de los dueños de negocios en nombre de la antidiscriminación.
Frente a la resistencia política a una microgestión al por mayor de las decisiones empresariales privadas -resistencia basada principalmente en la obstinada reverencia por los derechos mencionados en la Primera Enmienda-, los legisladores se han visto obligados a establecer excepciones a esta toma de control de negocios privados.
Esto ha llevado a una serie de absurdas acrobacias legales y legislativas en las que los propietarios deben demostrar que sus decisiones comerciales están motivadas por elecciones artísticas o convicciones religiosas, pero no por algún otro factor motivador. Por lo tanto, se requiere que las comisiones gubernamentales y los tribunales lean las mentes de los dueños de negocios y determinen si sus sentimientos internos y puntos de vista religiosos están o no bajo alguna motivación aprobada por el gobierno para rechazar algún tipo de servicio comercial.
Probar o refutar motivaciones internas, por supuesto, siempre ha sido una forma extremadamente superficial de hacer las cosas. Después de todo, la Comisión de Derechos Civiles de Colorado concluyó que Phillips estaba utilizando sus puntos de vista religiosos para justificar la discriminación ilegal. Esto, por supuesto, requiere que los miembros de la comisión de alguna manera tengan cierto conocimiento sobre los pensamientos en la cabeza de Phillips.
Este tipo de razonamiento también tiene el hábito de trabajar en contra de los propietarios de negocios que tienen puntos de vista sostenidos solo por una pequeña minoría o que de otro modo podrían considerarse especialmente idiosincrásicos. Se podría argumentar que uno se opone religiosamente a proporcionar algún tipo de servicio. Pero a menos que esos puntos de vista sean reconocidos por jueces y burócratas como parte de un movimiento religioso conocido, es probable que el propietario del negocio sea acusado simplemente de inventar una religión ad hoc para “enmascarar” la discriminación ilegal.
En última instancia, esto invita a la clase de corrupción e intolerancia que vemos en la Comisión de Derechos Civiles de Colorado: los comisionados pudieron decidir en base a caprichos personales cuáles de sus opiniones religiosas son legítimas y cuáles no.
En segundo lugar este tipo de poder para adivinar los puntos de vista religiosos y personales de una persona nunca debe permitirse a una agencia del gobierno. Es probable que esto conduzca a una situación en la que casi cualquier negocio puede ser acusado de “discriminación” y cierre en función de lo que los burócratas imaginen que esté en la mente del dueño del negocio.
Como lo mencioné antes, si los legisladores ven la discriminación como un problema, la verdadera respuesta es aumentar el número de empresas disponibles para los clientes al reducir las barreras de entrada y alentar el espíritu empresarial. Y, como lo mencioné aquí, la historia de los negocios en enclaves étnicos y el espíritu empresarial entre las poblaciones minoritarias ha demostrado durante mucho tiempo que los grupos de clientes desatendidos fomentan la creación de nuevas empresas para abordar esas necesidades insatisfechas. Tratar con la discriminación de esta otra manera, sin embargo, implicaría que el gobierno cedería parte de su poder regulador, y por lo tanto, sería poco probable que esa solución se vuelva popular entre las personas que hacen las leyes.
