La bancarrota es un tema del siglo XXI que se está desarrollando en América. Vemos la bancarrota en la política y el gasto del gobierno federal, en muchas decisiones de los consejos de administración de las empresas, en los gastos excesivos y la arrogancia de los grupos religiosos y sin ánimo de lucro, en los particulares, en algunas ciudades y condados de los Estados Unidos y en el territorio de Puerto Rico. La ley federal de quiebras, que consta de los capítulos 7, 9, 11 y 13, permite que se declaren en quiebra los gobiernos locales, los particulares, los grupos sin ánimo de lucro y los negocios con ánimo de lucro, pero no permite que se declaren en quiebra los estados y el gobierno federal.
Unos cuantos estados se enfrentan a la realidad de incumplir los pagos de sus obligaciones de bonos emitidos y los pagos de préstamos a los prestamistas. Estos estados están experimentando una disminución de los ingresos fiscales actuales y futuros, pérdidas netas de población, un menor número de empresas privadas, un aumento del gasto progresivo en beneficencia y unos sistemas de pensiones públicas infrafinanciadas a largo plazo. La ley federal no permite a los estados de EEUU imprimir dinero para financiar el gasto.
Los estados que se declaran en bancarrota no carecen de precedentes. El pánico de 1837 llevó a varios estados a dejar de pagar la deuda de los canales y ferrocarriles en 1841. La aprobación de la Decimocuarta Enmienda a la Constitución de EEUU, en su sección 4, obligó a algunos estados a declararse en bancarrota tras la Guerra Civil.
Arkansas dejó de pagar los bonos de autopistas en 1933, en el cuarto año de la Gran Depresión. Los ingresos fiscales cayeron en picado. Se quedó sin efectivo y suspendió los pagos de todos sus bonos de autopistas. El estado intentó invocar su inmunidad soberana e imponer pérdidas a los tenedores de bonos en contra de su voluntad. El planteamiento fracasó. Esta historia, descrita en un informe de octubre de 2017 del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, puede servir de referencia histórica para futuras quiebras estatales e impagos de bonos. Parece ser el único impago estatal tras el fin de la Reconstrucción en 1877.
Standard and Poor’s (S&P) enumeró sus calificaciones de bonos de los cincuenta estados desde 2004 hasta 2017. El gasto estatal desde 2020 ha hecho que las calificaciones de los bonos de algunos estados sean más tenues. Ningún estado tiene una calificación de bono basura, aunque Illinois es el de menor calificación con BBB-, seguido de Nueva Jersey con A-. Las calificaciones de bonos de S&P van desde AAA, la más alta, hasta D, la más baja. Los analistas de S&P añaden un signo más o menos a la letra de la calificación de los bonos. Una calificación de bono basura es la baja probabilidad de que ese estado cumpla de forma fiable con los pagos futuros de los bonos, y debe vender el bono a un tipo de interés más alto para atraer a un inversor.
Illinois y Nueva Jersey son ejemplos de una futura bancarrota estatal o del impago de una futura obligación de deuda en bonos. Los déficits presupuestarios de California bajo el gobernador Gavin Newsom proliferan como parte de la tendencia de gasto. La prensa financiera se hace eco de los problemas financieros de estos estados. Nueva York, Connecticut, Michigan y otros estados se dirigen hacia futuros impagos y posibles quiebras a menos que se promulgue una reforma presupuestaria y política.
Este artículo no puede predecir cómo se desarrollaría el futuro impago de la deuda de bonos de un estado. Las negociaciones sobre el impago entre los responsables de los ingresos de ese estado y los tenedores de bonos podrían tener lugar sin la supervisión de burócratas federales, dado el silencio sobre la quiebra en la legislación federal. Los tenedores de bonos y los prestamistas asumirán una pérdida e impondrán requisitos sustantivos a ese estado para que recorte el gasto y reforme sus leyes y políticas como parte del acuerdo de impago.
La indisciplina en el gasto estatal se abordará mediante el impago o la quiebra resultantes de las ineludibles realidades económicas. Esta quiebra podría iniciar el proceso de curación para los ciudadanos de ese estado a través de leyes, políticas, presupuestos e ingresos fiscales realistas. Se trata de un territorio desconocido, y no deberíamos sorprendernos por las malas decisiones políticas y presupuestarias del pasado.
Una ironía es que doce estados de EEUU tienen calificaciones de bonos de tres agencias privadas de calificación de bonos superiores a las del gobierno federal en agosto de 2023. Muchos de estos estados tienen leyes de equilibrio presupuestario que prohíben el gasto deficitario, y algunos estados limitan los aumentos anuales del gasto a partir de una serie de requisitos. Permanezcan atentos a la continuación del espectáculo de la bancarrota americana del siglo XXI.
