Tras el huracán María, la mayoría de Puerto Rico perdió su electricidad. Como las transacciones electrónicas ya no eran posibles bajo estas condiciones, la Reserva Federal se vio obligada a enviar un avión lleno de billetes a la isla para evitar un colapso total de la economía allí.
Pero incluso entonces se nos aseguraba que la pérdida de electricidad era una incidencia pasajera. Todo volvería pronto a la normalidad.
Pero a 29 de diciembre de 2017 (más de tres meses de que pasara el huracán) solo el 55% de los clientes de la empresa eléctrica tienen realmente electricidad de nuevo.
La buena noticia es que el “Cuerpo de Ingenieros del Ejército ha calculado que el suministro se restaurará para la mayoría de la gente en marzo, pero en las zonas más remotas podrían tener que esperar hasta mayo debido a la dificultad de trasladar los suministros”.
Así que, en algunas partes de Estados Unidos, cuando se produce un desastre, hay que esperar solo seis meses para recuperar la electricidad.
Esto se debe en parte, no sorprendentemente, al hecho de que los servicios de electricidad funcionan bajo el peso de un monopolio de concesión pública otorgado a la empresa eléctrica local. No es que un competidor pueda aparecer y empezar a trabajar con los residentes locales para reconstruir la infraestructura. Por supuesto, eso es ilegal. Además, es probable que las empresas eléctricas no monopolistas solo estén dispuestas a hacerlo con precios altos. Pero eso también estaría prohibido, porque se las calificaría como “alteradoras de precios”.
No hace falta decir que bajo estas condiciones el nivel de vida de muchos puertorriqueños se está viniendo abajo y ahora muchos en la isla temen un aumento en la delincuencia:
Treinta y dos personas han sido asesinadas en Puerto Rico en los 11 primeros días del año, el doble del mismo periodo de 2017. Si el aumento resulta ser algo más que una irregularidad pasajera, enero podría ser el mes más homicida en la isla en al menos dos años, añadiendo un nuevo elemento peligroso a su recuperación del huracán María, su peor desastre en décadas.
Aunque el número de homicidios no remontó en las semanas posteriores a la llegada del huracán el 20 de septiembre, la policía y expertos independientes dicen que muchas muertes parecen relacionadas al menos parcialmente con sus efectos posteriores.
La tormenta ha sumido a buena parte de la isla en la oscuridad, aumentado los problemas económicos y contribuido a una protesta policial en forma de huelga encubierta, actividades todas que alimentan la delincuencia. Es más, las autoridades dicen que se ha iniciado una guerra territorial entre bandas de traficantes de droga en busca de apropiarse territorios después de la perturbación de la tormenta.
Durante muchos años, los estadounidenses se han acostumbrado a la idea de que tras cualquier desastre la ayuda llegaría rápido como una marea. La electricidad se restauraría rápidamente y los trabajos de reconstrucción empezarían con fuerza.
Sin embargo, a lo largo de la pasada década, ese discurso se ha convertido en cada vez menos convincente.
Después del huracán Katrina en 2005, por ejemplo, la Federal Emergency Management Agency (FEMA) está considerada ahora como una agencia que empeoró la situación en el área afectada por la tormenta, especialmente en Nueva Orleáns.
Además, la peor parte del desastre no vino directamente de la tormenta. Vino del fallo de los diques construidos por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
Fue un desastre muy empeorado por la incompetencia de los “expertos” del gobierno. De nuevo la fe en el ingenio y la fiabilidad de los burócratas federales se vio recompensada con muerte y destrucción.
Después de años de decadencia, llevó una década a la población de Nueva Orleáns recuperarse en muchas áreas. En otras áreas, la población todavía no se ha recuperado y, como pasa a menudo con los desastres naturales, las poblaciones de rentas más bajas son las que se han visto más afectadas.
Ahora, más de una década después, todavía hay lecciones a aprender de lo absurdo de esperar la ayuda del gobierno tras los desastres.
El destino de Puerto Rico nos proporciona un par de tristes recuerdos.
En primer lugar, la falta de electricidad en Puerto Rico nos recuerda que es importante guardar siempre un dinero físico extra para caso de emergencias. Economistas y políticos que trabajan en brillante rascacielos en ciudades ricas se encuentran a menudo muy cómodos concluyendo que el dinero físico ya no es necesario. ¡Después de todo, mirad la maravillosa tecnología que nos rodea! ¿Tienes que comprar algo? Usa tu iPhone.
Por supuesto, todas las soluciones maravillosas a nuestros problemas solo funcionan cuando hay electricidad en las torres de comunicaciones y para cargar los teléfonos. Esto no debería presupone se, ni siquiera en áreas urbanas, como nos ha demostrado Puerto Rico, y esta suposición empeora aún más al trasladarnos a zonas más rurales. Además, sin dinero físico, la economía informal (que es especialmente esencial en tiempos de desastre) se paraliza ruidosamente.
Y en segundo lugar, los gobiernos continuarán poniendo obstáculos en el camino de las personas del sector privado que estén dispuestas a ayudar.
El pasado octubre, cuando Puerto Rico empezaba los trabajos de recuperación en serio, algunos en Washington empezaron a discutir la abolición de la Ley Jones. La Ley Jones limita enormemente a Puerto Rico (y otros puertos nacionales) ordenando que “todo el transporte marítimo entre puertos nacionales debe tener bandera y estar construido y dotado de personal de Estados Unidos”.
La ley concede un monopolio a la marina mercante estadounidense y cierra el paso a organizaciones de transporte más eficientes.
Naturalmente, el efecto de esta ha sido aumentado enormemente el precio de los envíos a Puerto Rico.
El pasado otoño, algunos políticos (incluida la administración Trump) se vieron obligados a admitir que la ley estaba obstaculizando los trabajos de recuperación. Aun así, sorprendentemente, muchos meses después del desastre, la Ley Jones si cree en vigor.
Por supuesto, en Estados Unidos continental, los trabajos de recuperación se ven ayudados enormemente por organizaciones privadas que envían bienes directamente a las áreas afectadas, normalmente por carretera. Imaginemos sin embargo que si se quisiera enviar agua limpia a Houston solo se pudiera que hacer a través de unas organizaciones de envío aprobadas federalmente y solo después de rellenar montones de formularios.
Aunque es verdad que es imposible subirse a un automóvil y conducir hasta Puerto Rico, la isla tampoco está exactamente en medio del Pacífico. Muchísimas organizaciones estadounidenses son capaces de transportar bienes a Puerto Rico por sí mismas. Pero se lo prohíbe la ley federal.
Y, por supuesto, en lo que se refiere a los extranjeros, no hay libre comercio con Puerto Rico, así que todo debe pasar por la burocracia federal para importarse en este estado. La isla no puede declararse unilateralmente una zona de libre comercio.
Así que aquí estamos, meses después y el gobierno de EEUU continúa atacando al comercio y los envíos a Puerto Rico afirmando al mismo tiempo que está preocupado por la “ayuda” a la recuperación de la nación-isla. Tal vez más puertorriqueños serán capaces de leer acerca de esto una vez la otra mitad de la isla consiga por fin electricidad.
